Las actuaciones de la delegación argelina frente a varias organizaciones de la sociedad civil suscitan críticas en el Palacio de las Naciones, donde se alerta del posible uso de los mecanismos de acreditación y supervisión para limitar su participación en los foros de Naciones Unidas
El papel de Argelia en el Comité de Organizaciones No Gubernamentales de Naciones Unidas quedó bajo la lupa durante una conferencia celebrada en el Palacio de las Naciones de Ginebra, donde distintas intervenciones cuestionaron su actuación frente a varias organizaciones de la sociedad civil y alertaron del posible uso de los procedimientos administrativos de la ONU para obstaculizar la actividad de determinadas entidades en los foros internacionales.
La conferencia, organizada por la Red Unidad para el Desarrollo de Mauritania y sus socios al margen de la 63.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, llevó por título "Proteger a la sociedad civil del uso indebido de los procedimientos de acreditación" y puso el foco en los riesgos asociados a las solicitudes reiteradas de información, los procedimientos de acreditación y otros instrumentos de supervisión de los que dispone el Comité de ONG.
El debate se produce, además, en un momento en el que el representante argelino Bilal Hassani ocupa la vicepresidencia del Comité durante 2026, una circunstancia que estuvo presente en varias de las intervenciones. Los participantes consideraron que la responsabilidad asociada a ese puesto exige una especial atención a la integridad de los procedimientos y a la igualdad de trato entre las organizaciones sometidas al escrutinio del órgano de Naciones Unidas.
A partir de ahí, las críticas se dirigieron hacia la posibilidad de que los mecanismos administrativos concebidos para supervisar el cumplimiento de las normas terminen siendo utilizados como instrumentos de presión sobre organizaciones concretas. Los participantes reclamaron que cualquier actuación de este tipo responda a criterios objetivos, se apoye en elementos verificables y no derive en un trato discriminatorio en función de las actividades o los asuntos abordados por cada entidad.
Uno de los expedientes que concentró buena parte de las intervenciones fue el de la Comisión Internacional para el Respeto y la Aplicación de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, conocida por sus siglas CIRAC.
Según la información presentada durante la conferencia, la delegación argelina dirigió a esta organización una sucesión de preguntas sobre sus proyectos, sus fuentes de financiación y las entidades con las que mantiene relaciones. Las solicitudes de información fueron extendiéndose posteriormente hacia las actividades de CIRAC relacionadas con la cuestión del Sáhara, hasta desembocar en una propuesta para suspender durante un año su estatus consultivo.
Este recorrido, desde las solicitudes adicionales de información hasta el planteamiento de una medida restrictiva, fue precisamente uno de los aspectos cuestionados durante la conferencia. Los críticos con estas actuaciones plantearon dudas sobre los límites que deben regir el uso de los instrumentos de supervisión administrativa del Comité, especialmente cuando afectan a organizaciones que trabajan sobre cuestiones políticas sensibles.
Las intervenciones insistieron, en este sentido, en que la formulación reiterada de preguntas, dudas o sospechas sobre una organización no constituye por sí misma una prueba de que haya cometido una infracción. A juicio de los participantes, cualquier cuestionamiento relacionado con las fuentes de financiación, la representación de una entidad o el uso de las acreditaciones de Naciones Unidas debe estar sustentado en hechos y elementos susceptibles de verificación.
La conferencia abordó también el caso de la organización "Oukabrous", junto al de otras entidades que habrían afrontado situaciones similares. Los participantes reclamaron, no obstante, que cada expediente sea examinado de manera independiente, atendiendo a sus circunstancias concretas y a las pruebas disponibles, sin convertir las sospechas planteadas contra una organización en argumentos extensibles automáticamente a las demás.
El papel de Bilal Hassani volvió a aparecer en este punto del debate. Los participantes recordaron que ocupar la vicepresidencia del Comité no concede por sí mismo la facultad de suspender o retirar unilateralmente el estatus consultivo de una organización, ya que estas medidas están sometidas a los procedimientos establecidos y a las decisiones colectivas del propio Comité.
De ahí que las intervenciones reclamaran un mayor escrutinio de cualquier actuación encaminada a limitar la participación de una ONG, particularmente cuando las iniciativas parten de una delegación cuyo representante ocupa una responsabilidad dentro de la estructura del Comité.
Otro de los aspectos subrayados fue el derecho de las organizaciones afectadas a conocer con claridad las acusaciones o reservas formuladas contra ellas. Los participantes defendieron que las entidades deben disponer de la posibilidad de responder, aportar explicaciones y presentar sus argumentos antes de que se adopte cualquier decisión que pueda afectar a su presencia o a su capacidad de actuación dentro del sistema de Naciones Unidas.
La controversia planteada en Ginebra trasciende así los casos particulares mencionados durante la conferencia. En el centro del debate aparece el funcionamiento de unos mecanismos concebidos para ordenar y supervisar la participación de la sociedad civil en Naciones Unidas, pero cuyo uso, según advirtieron los participantes, debe estar rodeado de garantías suficientes para impedir que puedan convertirse en una vía para restringir la actividad de determinadas organizaciones.
Las intervenciones defendieron, por ello, que la transparencia, la igualdad de trato y la existencia de pruebas verificables deben marcar cualquier procedimiento contra una ONG. Una exigencia que adquiere especial relevancia cuando las organizaciones afectadas trabajan sobre expedientes políticamente sensibles y cuando las decisiones adoptadas pueden condicionar directamente su acceso a los espacios de Naciones Unidas.
El mensaje trasladado desde el Palacio de las Naciones fue, en definitiva, que los mecanismos de acreditación y supervisión deben servir para garantizar la participación ordenada y transparente de la sociedad civil, y no para limitarla mediante una acumulación de procedimientos, solicitudes de información o cuestionamientos que no estén respaldados por elementos suficientemente acreditados.
