La difusión de cuatro tablas por parte del grupo de hackers que opera bajo el nombre de Jabaroot ha encontrado un amplio eco en la prensa española. Sus autores sostienen que los archivos reúnen datos de cerca de 70.000 personas vinculadas a los servicios de seguridad e inteligencia de Marruecos, una afirmación que varios medios españoles dieron rápidamente por válida, presentando la «lista» como la revelación de un enorme entramado de «espías marroquíes», mientras que El Confidencial llegó a calificarla de «tesoro de oro».
Jabaroot difundió los archivos a través de Telegram el pasado 24 de agosto, presentándolos como una base de datos de miembros de los servicios de seguridad e inteligencia, una versión de la que rápidamente se hicieron eco varios medios españoles.
En este sentido, La Razón habló, por ejemplo, de la revelación de la «identidad de 70.000 agentes marroquíes», mientras La Sexta se refirió a «70.000 agentes marroquíes». El Debate, por su parte, presentó el contenido como información sobre miles de miembros de los servicios de inteligencia y de la Policía. Otros medios llegaron a reproducir expresiones empleadas por el propio grupo, que describió la operación como un «regalo para España».
No obstante, la cuestión de fondo no reside en la existencia o no de archivos filtrados, sino en determinar la verdadera naturaleza de las personas que figuran en ellos, el origen y la fecha de los datos y hasta qué punto resulta fundada la atribución de todos los nombres incluidos a los servicios de inteligencia marroquíes. El cotejo de los nombres que aparecen en la lista mediante fuentes abiertas revela una serie de inconsistencias que impiden acreditar, con los elementos disponibles, su caracterización como una «lista de espías marroquíes».
En esta misma línea, el diario francés Le Monde, que aseguró haber tenido acceso a las cuatro tablas, abordó la información con mayor cautela y señaló expresamente que no es posible acreditar la autenticidad de las listas publicadas. El rotativo añadió que, por la naturaleza de la información que contienen, los datos podrían proceder de «un servicio o programa de gestión de nóminas».
A ello se suma otro elemento señalado por Le Monde; la fecha de contratación más reciente que figura en los datos se remonta a 2020. Esto implica que, incluso si se diera por auténtica una parte de los archivos, estos parecen corresponder a una base de datos antigua y no a un registro actualizado de la composición actual de los servicios de seguridad e inteligencia.
Una de las paradojas más evidentes es la presencia de nombres de personas que ya han fallecido. Entre ellos figura Abdelhak Khiame, antiguo director de la Oficina Central de Investigaciones Judiciales, fallecido en 2022 y cuyo nombre, sin embargo, aparece entre los datos publicados.
Le Monde también señala que la lista principal mezcla a agentes y empleados adscritos a la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) con otros pertenecientes a la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), una distinción fundamental que buena parte de la cobertura mediática pasó por alto al reducir a todos los incluidos en la base de datos a la categoría de “espías”.
Por su parte, una verificación realizada por Assahifa sobre una muestra de los nombres y datos publicados permitió extraer observaciones similares. Junto a identidades vinculadas efectivamente a la institución policial, aparecen datos difíciles de asociar con personas reales, así como nombres aparentemente compuestos o que contienen errores. Assahifa pudo confirmar, además, que algunos de los incluidos corresponden a empleados administrativos que trabajan en servicios dependientes de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) y no desempeñan funciones de inteligencia.
Esta constatación coincide con lo señalado por Akram Kharief, especialista en cuestiones de seguridad en el norte de África, quien, según recoge Le Monde, sostiene que por el momento no existen elementos que permitan afirmar de manera concluyente que las 70.000 personas incluidas en los archivos sean «espías marroquíes». Kharief apunta, en este sentido, que entre ellas podría haber policías, empleados administrativos y funcionarios públicos que no desempeñan ninguna actividad de carácter secreto.
La posibilidad de que los datos tengan un origen administrativo cobra además fuerza a la luz de anteriores ciberataques contra bases vinculadas a empleados públicos. Le Monde recuerda, a este respecto, el ataque informático que sufrió en 2025 una entidad relacionada con la cobertura sanitaria de los funcionarios y que acabó con la publicación de información de cerca de tres millones de afiliados, además de otras filtraciones previas que expusieron datos de millones de trabajadores. Estos antecedentes refuerzan la hipótesis de que parte de los archivos difundidos ahora proceda de la recopilación o reclasificación de información filtrada con anterioridad, y no necesariamente de un acceso directo y reciente a las bases de datos de la DGST.
Pese a estos indicios, el seguimiento realizado por Assahifa muestra que una parte de la prensa española acogió la versión inicial con escasas reservas. Medios como La Razón, junto con otras cabeceras de amplia difusión, presentaron la filtración como la revelación de miembros de la inteligencia marroquí antes de que mediara una verificación independiente sobre la identidad de las decenas de miles de personas incluidas en los archivos. Algunas coberturas fueron incluso más allá al vincular directamente los nombres con los acontecimientos de Ceuta y con las afirmaciones de Jabaroot que atribuían a los servicios marroquíes la responsabilidad de aquellos hechos.
De acuerdo con los datos recopilados por Assahifa, tampoco puede descartarse de manera concluyente que se haya producido una filtración de carácter sensible. Si se acreditara la autenticidad parcial o total de los archivos, estos contendrían efectivamente información personal y administrativa que debe ser tratada con la debida seriedad.
Ahora bien, existe una diferencia sustancial, tanto desde el punto de vista periodístico como jurídico, entre informar de la filtración de una base de datos con información sobre decenas de miles de empleados de organismos de seguridad y afirmar categóricamente que Marruecos ha perdido una «lista de 70.000 espías».
Los elementos disponibles hasta el momento no permiten sostener semejante conclusión, dadas las numerosas deficiencias detectadas tanto en los nombres como en los datos publicados en la lista.
Esta disparidad en el tratamiento por parte de los medios españoles plantea, a su vez, una cuestión de carácter profesional sobre la cobertura de los asuntos relacionados con Marruecos, especialmente en el clima de tensión posterior a los acontecimientos de Ceuta. La rapidez con la que una afirmación procedente de un grupo de identidad desconocida pasó a presentarse como una información cierta, pese a la existencia de indicios fácilmente verificables, como la antigüedad de las fechas, la presencia de personas fallecidas y de empleados administrativos en las listas, hace aún más necesaria la verificación tanto de la fuente como del contenido.
En este contexto, Assahifa se puso en contacto con el portavoz oficial de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) para recabar aclaraciones sobre la naturaleza de los datos publicados, su posible vinculación con bases de datos de la Seguridad Nacional o de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST), así como sobre la identidad de las personas y las funciones profesionales que figuran en los archivos, a la espera de completar la información oficial en torno a uno de los asuntos de ciberseguridad más sensibles que han circulado en los últimos días.
Sin embargo, hasta el momento de la publicación de este reportaje, Assahifa no había recibido respuesta alguna que permitiera confirmar o desmentir la veracidad de esos datos.
A falta de una aclaración oficial o de una verificación técnica independiente que determine la naturaleza y el origen de los archivos, los hechos conocidos hasta el momento dibujan un panorama mucho más complejo que el reflejado en los titulares que presentaron la filtración como la revelación confirmada de «70.000 espías marroquíes».
Los datos publicados contienen, en efecto, nombres e información que se atribuyen, al menos en parte, a empleados de organismos de seguridad marroquíes. Sin embargo, este elemento no basta por sí solo para acreditar que todas las personas que figuran en los archivos sean miembros de los servicios de inteligencia o agentes secretos.
Las propias anomalías detectadas en las listas refuerzan la necesidad de mantener esa cautela. Entre ellas, la aparición de nombres compuestos o imprecisos, la inclusión de personas fallecidas desde hace años y la presencia de empleados que desempeñan funciones estrictamente administrativas, sin relación alguna con labores de inteligencia.
La propia cifra difundida, 70.000 “espías”, plantea además interrogantes lógicos y profesionales sobre el criterio utilizado para elaborar semejante clasificación. Se trata de una cifra de una magnitud excepcional que difícilmente puede ser presentada como una red efectiva de inteligencia sin pruebas independientes, específicas y verificables, incluso si se compara con los servicios de inteligencia de grandes potencias que disponen de presupuestos y recursos humanos y tecnológicos considerablemente superiores.
