La formación independentista Junts vuelve a situar el reparto de menores migrantes en el centro de sus negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez. La portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, ha advertido de que su partido no dará «ni un voto» al Ejecutivo si Cataluña no queda excluida del reparto de menores no acompañados llegados a Ceuta.
La advertencia se produce mientras el Gobierno prepara la derivación de menores desde Ceuta hacia distintas comunidades, en un contexto marcado por la presión migratoria y la saturación de los recursos de acogida de Ceuta. El Ejecutivo ha planteado el traslado de cientos de menores a la Península, mientras continúa el debate sobre los criterios de distribución y las condiciones de acogida.
Nogueras ha recuperado como precedente la posición mantenida por Junts durante la crisis migratoria de Canarias. «Como ya conseguimos en el reparto que se hizo hace un año de los menores no acompañados de Canarias, Junts no da ni un voto si no se deja a Cataluña fuera del reparto», señaló la portavoz.
El antecedente, sin embargo, terminó en un acuerdo entre el Gobierno y Junts que permitió sacar adelante la reforma de la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo de distribución de menores migrantes. El pacto contemplaba que Cataluña recibiera entre 20 y 30 menores de los aproximadamente 4.000 procedentes de Canarias, una cifra muy inferior a la prevista para otras comunidades.
La posición de Junts vuelve así a vincular el apoyo parlamentario al Gobierno con la política migratoria. La formación ya había condicionado en 2024 su respaldo a la reforma de la Ley de Extranjería a que Cataluña no asumiera una parte del reparto, aunque finalmente las negociaciones desembocaron en un acuerdo diferente.
La crisis de Ceuta eleva la presión sobre el Gobierno
La situación de los menores en Ceuta se ha convertido en uno de los principales frentes de la crisis migratoria que afecta a la ciudad. El volumen de menores bajo tutela de las autoridades ceutíes ha desbordado la capacidad de los centros de acogida, lo que ha llevado al Gobierno a plantear su derivación a otras comunidades.
Según datos difundidos por Reuters, las autoridades habían registrado 1.342 menores y los centros de Ceuta, diseñados para atender a una cifra muy inferior, se encontraban ampliamente sobrepasados. El Ejecutivo pretende priorizar los casos considerados más vulnerables y estudiar individualmente las circunstancias de cada menor, incluida la posibilidad de reunificación familiar.
La derivación también ha abierto un conflicto político entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas. Las administraciones gobernadas por el PP han cuestionado distintos aspectos del procedimiento y, en los últimos días, han rechazado incluso incluir en el orden del día de la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un punto específico sobre la atención a los menores migrantes de Ceuta.
El debate se produce, además, en paralelo a las propuestas del PP para explorar otras vías, como la reunificación familiar o la colaboración de los servicios sociales marroquíes, antes de proceder a determinadas derivaciones.
Junts vuelve a utilizar el reparto como condición parlamentaria
La cuestión de los menores se suma así a la relación entre el Gobierno y Junts, cuyo apoyo resulta relevante para la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo. La formación independentista sostiene que Cataluña ya ha realizado un esfuerzo de acogida superior al de otras comunidades y reclama que ese esfuerzo sea tenido en cuenta a la hora de establecer nuevas derivaciones.
En 2025, durante la negociación del reparto procedente de Canarias, Junts defendió precisamente que los criterios debían considerar la presión migratoria y la capacidad de acogida acumulada de cada territorio.
Ahora, ante la emergencia de Ceuta, el partido vuelve a colocar esa cuestión como condición para sus próximos apoyos al Gobierno. La respuesta del Ejecutivo será determinante para conocer si la distribución mantiene un criterio común entre las comunidades autónomas o si, como ocurrió en el precedente de Canarias, la negociación política modifica el alcance del reparto en determinados territorios.
La cuestión sigue abierta mientras Ceuta mantiene una presión extraordinaria sobre sus recursos de protección de menores y el Gobierno busca una fórmula para aliviar la situación mediante la distribución territorial.
