La controversia abierta en el Ministerio del Interior por la gestión de la información policial relacionada con la crisis migratoria de Ceuta ha sumado este jueves un nuevo frente, esta vez en el ámbito judicial. El origen inmediato se encuentra en el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) a requerimiento de la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, cuyo contenido no fue trasladado al ministro Fernando Grande-Marlaska. Interior explicó posteriormente que la magistrada había ordenado a los investigadores no facilitar a sus superiores información sobre la elaboración y el contenido del documento, una circunstancia que el propio ministro cuestiona ahora por sus implicaciones para la gestión de una crisis declarada de interés para la seguridad nacional.
Grande-Marlaska ha trasladado esta preocupación a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, mediante un escrito en el que, después de subrayar su respeto a la independencia judicial y a la dependencia funcional de la Policía Judicial respecto de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal, plantea la necesidad de compatibilizar esas garantías con el acceso del Gobierno a información policial relevante para afrontar situaciones de especial gravedad.
“Como ministro del Interior, y también como magistrado, respeto escrupulosamente, como no puede ser de otra manera, la independencia judicial, el deber constitucional de prestar la colaboración requerida a los órganos judiciales en el ejercicio de su función jurisdiccional, así como la dependencia de la policía judicial exclusivamente de los jueces y tribunales y del Ministerio Fiscal en el desempeño de sus funciones”, señala el ministro en la carta.
El responsable de Interior introduce, sin embargo, una distinción cuando la información recabada durante una investigación puede afectar directamente a la gestión de una crisis de seguridad nacional. A su juicio, el cumplimiento de los requerimientos judiciales “no debería ser incompatible” con que los superiores policiales y los responsables políticos conozcan aquellas circunstancias que puedan resultar determinantes para adoptar decisiones.
El argumento cobra especial relevancia en el caso de Ceuta, después de que el Gobierno declarara la situación de interés para la seguridad nacional al amparo de la Ley 36/2015. Grande-Marlaska sostiene que la información en poder de la Policía Nacional resulta “de gran interés” tanto para su departamento como para que el Ejecutivo pueda ejercer “con el mayor acierto sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”.
De ahí que el ministro defienda un mecanismo que permita preservar simultáneamente ambos ámbitos. En situaciones de “extrema gravedad” como la vivida en Ceuta, sostiene, la Policía Judicial debería poder informar a los órganos judiciales en el marco de las investigaciones y, al mismo tiempo, trasladar al Gobierno aquellos datos relevantes para adoptar decisiones relacionadas con “la seguridad pública y la seguridad nacional”, siempre “sin que se resienta la independencia judicial”.
La iniciativa de Grande-Marlaska llega, además, en medio de las discrepancias surgidas dentro del propio aparato de Interior sobre cómo circuló la información relacionada con Ceuta. Vozpópuli publicó este jueves, citando a mandos policiales y cargos del Ministerio, que existen sospechas de que el director general de la Policía, Francisco Pardo, habría retenido deliberadamente datos policiales procedentes del informe del CENIF y evitado que llegaran al ministro. Según esas fuentes, el responsable del Centro habría trasladado la información a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y esta habría escalado posteriormente hasta el Director Adjunto Operativo y el propio Pardo, aunque Marlaska sostiene que nunca la recibió.
Esta versión introduce así un nuevo elemento en la controversia sobre la gestión de la información: determinar si la falta de conocimiento por parte del ministro obedeció exclusivamente a las instrucciones impartidas por la magistrada al equipo investigador o si, como sostienen las fuentes citadas por el medio, también se produjo una interrupción de la cadena interna de comunicación dentro de la Policía Nacional.
