Giorgia Meloni y Mette Frederiksen exhiben sintonía en un comunicado conjunto donde defienden el patrimonio cultural europeo y reclaman medidas contundentes tras las últimas crisis migratorias.
En un movimiento conjunto que visibiliza la creciente firmeza de la Unión Europea en materia migratoria, las primeras ministras de Italia y Dinamarca, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, han emitido esta semana un comunicado bilateral en el que solicitan formalmente la creación de centros de repatriación en países terceros. La propuesta busca externalizar la gestión de las expulsiones fuera de las fronteras comunitarias como vía para desincentivar los flujos irregulares hacia el continente.
A pesar de pertenecer a familias políticas opuestas —la líder italiana se sitúa en el espectro conservador y la danesa en la socialdemocracia—, ambas mandatarias han subrayado la urgencia de redefinir la estrategia migratoria europea. En el documento, las jefas de Gobierno defienden la necesidad de adoptar «soluciones innovadoras» para aquellos migrantes que carecen del derecho legal a permanecer en suelo europeo, tomando como referencia modelos como el acuerdo alcanzado entre Roma y Tirana para procesar solicitudes en territorio albanés.
«Somos conscientes de que muchos puedan cuestionar nuestra colaboración [...], pero nos une el deseo de defender Europa y ofrecer respuestas concretas a nuestros ciudadanos», señala la nota conjunta difundida por los Gabinetes de ambas líderes.
Tensión con Madrid y debate sobre los valores europeos
El pronunciamiento de Roma y Copenhague se produce en un contexto de fricción diplomática con el Gobierno español a raíz de la reciente crisis en Ceuta, episodio que derivó en la imposición mutua de controles fronterizos temporales entre Italia y España. Frente al enfoque de Madrid, la alianza entre la capital italiana y la danesa aboga por acentuar el rigor en los controles externos y endurecer las políticas de retorno.
En el texto, Meloni y Frederiksen argumentan que la inmigración descontrolada genera una «creciente presión sobre los servicios públicos» y contribuye al deterioro de la seguridad ciudadana, haciendo especial hincapié en la persecución de delitos graves asociados a la estancia irregular.
Asimismo, el comunicado trasciende la vertiente puramente administrativa y apela a la integración cultural. Ambas mandatarias hacen una defensa explícita del «patrimonio cultural cristiano» del continente y exigen que tanto los residentes legales como los migrantes en situación irregular respeten los marcos normativos y los valores socioculturales de los países de acogida.
Con esta iniciativa, Italia y Dinamarca incrementan la presión sobre las instituciones de la Unión Europea para acelerar la reforma del pacto migratorio y abrir la puerta de manera definitiva a la externalización de las devoluciones.
