En una operación sin precedentes que amenaza con sacudir los cimientos del sistema político iraquí, las fuerzas de seguridad del país han arrestado a al menos 47 personas, entre ellas 13 miembros del Parlamento y altos funcionarios del Estado, bajo graves acusaciones de corrupción masiva y desvío de fondos públicos.
La operación, ejecutada bajo la estricta dirección del primer ministro Ali Faleh al-Zaidi, provocó el blindaje total de la Zona Verde de Bagdad —el distrito de alta seguridad que alberga las sedes gubernamentales y las embajadas extranjeras— mientras las fuerzas de élite llevaban a cabo redadas simultáneas dentro del complejo.
El origen de la trama: El sector petrolero
Según fuentes de seguridad y judiciales, la ofensiva contra la corrupción se desencadenó tras las confesiones clave obtenidas de Adnan al-Jumaili, exviceministro de Petróleo, quien había sido arrestado el pasado mes de mayo. Las revelaciones de al-Jumaili expusieron una red transversal de sobornos y contratos fraudulentos que salpica directamente a la cúpula legislativa y ejecutiva del país.
Entre los nombres más destacados que figuran en la lista de detenidos, difundida en parte por la agencia oficial de noticias iraquí (INA), se encuentran:
Muthanna al-Samarrai: Líder de la coalición política Azm y miembro del Parlamento.
Ali Maaraj: Subsecretario de Distribución del Ministerio de Petróleo.
Varios diputados de renombre: Entre ellos, Ziad al-Janabi, Bahaa al-Nouri, Mohammad al-Karbouli y la veterana legisladora Alia Nassif.
Un terremoto político con trasfondo de poder
Para que las detenciones de los 13 parlamentarios fueran posibles, el poder judicial iraquí tuvo que revocar de urgencia la inmunidad de la que gozaban. Varios de los implicados pertenecen al bloque político del ex primer ministro Mohammed Shia al-Sudani, lo que ha llevado a analistas locales a interpretar este movimiento no solo como una limpieza institucional, sino también como un reajuste de cuentas en el fracturado mapa del poder iraquí.
Irak, que figura sistemáticamente entre los países más corruptos del mundo según los índices de Transparencia Internacional, se enfrenta ahora a un escenario de alta volatilidad. Aunque el actual Ejecutivo defiende que la campaña busca restaurar la confianza pública y proteger los recursos del Estado, la oposición y diversas facciones temen que la lucha contra la corrupción sea utilizada como un arma política para consolidar el control del nuevo gobierno.
La tensión en las calles de Bagdad sigue siendo máxima ante la expectativa de nuevas detenciones en las próximas horas.
