El informe elaborado por una unidad especializada de la Policía española sobre los acontecimientos de Ceuta ha acabado provocando una crisis en el seno de los aparatos del Estado, después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se viera obligado a pedir al director general de la Policía aclaraciones sobre información altamente sensible de la que tuvo conocimiento, según la versión oficial, a través de un periódico y no por los cauces institucionales establecidos.
El caso surgió a raíz de una información publicada por el diario El Español que reveló que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, (CENIF) y dependiente de la Policía Nacional, había remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón un informe que sostiene que la entrada de decenas de miles de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio no fue un hecho espontáneo, sino una operación planificada encubierta bajo una dinámica migratoria
Según el citado medio, el informe se apoya en fotografías y grabaciones que mostrarían a agentes de seguridad marroquíes uniformados orientando a los migrantes procedentes de Castillejos hacia puntos concretos, mientras personas vestidas de paisano supervisaban la operación y daban, a su vez, instrucciones a los agentes. El documento también menciona una alerta emitida por el CENIF el 29 de julio, que calificaba como de «riesgo extremo» la posibilidad de intentos coordinados de entrada por mar y mediante el salto de la valla.
La filtración llevó a Grande-Marlaska a enviar, de madrugada, una carta inusual al director general de la Policía, Francisco Pardo, en la que le preguntaba por la veracidad de la información, desde cuándo disponía la Policía de ella y por qué no había sido elevada hasta su despacho. El ministro calificó esos datos de «esenciales» para que tanto él como el Gobierno pudieran adoptar las decisiones correspondientes en materia de política interior y exterior y de defensa del Estado.
El mero hecho de que el ministro del Interior tuviera que solicitar información al máximo responsable de un cuerpo dependiente de su propio departamento después de que esta apareciera publicada en la prensa revela un profundo fallo en la circulación de información dentro de una de las instituciones más sensibles del Estado. Sin embargo, la respuesta del director de la Policía complicó todavía más el panorama, ya que no negó la existencia del informe, como dieron a entender algunos titulares, sino que sostuvo que el documento no atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes «la planificación o ejecución» de los acontecimientos de Ceuta.
Pardo explicó que la magistrada Tardón había ordenado al equipo encargado de elaborar el documento que no informara a sus superiores ni de su preparación ni de su contenido, antes de autorizar posteriormente el acceso de la dirección policial. No obstante, fuentes policiales confirmaron al diario El País que los materiales utilizados para elaborar el informe ya habían sido expuestos durante reuniones con la Secretaría de Estado de Seguridad, lo que exige replantear la pregunta sobre qué información llegó realmente al Ministerio del Interior y cuándo?
No es la primera discrepancia institucional provocada por los acontecimientos de Ceuta. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya había declarado ante el Congreso que los agentes del Centro Nacional de Inteligencia, 25 de ellos destinados en Ceuta, recopilaron información y la compartieron con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Delegación del Gobierno. Robles aseguró, además, que el 29 de julio se transmitió verbalmente una advertencia sobre las convocatorias para entrar a nado en la ciudad al día siguiente.
Grande-Marlaska, por el contrario, negó tajantemente la existencia de cualquier informe procedente de los servicios de inteligencia españoles o de los de países aliados que permitiera anticipar una entrada masiva de las dimensiones que finalmente se produjo. La Delegación del Gobierno en Ceuta también negó haber recibido una alerta que permitiera prever los acontecimientos del 30 de julio, antes de que la Presidencia del Gobierno interviniera para respaldar la versión del ministro del Interior, afirmando que Robles «no había sido entendida o no se había explicado bien».
La contradicción se extendió igualmente a la interpretación de lo sucedido. El informe atribuido a la unidad de inteligencia de fronteras de la Policía apunta, según lo publicado, a la hipótesis de una operación organizada y dirigida, mientras que Robles se apoyó en un análisis del Estado Mayor de la Defensa que sostiene que el flujo respondió a una «organización espontánea» de personas que reaccionaron a los mensajes difundidos en las redes sociales y aprovecharon lo que percibieron como una ausencia de obstáculos. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descartó la implicación de Marruecos y acusó a redes vinculadas a Rusia, Israel y la extrema derecha de difundir desinformación.
De este modo, el Estado español se encuentra ante versiones enfrentadas procedentes de la Policía, los servicios de inteligencia, los ministerios de Defensa e Interior y la propia Presidencia del Gobierno.
El informe sigue siendo un documento preliminar cuya relevancia probatoria todavía no ha sido determinada por la Fiscalía ni por los tribunales. Por ello, su contenido no puede ser tratado como una verdad judicial definitiva. Sin embargo, la crisis constatada trasciende la eventual responsabilidad de Marruecos y conduce a una pregunta todavía más incómoda: ¿cómo puede un Estado gestionar una crisis fronteriza de semejante magnitud cuando sus instituciones discrepan sobre qué sabían, cuándo lo supieron y quién informó a quién?
Algunos analistas políticos españoles han calificado lo ocurrido como un caos informativo, competencial y comunicativo que refleja la fragilidad de la coordinación dentro del Estado español. La crisis de Ceuta ha dejado así de ser únicamente un episodio fronterizo para convertirse en una prueba que ha sacado a la luz profundas fracturas entre los principales organismos de seguridad, defensa y toma de decisiones en Madrid.
