Las Fuerzas de Seguridad se mantienen en alerta máxima tras detectarse en redes sociales multitud de convocatorias para organizar entradas masivas desde Marruecos en los próximos días.
El Gobierno de España ha tomado cartas en el asunto ante la creciente preocupación por una nueva tentativa de entrada masiva e irregular en la ciudad de Ceuta. Los ministerios de Interior y Defensa han acordado la suspensión de las vacaciones y permisos del personal del Instituto Armado y de las Fuerzas Armadas desplegados en la zona, coincidiendo con la proliferación de mensajes en redes sociales que incitan a romper la frontera con Marruecos en las próximas fechas.
Según documentos a los que ha tenido acceso la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC), la orden emanada del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska explicita la cancelación de licencias a los agentes destinados o en comisión de servicio en Ceuta y Melilla. La medida busca «garantizar la seguridad» frente a la persistente «presión migratoria irregular». La instrucción obliga, asimismo, a los efectivos a reincorporarse de inmediato a sus dependencias ante cualquier alteración grave del orden público o situación de emergencia. No obstante, la norma exime a aquellos agentes que hubieran obtenido la autorización de sus permisos con anterioridad a la fecha del comunicado, dictado el pasado 7 de agosto.
De manera paralela, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha replicado la iniciativa fijando como fecha límite el 13 de agosto para que los efectivos militares se hallen operativos en sus plazas. Fuentes de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) han confirmado que solo se contemplarán excepciones debidamente justificadas y ratificadas por la jefatura de cada unidad.
Esta doble resolución administrativa pone de manifiesto la volatilidad del escenario fronterizo, agravado por la difusión de convocatorias virales en perfiles con decenas de miles de seguidores que alientan una réplica de los episodios acaecidos el pasado 30 de junio.
Malestar en las asociaciones profesionales
La decisión ejecutiva ha suscitado severas críticas entre los colectivos de representación militar y policial. Desde la ATME y la AUGC denuncian que la suspensión de derechos laborales supone un «parche temporal» que no resuelve el déficit estructural de plantilla y medios en el perímetro fronterizo. Asimismo, exigen al Ejecutivo un plan de compensaciones económicas para los agentes damnificados por la cancelación imprevista de sus reservas vacacionales, al tiempo que reclaman un refuerzo efectivo y permanente de los contingentes en ambas ciudades autónomas.
