La detención en España del empresario y comunicador opositor argelino Ayoub Aïssiou ha vuelto a situar en el punto de mira la respuesta de Madrid a las solicitudes de extradición de disidentes formuladas por Argelia. Se trata de un asunto especialmente sensible cuando afectan a opositores que residen o buscan protección en Europa, más aún con varios precedentes de fondo en los que España acabó devolviendo a disidentes argelinos a su país pese a las voces de alarma de organizaciones de derechos humanos ante el riesgo de tortura y otras graves vulneraciones tras su regreso.
Según ha publicado este viernes el diario español The Objective, Aïssiou, antiguo propietario del canal "Djazaïria One" y conocido por sus posiciones críticas con las autoridades argelinas, fue detenido el pasado 25 de julio en el aeropuerto de Barcelona-El Prat a raíz de una petición cursada por Argelia. Desde entonces permanece privado de libertad a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva el procedimiento de extradición.
Según ha publicado este viernes el diario español The Objective, Aissiou, antiguo propietario del canal "Djazaïria One" y conocido por sus posiciones críticas con las autoridades argelinas, fue detenido el pasado 25 de julio en el aeropuerto de Barcelona-El Prat en virtud de una solicitud de extradición de Argelia. Desde entonces permanece en prisión a la espera de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre su entrega a las autoridades argelinas.
Argelia reclama su entrega por la presunta comisión de delitos económicos, mientras que su defensa sostiene que el caso tiene un trasfondo político ligado a su actividad mediática y a sus críticas al poder argelino.
El caso cobra aún mayor relevancia porque Aissiou abandonó Argelia rumbo a Francia en 2019, donde solicitó protección internacional, antes de acabar detenido durante una estancia en España. Su situación vuelve a poner sobre la mesa hasta qué punto las autoridades españolas tienen en cuenta los riesgos que corren los opositores al régimen militar argelino cuando se plantea su devolución al país.
En este contexto, opositores argelinos consideran que la sucesión de entregas y expulsiones de ciudadanos reclamados por Argelia desde España no puede desligarse del entramado de intereses económicos y energéticos que une a Madrid y Argel. Algunos llegan incluso a hablar de un "intercambio no declarado", por el que España atendería las demandas argelinas relacionadas con sus opositores a cambio de salvaguardar los intereses comunes, con el suministro de gas en primer plano.
Los datos oficiales de Enagás dan cuenta del peso de esa relación. Argelia fue en 2025 el principal suministrador de gas del mercado español, con cerca del 35% del total de las importaciones, equivalente a unos 128,5 TWh. Las cifras ponen de relieve el grado de interdependencia energética entre ambos países, una realidad que acaba proyectándose sobre el destino de los opositores que se encuentran en territorio español, donde su "intercambio" se ha convertido en una práctica habitual desde 2020.
De hecho, varias de las expulsiones que más polémica han levantado coincidieron con el creciente peso estratégico de Argelia en la seguridad energética española. A ello se suma que Madrid ha llegado, en casos documentados, a devolver a opositores pese a las voces de alarma de organizaciones de derechos humanos sobre los riesgos que podían afrontar una vez en territorio argelino.
Uno de esos precedentes se remonta a agosto de 2021, cuando las autoridades españolas expulsaron a Argelia al exmilitar y opositor Mohamed Abdellah, que se había refugiado en España en 2018. Según The Objective, que posteriormente siguió el caso, Abdellah fue uno de los opositores argelinos devueltos por Madrid a su país antes de que se produjera el caso de Mohamed Benhalima.
Sin embargo, el caso más ampliamente documentado por las organizaciones de derechos humanos es el de Mohamed Benhalima, exmilitar y activista que participó en el Hirak de 2019 antes de abandonar Argelia por temor a la persecución. España le denegó el asilo y acabó expulsándolo a Argelia la noche del 24 de marzo de 2022, desoyendo las advertencias sobre los riesgos que entrañaba su regreso al país.
La decisión puso en pie de guerra a Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, que consideraron que España había vulnerado el principio de "no devolución" ("non-refoulement") al expulsar a Mohamed Benhalima pese al riesgo de que sufriera torturas y otras graves violaciones de los derechos humanos en Argelia.
Por su parte, Human Rights Watch señala que la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ya había alertado de un riesgo real y documentado de que Mohamed Benhalima fuera sometido a torturas si era devuelto a Argelia.
Tras su expulsión, Mohamed Benhalima fue encarcelado y juzgado por su actividad. En mayo de 2022 se le comunicó que un tribunal militar lo había condenado a muerte en rebeldía cuando todavía se encontraba en España. Apenas un mes después, declaró ante un tribunal que había sido sometido a torturas.
Así, desde 2020 hay constancia de al menos dos casos claramente documentados de destacados opositores argelinos expulsados por España a Argelia, Mohamed Abdellah y Mohamed Benhalima. La prensa española ha dado cuenta de otros casos, aunque sin el mismo grado de documentación en materia de derechos humanos sobre las circunstancias que rodearon cada uno de ellos y la condición política de las personas afectadas.
El caso de Ayoub Aissiou se encuentra, por ahora, en un punto distinto desde el plano procesal. Aún no ha sido entregado a Argelia y la decisión continúa en manos de la Justicia española. Sin embargo, los casos de Mohamed Abdellah y Mohamed Benhalima pesan como antecedentes sobre la resolución pendiente, especialmente si su defensa logra acreditar que su regreso puede exponerlo a persecución o a un trato inhumano.
El debate, por tanto, va mucho más allá del futuro de Ayoub Aissiou y vuelve a poner sobre la mesa el difícil equilibrio que España trata de mantener entre sus intereses estratégicos con Argelia y sus obligaciones europeas e internacionales en materia de derechos humanos.
En ese equilibrio, los intereses económicos y energéticos ocupan un lugar de primer orden. Argelia fue en 2025 el principal proveedor de gas de España, pero ese peso en la relación bilateral no exime jurídicamente a Madrid de cumplir el principio de "no devolución" y, por tanto, de abstenerse de enviar a una persona a un país donde corra un riesgo real de sufrir tortura o persecución.
