La situación de miles de migrantes y solicitantes de protección internacional que permanecen en Ceuta tras las llegadas masivas de finales de julio ha abierto un nuevo frente para las autoridades españolas, esta vez en el terreno humanitario y de los derechos fundamentales. Human Rights Watch (HRW) advierte de que una parte importante de estas personas continúa sin alojamiento adecuado, con acceso limitado a servicios básicos y sin información suficiente sobre los procedimientos de asilo, y reclama a Madrid y a las autoridades locales una respuesta urgente y ordenada.
La organización internacional basa sus conclusiones en una misión realizada en Ceuta entre el 15 y el 18 de agosto, durante la cual entrevistó a 76 migrantes. Entre ellos figuraban 37 adultos y cinco menores no acompañados entrevistados individualmente, además de otras 34 personas con las que mantuvo conversaciones grupales o breves. La investigación ofrece una fotografía sobre el terreno de las consecuencias de una crisis que, casi un mes después de las entradas del 30 y 31 de julio, continúa ejerciendo una fuerte presión sobre una ciudad de apenas 85.000 habitantes.
Las cifras sobre cuántas personas continúan en Ceuta siguen, además, sin ofrecer una imagen cerrada. El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, situó el 13 de agosto el número en unas 5.000, mientras que organizaciones locales consultadas por HRW elevaban la estimación hasta las 10.000. Esa disparidad refleja una de las dificultades que ha acompañado la gestión de la crisis desde sus primeras horas: conocer con precisión quién permanece en la ciudad, en qué situación administrativa se encuentra y qué tipo de atención necesita.
El Gobierno español comenzó a ampliar la capacidad de acogida a mediados de agosto. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció el día 17 la instalación de cuatro dispositivos de tiendas con capacidad para 1.500 adultos, y los primeros traslados comenzaron tres días después. Human Rights Watch considera, sin embargo, que esas plazas resultan insuficientes frente a las necesidades existentes.
La precariedad ha sido especialmente visible en la playa del Trampolín, convertida durante semanas en uno de los principales asentamientos improvisados. Organizaciones humanitarias estimaron que más de mil hombres y menores vivían allí en estructuras construidas con palos, cartones y bolsas de plástico. Otros grupos se instalaron en calles, zonas de naves próximas a la frontera y áreas boscosas de la periferia, mientras entre 700 y 750 mujeres y niñas fueron alojadas provisionalmente en dos instalaciones deportivas abiertas por asociaciones vecinales. La falta de duchas y aseos obligó a muchas personas a recurrir a espacios públicos y al mar para sus necesidades básicas.
La respuesta asistencial ha recaído en buena medida sobre organizaciones humanitarias y entidades locales. Cruz Roja comenzó a distribuir alimentos en el Trampolín el 3 de agosto y, según datos del Gobierno citados por HRW, llegó posteriormente a repartir unas 4.000 bolsas diarias. La asociación Luna Blanca aseguró, por su parte, que distribuía entre 2.700 y 3.500 comidas al día en cinco puntos de Ceuta con financiación pública.
Más allá de las condiciones materiales, la organización pone el acento en un problema de naturaleza jurídica. Hasta el 20 de agosto, sus investigadores aseguraron no haber observado indicios de que se hubieran iniciado de manera generalizada procedimientos legales o evaluaciones individualizadas para los adultos con los que tuvieron contacto. HRW entrevistó no solo a ciudadanos marroquíes, sino también a personas procedentes de Sudán, Somalia, Yemen, Siria, Chad, Senegal, Túnez, Argelia y Egipto, varias de las cuales manifestaron expresamente su intención de solicitar protección internacional en España.
Ese punto resulta especialmente sensible porque la normativa europea actualmente en vigor obliga a realizar controles de identificación, seguridad y salud, además de una evaluación inicial de vulnerabilidad destinada a detectar, entre otros perfiles, a personas apátridas, víctimas de tortura o de otros tratos degradantes y solicitantes con necesidades especiales. Human Rights Watch sostiene que este proceso debe acompañarse de información comprensible sobre las vías disponibles para pedir asilo y de acceso efectivo a asistencia jurídica.
La organización advierte asimismo de las implicaciones que podrían tener los procedimientos acelerados de asilo en frontera. Una de las cuestiones abiertas es si España recurrirá a este mecanismo para resolver parte de los expedientes, especialmente en casos de personas que previamente permanecieron en Marruecos, considerado por la Unión Europea un «tercer país seguro» a efectos de determinados procedimientos. HRW reclama que cualquier decisión se adopte tras un examen individual y no mediante fórmulas automáticas.
Entre los testimonios recogidos figuran también mujeres marroquíes que aseguraron haber llegado a Ceuta huyendo de situaciones de violencia dentro de sus hogares. Una mujer de 47 años procedente de Tetuán relató a la organización que cruzó con su hijo de 11 años después de sufrir malos tratos por parte de su exmarido. Casos de esta naturaleza, sostiene HRW, obligan a evaluar las circunstancias personales antes de adoptar cualquier medida de retorno.
Uno de los capítulos más graves del informe se refiere a la violencia sexual. Asociaciones vecinales de El Príncipe y Sidi Embarek habilitaron espacios provisionales para mujeres y niñas después de que comenzaran a conocerse denuncias de agresiones. Cuatro médicos de urgencias indicaron a Human Rights Watch que habían atendido a dos mujeres y seis menores por casos de agresión sexual o violación, mientras la Fiscalía de Ceuta había recibido 13 denuncias entre el 30 de julio y el 17 de agosto. La mayoría de las víctimas, según la Fiscalía, no eran residentes de la ciudad.
Especial preocupación genera igualmente la situación de los menores extranjeros no acompañados. Tampoco en este ámbito existe una cifra única: una fuente del Gobierno ceutí señaló que hasta el 18 de agosto se había asumido la tutela de 1.385 menores, mientras el Ministerio del Interior informó ese mismo día de 2.168 registrados por la Policía. La diferencia vuelve a poner de relieve las dificultades administrativas derivadas de una llegada de dimensiones extraordinarias.
A ello se suma la proximidad del inicio del curso escolar. Dos centros educativos que han sido utilizados como alojamientos provisionales deberán quedar disponibles a comienzos de septiembre, lo que obliga a localizar nuevas instalaciones en un contexto marcado también por la oposición de parte de la población a que determinados espacios públicos continúen destinándose a la acogida. Paralelamente, las autoridades españolas estudian trasladar a parte de los menores a otros territorios del país para aliviar la presión sobre Ceuta.
El escenario humanitario convive con las consecuencias de las propias travesías. Las autoridades españolas contabilizaron oficialmente 82 fallecidos, mientras la organización Caminando Fronteras estimó al menos otros 67 en el lado marroquí. Las cifras convierten la crisis de finales de julio no solo en uno de los mayores episodios migratorios vividos en Ceuta, sino también en uno de los más mortíferos de los últimos años en esta ruta.
El impacto tampoco se limita a quienes llegaron. Organizaciones que trabajan sobre el terreno alertan de una creciente tensión entre la población local, sometida a una presión excepcional sobre servicios, instalaciones y espacios públicos. Halima Ahmed, de Luna Blanca, describió ante HRW una situación marcada por la incertidumbre y advirtió del riesgo de que el miedo termine transformándose en rechazo. Mohamed El Harrak, de la asociación EXMENAS, resumió el problema señalando que la prioridad inmediata debe ser la asistencia humanitaria porque «Ceuta no puede hacerlo sola».
Es precisamente ahí donde Human Rights Watch sitúa la responsabilidad principal de las instituciones españolas. La organización reclama movilizar recursos suficientes tanto en Ceuta como, cuando sea necesario, en otros puntos de España, asegurar condiciones dignas de recepción y someter cada caso a una evaluación individual con asistencia legal y acceso a información en una lengua comprensible para la persona afectada.
La cuestión trasciende, por tanto, la capacidad física de alojamiento. El Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe las expulsiones colectivas, y HRW recuerda que España debe garantizar el examen individual de las solicitudes de protección internacional y aplicar garantías reforzadas en el caso de los menores no acompañados. Para estos últimos, cualquier retorno debe estar precedido por una valoración de su interés superior y de las condiciones que encontrarían tras regresar a su país de origen.
