Fuente gubernamental marroquí a Assahifa: "Todo es posible en función de los intereses del Reino"; la escalada podría llevar a revisar contratos españoles por 1.600 millones de dólares

Los intereses económicos de las empresas españolas en Marruecos han entrado de lleno en el debate, coincidiendo con la tensión que atraviesan las relaciones entre Rabat y Madrid y la escalada del discurso de algunas fuerzas políticas españolas, encabezadas por el partido de extrema derecha Vox, que han llegado a reclamar la exclusión de Marruecos de la organización del Mundial de 2030 y la suspensión del acuerdo preferencial que mantiene con la Unión Europea.

El debate cobra especial relevancia por la magnitud de los intereses que las empresas españolas han acumulado en el Reino. Solo tres de los principales contratos y proyectos suman cerca de 1.370 millones de euros, unos 1.600 millones de dólares, repartidos entre los sectores ferroviario, hídrico, de ingeniería y de infraestructuras. Parte de ellos está directamente vinculada al programa de modernización de las infraestructuras marroquíes de cara al Mundial de 2030.

Según información recabada por Assahifa de fuentes gubernamentales marroquíes, hasta el momento no se ha producido ningún cambio en los contratos vigentes con empresas españolas ni en los intereses económicos entre ambos países. Sin embargo, las mismas fuentes aseguran, de manera no oficial, que la continuidad de la escalada podría hacer que «todo sea posible» y que Marruecos tiene derecho a revisar sus opciones y sus futuros contratos «en función del interés nacional y de los intereses superiores del Reino», sin que ello signifique que exista actualmente una decisión oficial en ese sentido.

Entre los principales intereses españoles figura el contrato ferroviario adjudicado a CAF. El acuerdo inicial contemplaba el suministro de 30 trenes por unos 600 millones de euros, con la opción de añadir otros diez. Posteriormente, el Gobierno español anunció la financiación de la adquisición por Marruecos de 40 trenes por un importe superior a los 750 millones de euros. Los documentos oficiales fijan el valor de la financiación en unos 754,3 millones de euros. Madrid sostiene que el proyecto se enmarca en la modernización del sector ferroviario marroquí como parte de los proyectos de infraestructuras vinculados a la celebración del Mundial de 2030.

Los trenes suministrados por CAF podrán alcanzar velocidades de hasta 200 kilómetros por hora y conectarán varias ciudades marroquíes. El Ministerio español de Economía y Comercio consideró esta operación como una oportunidad para reforzar la industria española y generar actividad en las plantas de CAF en España.

El segundo mayor proyecto está liderado por la española Acciona dentro de un consorcio integrado también por las compañías marroquíes Green of Africa y Afriquia Gaz. Se trata de la planta desalinizadora de agua de mar de Casablanca, cuya inversión asciende, según datos de Acciona, a unos 613 millones de euros. La instalación tendrá una capacidad de producción de 300 millones de metros cúbicos de agua al año, mientras que Acciona se encargará de su construcción, explotación y mantenimiento durante un periodo de 27 años.

La desalinizadora no constituye, en sentido estricto, un “contrato del Mundial”, pero forma parte del fuerte ciclo inversor que experimentan las infraestructuras marroquíes coincidiendo con los preparativos para 2030, un mercado que el propio Gobierno español ha identificado como estratégico para sus empresas.

Por su parte, la empresa pública española de ingeniería Ineco obtuvo en 2024 tres nuevos contratos en Marruecos por un valor conjunto de 2,275 millones de euros, relacionados con estudios ferroviarios y aeronáuticos. Entre ellos figura el proyecto de servicios ferroviarios urbanos de Tánger y Tetuán, que contempla la conexión del centro de Tánger con el aeropuerto y el estadio, además del proyecto Uadi Zem-Beni Mellal y de diversos estudios en materia de infraestructuras aeroportuarias.

En conjunto, los importes anunciados de estos tres proyectos rondan los 1.370 millones de euros, equivalentes a unos 1.600 millones de dólares, sin incluir otros contratos adjudicados a empresas españolas cuyos importes no se han hecho públicos ni los proyectos que todavía se encuentran en fase de estudio o licitación.

Lo llamativo es que la escalada política se produce en un momento en el que Madrid venía trabajando oficialmente para aumentar la participación de sus empresas en los proyectos de cara a 2030. En febrero de 2025, el Gobierno español organizó un encuentro específico sobre las oportunidades de negocio para las empresas españolas en los proyectos marroquíes vinculados al Mundial, mientras que el Ministerio de Comercio español cifra en más de 350 las empresas españolas establecidas en Marruecos.

No obstante, una parte del panorama político español se mueve en sentido contrario. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha solicitado a la Unión Europea que suspenda el acuerdo preferencial con Marruecos, mientras que su partido también ha reclamado revisar la participación del Reino en la organización del Mundial de 2030, en una de las mayores muestras de escalada política hacia Rabat durante la reciente crisis.

En este contexto, fuentes de Assahifa apuntan a una paradoja que acompaña al debate español sobre la posibilidad de ejercer presión económica sobre Marruecos: la balanza comercial se inclina principalmente a favor de España. De hecho, el propio Ministerio de Comercio español anunció que los intercambios bilaterales superaron los 22.500 millones de euros en 2024, con un superávit comercial español superior a los 3.000 millones de euros, mientras que las exportaciones españolas a Marruecos crecieron alrededor de un 6% durante ese mismo año.

Las fuentes consultadas por Assahifa consideran que esta situación otorga a Rabat margen de maniobra para reevaluar determinadas compras y futuros contratos si así lo exigieran los intereses nacionales, especialmente en aquellos sectores en los que dispone de alternativas europeas y mediterráneas, con proveedores de Francia, Italia, Turquía y otros países. Con todo, las mismas fuentes recalcan que, por el momento, esa posibilidad no pasa de ser un escenario y no responde a ninguna orientación anunciada oficialmente por el Gobierno marroquí.

La interdependencia económica se extiende también al turismo. El gasto realizado en España por los viajeros procedentes de Marruecos alcanzó en 2025 unos 1.084 millones de euros, un 16,7% más que en 2024, según datos turísticos españoles, o que refleja la creciente importancia del mercado marroquí para determinadas regiones españolas, especialmente Andalucía.

En definitiva, dar el salto del desencuentro político a la confrontación económica tendría un coste elevado para ambas partes, aunque sus efectos podrían recaer directamente sobre empresas españolas que han acumulado importantes contratos e intereses en el Reino. A este respecto, fuentes de Assahifa consideran que las relaciones entre Estados no deberían regirse por una lógica de egos, sino por la de los intereses recíprocos,  subrayando que la importancia de Marruecos para España va mucho más allá del comercio y alcanza a expedientes especialmente sensibles, como la migración, la seguridad, la lucha contra el terrorismo y el control de las fronteras.

Desde esta perspectiva, las fuentes señalan que la necesidad de Madrid de mantener la cooperación con Rabat, especialmente en los ámbitos de la seguridad y la economía, da a Marruecos bazas que van más allá de las cifras comerciales, al tiempo que la diversificación de sus socios económicos le otorga un mayor margen de maniobra.

De ahí que la continuidad de la escalada pueda convertirse en una prueba de hasta qué punto los intereses económicos tejidos por Rabat y Madrid durante los últimos años lograrán mantenerse a salvo del auge de un discurso político en España que aboga por castigar a Marruecos, precisamente cuando las propias empresas españolas figuran entre las principales beneficiarias del fuerte auge inversor que experimenta el Reino.

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