La acusación popular ejercida por Hazte Oír ha solicitado una pena de 13 años de prisión para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el procedimiento judicial que se sigue contra ella por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. Según adelantó The Objective, el escrito de conclusiones provisionales presentado este lunes también reclama seis años de cárcel para Cristina Álvarez, asistente de Gómez en el Palacio de La Moncloa, y propone la declaración como testigos de más de un centenar de personas, entre ellas el propio jefe del Ejecutivo.
De acuerdo con la misma fuente, la acusación popular incorpora un total de seis informes periciales y 118 testigos, entre los que figuran el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache; el ex consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo; el ex secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, y el empresario Víctor de Aldama.
La petición llega después de que el juez instructor, Juan Carlos Peinado, acordara el pasado 20 de junio la apertura de juicio con jurado contra Begoña Gómez. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó esa decisión, aunque redujo el procedimiento a los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, dejando fuera otras imputaciones inicialmente planteadas durante la instrucción.
La solicitud de Hazte Oír supone una reducción respecto a la petición inicial de 24 años de prisión. La modificación responde a la resolución de la Audiencia Provincial, que limitó el alcance del proceso penal y obligó a reformular las conclusiones provisionales de la acusación.
En relación con el delito de tráfico de influencias, la acusación sostiene que Begoña Gómez habría aprovechado su condición de esposa del presidente del Gobierno para favorecer la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) en la Universidad Complutense de Madrid. Por estos hechos solicita dos años de prisión, además de una multa, la prohibición de contratar con el sector público durante diez años y la suspensión para ejercer cargo público durante cuatro años.
La mayor parte de la petición de condena corresponde, sin embargo, al presunto delito de malversación agravada. Hazte Oír considera que la acusada se apropió del software desarrollado con financiación pública en el marco de la citada cátedra mediante el registro de marcas, el dominio digital vinculado al proyecto y una sociedad mercantil creada posteriormente. Asimismo, cifra en 113.509 euros el supuesto perjuicio económico ocasionado a la Universidad Complutense, cantidad cuya restitución reclama la institución académica.
Respecto a Cristina Álvarez, el escrito solicita seis años de prisión e inhabilitación absoluta al considerar que habría colaborado de forma necesaria en la utilización de recursos públicos para actividades privadas vinculadas a Begoña Gómez. La acusación sostiene que, pese a ocupar un puesto retribuido por la Administración General del Estado, desempeñó funciones relacionadas con la agenda profesional, universitaria y empresarial de la esposa del presidente.
Entre las diligencias propuestas destaca la comparecencia de Pedro Sánchez como testigo. Según la acusación popular, su declaración permitiría esclarecer el uso del Palacio de La Moncloa como espacio de reuniones relacionadas con el proyecto universitario de la cátedra. También solicita la comparecencia de Félix Bolaños para aclarar el nombramiento de Cristina Álvarez como asistente en 2018 y del rector Joaquín Goyache, al que considera una figura clave en la creación de la cátedra.
El escrito incorpora además la declaración de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, personal de la Universidad Complutense y representantes de empresas que colaboraron con los proyectos dirigidos por Begoña Gómez, así como del empresario Juan Carlos Barrabés, con el objetivo de reconstruir las relaciones institucionales y profesionales que son objeto de la investigación.
La causa continuará ahora su tramitación en la fase previa al juicio, en la que corresponderá al tribunal resolver sobre la admisión de las pruebas y de las testificales propuestas por las distintas partes personadas en el procedimiento. Según The Objective, será entonces cuando se determine qué testigos comparecerán finalmente durante la vista oral.
