El dispositivo de seguridad preparado en España para el eclipse solar de este miércoles ha vuelto a situar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el centro de las críticas por la gestión de la reciente crisis migratoria de Ceuta. La movilización de más de 33.400 policías nacionales y guardias civiles para garantizar la seguridad durante el fenómeno astronómico ha servido a asociaciones profesionales y fuentes policiales para poner el foco en lo que consideran un fuerte contraste con los medios disponibles en la frontera durante el episodio del pasado 30 de julio.
Según informa OKDIARIO, el operativo moviliza a más de 24.000 efectivos de la Guardia Civil y alrededor de 9.400 agentes de la Policía Nacional. El Ministerio del Interior ha activado además un puesto de mando unificado para realizar el seguimiento del eclipse, mientras Marlaska tiene previsto mantener una reunión telemática con responsables de Protección Civil de las comunidades y ciudades autónomas y con representantes de la Agencia Estatal de Meteorología.
La dimensión del dispositivo ha reabierto las críticas dentro de los cuerpos de seguridad por la respuesta que se dio a la presión migratoria en Ceuta. Fuentes policiales consultadas por el citado medio cuestionan abiertamente «las prioridades de Marlaska» y consideran que el eclipse está recibiendo una capacidad de anticipación que, a su juicio, faltó en la frontera. «El eclipse se está sacando un poco de quicio, parece que se va a acabar el mundo», sostienen, antes de reprochar la «falta de previsión» en Ceuta pese a que, según defienden, existían señales suficientes para anticipar un fuerte incremento de las entradas.
El contraste se apoya especialmente en el dispositivo disponible el 30 de julio. De acuerdo con la msima fuente, 60 guardias civiles de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), apoyados por seis embarcaciones, cuatro de ellas neumáticas ligeras, formaban parte del dispositivo que tuvo que hacer frente al episodio de presión fronteriza de aquella jornada. El periódico cifra en 72.000 las personas que participaron en las entradas o intentos de entrada registrados durante la crisis.
Para el eclipse, en cambio, la Guardia Civil ha preparado un dispositivo de alcance nacional con más de 24.000 efectivos y presencia «por tierra, mar y aire». La vigilancia abarca más de 660 puntos de observación situados en demarcación del Instituto Armado, equivalentes al 84% de los identificados en España, con especial atención a las principales vías de comunicación, los accesos y los espacios naturales en los que se espera una mayor concentración de espectadores.
El despliegue reúne además un amplio abanico de especialidades: Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, Seprona, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, Greim, GEAS, Usecic, unidades fiscales y de fronteras y equipos de aeronaves no tripuladas, entre otras. A ello se suman medios terrestres, marítimos y aéreos y las capacidades tecnológicas de un Puesto de Mando Avanzado destinado al seguimiento permanente del operativo.
La Policía Nacional aportará, por su parte, unos 9.400 agentes. Los dispositivos territoriales han sido diseñados para asegurar los principales puntos de observación, evitar la saturación de accesos, mantener despejadas las vías de emergencia y reforzar la presencia policial en aparcamientos y nodos de transporte. La Unidad Aérea contará además con un dispositivo específico para impedir vuelos no autorizados de drones y otras aeronaves no tripuladas.
La controversia no gira, sin embargo, únicamente en torno al volumen de efectivos movilizados. El malestar se alimenta también de las advertencias que asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales aseguran haber realizado antes del 30 de julio. El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que no pudo anticipar un episodio de aquella magnitud y Marlaska ha negado haber recibido un aviso del CNI que permitiera preverlo. Las organizaciones profesionales, en cambio, mantienen que las señales de deterioro de la situación llevaban semanas encima de la mesa.
Uno de los primeros avisos públicos llegó el 10 de julio. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reclamó entonces instrucciones precisas para adaptar la actuación de los agentes a la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las entradas a nado por los espigones de Benzú y Tarajal. La resolución establece que el procedimiento de rechazo en frontera no resulta aplicable en esos supuestos y que debe tramitarse el correspondiente procedimiento administrativo de devolución. Según la asociación, las instrucciones y los refuerzos solicitados no llegaron.
Las advertencias continuaron a medida que aumentaba la presión. El 28 de julio, Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, alertó de que más de un millar de personas habían entrado a nado durante la semana anterior y denunció que los agentes afrontaban la situación «sin medios humanos y materiales suficientes». Un día después, la AUGC sostuvo que Ceuta estaba «colapsada» y volvió a reclamar recursos, además de recordar su petición de ampliar los espigones para reforzar su capacidad disuasoria.
La escalada también había llevado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a lanzar una advertencia el 29 de julio. Durante la semana previa al episodio del día 30 habían entrado hasta 1.800 inmigrantes y Vivas señaló que, si se mantenía un ritmo cercano a las 300 entradas diarias, en diez días podrían alcanzarse cifras comparables a las registradas durante la crisis de mayo de 2021.
Para la AUGC, esas señales invalidan la tesis de que lo ocurrido fuera imposible de prever. «Lo del día 30 no fue imprevisible, fue ignorado, que es muy distinto», aseguran fuentes de la organización citadas por OKDIARIO, que describen a unos agentes desbordados ante la magnitud de la presión fronteriza. La asociación sostiene además que los datos migratorios ya mostraban una tendencia diferenciada: mientras descendía la inmigración irregular en el conjunto de España y se reducía la ruta canaria, aumentaban los registros correspondientes al Estrecho y, particularmente, a Ceuta.
El eclipse ha terminado, de este modo, por devolver el foco político a la gestión de una crisis que Interior todavía no ha logrado dejar atrás. Más que el propio despliegue, concebido para un acontecimiento de alcance nacional y una elevada concentración de personas, lo que alimenta la controversia es la comparación con la capacidad de anticipación mostrada en Ceuta. Para los críticos de Marlaska, las advertencias previas y la magnitud de los recursos movilizados ahora ponen de nuevo sobre la mesa una pregunta que continúa marcando el debate sobre la crisis migratoria: si el problema del 30 de julio fue realmente la ausencia de señales o que las que existían no se tradujeron a tiempo en una respuesta suficiente.
