El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha decidido elevar la presión sobre el Gobierno español por la gestión de la crisis de Ceuta, trasladando la disputa desde el terreno parlamentario hasta los tribunales y los servicios de inteligencia. El líder de la oposición anunció este sábado que su formación se personará en la causa abierta en la Audiencia Nacional para esclarecer lo ocurrido durante la entrada masiva de migrantes de finales de julio y reclamará, además, explicaciones a la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro.
Feijóo realizó ambos anuncios durante el tradicional acto con el que el PP inaugura el curso político en Cerdedo-Cotobade, Pontevedra. Allí sostuvo que «los responsables del abandono tendrán que comparecer y rendir cuentas ante la Justicia» y vinculó la iniciativa judicial con las discrepancias que han aflorado esta semana entre distintos miembros del Ejecutivo acerca de la información de la que disponían los servicios del Estado antes de la crisis.
La causa en la que pretende personarse el PP está en manos de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que el pasado 3 de agosto abrió diligencias previas para determinar si los hechos relacionados con la entrada masiva en Ceuta pueden derivar en responsabilidades penales.
La iniciativa añade así una vertiente judicial a una ofensiva política que hasta ahora se había desarrollado fundamentalmente en el Congreso. Durante las comparecencias extraordinarias celebradas esta semana, el papel del CNI se convirtió en uno de los principales focos de controversia debido a las distintas explicaciones ofrecidas desde el Ejecutivo sobre si existieron o no advertencias previas acerca del riesgo de una llegada masiva.
Feijóo pretende llevar ahora ese debate directamente hasta la máxima responsable de los servicios de inteligencia. El dirigente popular anunció que su partido solicitará la comparecencia de Casteleiro en el Senado para que explique «qué sabía el Gobierno» y contribuya, según sus palabras, a esclarecer «toda la verdad» sobre lo sucedido.
El movimiento, sin embargo, presenta una particularidad política e institucional. La petición llega después de que la Mesa del Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta, rechazara una iniciativa de Vox para que Casteleiro compareciera en la Cámara Alta por la crisis de Ceuta. El rechazo se fundamentó en que las cuestiones relativas a materias clasificadas del CNI se abordan en la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados del Congreso, conocida como Comisión de Secretos Oficiales.
Más allá de esa circunstancia, el anuncio confirma que Ceuta ocupará un lugar destacado en la estrategia con la que Feijóo encara el nuevo curso político. En el mismo discurso en el que anunció la personación judicial y la iniciativa sobre el CNI, el presidente del PP presentó 2026 como el año del «cambio de Gobierno» y apeló al voto del «cabreo y la esperanza», situando la actuación del Ejecutivo durante la crisis entre los argumentos con los que pretende intensificar su ofensiva contra Pedro Sánchez.
El PP busca también extender las responsabilidades políticas más allá del Consejo de Ministros. Feijóo sostuvo que los socios parlamentarios que han respaldado al Ejecutivo durante la legislatura tampoco pueden desentenderse ahora de su actuación ante la emergencia ceutí.
La ofensiva coincide, además, con el endurecimiento del pulso entre PP y Vox alrededor de la crisis. La formación de Santiago Abascal ha elevado durante los últimos días el tono de sus acusaciones, reclamando que se investigue una eventual responsabilidad de Sánchez por posibles delitos contra la seguridad del Estado y calificando lo ocurrido en Ceuta como un «plan de asalto contra la integridad territorial» española.
Feijóo ha incorporado a esa estrategia un tercer componente, el de la movilización. El dirigente popular confirmó que viajará el próximo 2 de septiembre a Ceuta, coincidiendo con el Día de la Autonomía, y llamó a los ciudadanos a participar en las concentraciones convocadas frente a los ayuntamientos españoles en solidaridad con la ciudad.
El presidente del PP tiene previsto desplazarse por la mañana a Ceuta y participar por la tarde en la concentración de Madrid. Según defendió, las movilizaciones «no van contra nadie», sino que buscan transmitir a los ceutíes el respaldo del resto de España.
En su diagnóstico, Feijóo sostiene que Ceuta no atraviesa únicamente una crisis migratoria, sino una situación de «abandono del Estado», con servicios públicos sometidos a una fuerte presión y una convivencia deteriorada. También reprocha al Ejecutivo haber tardado casi un mes en activar el mecanismo extraordinario de Seguridad Nacional, establecer un mando único, reclamar refuerzos europeos y reforzar los servicios de Extranjería.
La decisión adoptada este sábado amplía, por tanto, el alcance político de la crisis. El PP no se limita ya a exigir responsabilidades en sede parlamentaria: pretende adquirir presencia procesal en la investigación de la Audiencia Nacional, mantener abierto el interrogante sobre la información manejada por el CNI y llevar el respaldo a Ceuta a las calles el próximo 2 de septiembre.
Ceuta entra así en septiembre convertida en uno de los principales campos de confrontación entre el Gobierno y la oposición, pero también en un terreno donde PP y Vox compiten con estrategias y grados de intensidad distintos. Para Feijóo, la crisis pasa a formar parte de una ofensiva más amplia con la que pretende disputar a Sánchez el relato sobre la capacidad del Estado para anticipar y gestionar una emergencia que, un mes después de su inicio, continúa proyectando sus consecuencias sobre la política española.
