La condena impuesta a David Sánchez por la Audiencia Provincial de Badajoz no ha clausurado el recorrido judicial del caso. Antes bien, ha abierto un nuevo frente donde el centro del debate deja de ser exclusivamente la responsabilidad penal para situarse en el terreno de la tutela del patrimonio público. La controversia entra ahora en la jurisdicción contable, llamada a determinar si unos fondos públicos cuya percepción ha quedado judicialmente cuestionada deben ser restituidos a la Administración.
Con ese propósito, La formación política Iustitia Europa, que litiga como acusación popular en los casos contra Begoña Gómez, David Sánchez o la trama Koldo, ha presentado una reclamación ante el Tribunal de Cuentas para solicitar el reintegro de 340.572 euros, cantidad correspondiente a las retribuciones percibidas por el hermano del presidente del Gobierno entre julio de 2017 y mayo de 2025 como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz. La organización extiende igualmente su petición al exasesor de Moncloa Luis Carrero, de quien reclama la devolución de 427.561 euros abonados durante su etapa en la institución provincial.
La iniciativa encuentra sustento en la propia sentencia de la Audiencia Provincial. Aunque el tribunal rechazó ordenar la devolución de las cantidades dentro del procedimiento penal al considerar que la acusación popular carecía de legitimación para instar ese resarcimiento, dejó expresamente abierta la posibilidad de acudir al Tribunal de Cuentas para que examine una eventual responsabilidad contable derivada de la gestión de recursos públicos.
La reclamación plantea una cuestión que trasciende la situación personal de los investigados. Si una plaza pública fue considerada por la resolución judicial «innecesaria» y «vacía de contenido esencial», corresponde ahora determinar si esa valoración puede proyectar efectos sobre el destino de los fondos públicos empleados para financiarla. En otras palabras, el procedimiento ya no gira únicamente sobre la existencia de una conducta penalmente reprochable, sino sobre la eventual obligación de reparar un posible perjuicio económico ocasionado a la Hacienda pública.
La decisión que adopte el Tribunal de Cuentas podría adquirir una relevancia institucional que excede este procedimiento concreto. El órgano fiscalizador deberá delimitar hasta dónde alcanza la responsabilidad patrimonial cuando una contratación pública termina siendo cuestionada por los tribunales, una cuestión que afecta directamente a los principios de legalidad, buena administración y protección de los recursos públicos. En un escenario de elevada polarización política, el caso incorpora así una nueva dimensión jurídica e institucional que previsiblemente continuará marcando el debate público en España.
