Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional y el tribunal denuncia un ataque al Estado de derecho

Estados Unidos ha anunciado este viernes nuevas sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), una decisión que eleva el tono del enfrentamiento entre la Administración de Donald Trump y el tribunal de La Haya y que ha abierto una brecha con varios de sus aliados europeos. Washington pretende restringir las operaciones financieras de la institución, mientras la CPI denuncia un ataque al Estado de derecho y reclama el respaldo de sus 125 Estados miembros.

El anuncio llega, además, pocas horas después de que la jurista sudafricana Navanethem Navi Pillay, de 85 años, antigua magistrada de la CPI, recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026, entre otros méritos por su trayectoria en la justicia internacional. La distinción ha reavivado las tensiones con Israel, cuyo Gobierno mantiene desde hace años un enfrentamiento con Pillay por sus investigaciones sobre la situación en los territorios palestinos ocupados.

En 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas, presidida entonces por la jurista sudafricana, concluyó que Israel estaba cometiendo un "genocidio" en la Franja de Gaza. Las autoridades israelíes rechazaron aquellas conclusiones y cuestionaron la imparcialidad de la comisión. La concesión del Nobel ha devuelto esa controversia al primer plano internacional, coincidiendo con una nueva ofensiva diplomática estadounidense contra la CPI.

El encargado de anunciar las sanciones fue el secretario de Estado, Marco Rubio, quien defendió la decisión como una medida destinada a "proteger la soberanía estadounidense" y a sus ciudadanos frente a una jurisdicción que Washington no reconoce. Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, tratado que dio origen al tribunal, y considera que la Corte se excede al investigar a ciudadanos de países que no se han adherido a él.

Rubio, que llegó a calificar a la CPI de "tribunal sin escrúpulos", anunció la prohibición de mantener transacciones financieras con la institución para privarla de recursos y reducir su capacidad de funcionamiento. La medida no tendrá, sin embargo, efectos inmediatos.

Washington ha concedido un plazo de 180 días antes de su entrada en vigor, durante el cual espera alcanzar una salida negociada. El período podrá ampliarse o acortarse en función de los avances diplomáticos, según precisó el Departamento de Estado.

Las restricciones contemplan algunas excepciones, entre ellas los servicios de mantenimiento informático, el acceso a plataformas de almacenamiento en la nube, las operaciones relacionadas con el sistema de pensiones de la Corte y determinadas actividades vinculadas a las personas detenidas bajo su custodia.

Rubio aseguró que su Gobierno había buscado previamente una solución diplomática, pero reprochó tanto al tribunal como a sus Estados miembros que no hubieran atendido las preocupaciones estadounidenses. También emplazó a los aliados de Washington a intervenir para frenar lo que considera excesos de la institución.

"Esperamos que nuestros aliados moderen el entusiasmo de la Corte", sostuvo el secretario de Estado, antes de advertir de que Estados Unidos continuará desmantelando su capacidad de actuación "ladrillo a ladrillo" si no se alcanza un entendimiento.

Netanyahu celebra las sanciones y arremete contra la Nobel de la Paz

La decisión estadounidense fue recibida favorablemente por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien describió a la CPI como un "peligro mortal para las democracias respetuosas con el derecho" y volvió a cuestionar su independencia.

"La CPI no es un tribunal. Es una entidad política", afirmó Netanyahu, quien agradeció públicamente a Trump y Rubio las sanciones anunciadas.

El mandatario israelí está sujeto desde 2024 a una orden de detención dictada por la Corte por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad relacionados con la guerra en Gaza. Israel rechaza las acusaciones y no reconoce la competencia del tribunal para juzgar a sus dirigentes.

Netanyahu también cargó contra Navi Pillay tras conocerse la concesión del Nobel. En un mensaje publicado en X, acusó a la jurista de alimentar prejuicios contra los judíos y sostuvo que el Comité Nobel había perdido su "brújula moral". Sus declaraciones reflejan la persistencia del enfrentamiento con quien presidió la comisión de Naciones Unidas cuyas conclusiones sobre Gaza fueron rechazadas por su Gobierno.

La CPI reclama el respaldo de sus 125 Estados miembros

La respuesta de La Haya no se hizo esperar. En un comunicado, la Corte Penal Internacional calificó las sanciones de "ataque contra el Estado de derecho y los fundamentos mismos del orden jurídico internacional" y denunció que comprometen el principio según el cual nadie está por encima de la ley.

La presidenta del tribunal, Tomoko Akane, aseguró que la institución seguirá desempeñando sus funciones con independencia e imparcialidad, guiándose exclusivamente por el derecho y las pruebas. También denunció que las medidas estadounidenses buscan intimidar a los funcionarios judiciales y entorpecer las investigaciones en curso.

La CPI apeló directamente a sus 125 Estados miembros para que salgan en defensa de la institución. En su comunicado advirtió de que el futuro del tribunal depende también de los países que contribuyeron a crearlo y de su disposición a garantizar que pueda seguir investigando los crímenes internacionales más graves.

"La historia juzgará este momento", afirmó la Corte, al tiempo que recordó que las consecuencias de las sanciones podrían alcanzar a las víctimas que recurren a la justicia internacional.

Europa y Naciones Unidas rechazan las medidas de Washington

Las sanciones han provocado una respuesta diplomática de varios aliados tradicionales de Estados Unidos. Los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y Reino Unido difundieron una declaración conjunta en la que reafirmaron su apoyo a la independencia, imparcialidad e integridad de la CPI.

La Comisión Europea lamentó igualmente la decisión estadounidense y aseguró que la Unión Europea está dispuesta a adoptar las medidas necesarias para permitir que el tribunal continúe desarrollando su trabajo.

Desde Países Bajos, país que alberga la sede de la Corte, el primer ministro Rob Jetten calificó las sanciones de "profundamente lamentables", aunque evitó dar por agotada la vía diplomática. A su juicio, los seis meses que median hasta su entrada en vigor ofrecen un margen para seguir negociando con Washington.

Naciones Unidas también expresó su rechazo. El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, consideró las restricciones "inaceptables" y denunció una sucesión de medidas contra la CPI y su personal por su labor en materia de responsabilidad penal internacional. El secretario general de la ONU, por su parte, advirtió de que las sanciones suponen un serio golpe para el derecho internacional.

La Corte Penal Internacional, que comenzó a funcionar en 2002, tiene competencia para investigar y juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y, bajo determinadas condiciones, el crimen de agresión. Su actuación se rige por el Estatuto de Roma, del que no forman parte ni Estados Unidos ni Israel.

Con las sanciones anunciadas y un plazo de seis meses sobre la mesa, Washington y los Estados miembros de la CPI disponen ahora de un margen para tratar de acercar posiciones. Estados Unidos mantiene sus objeciones a la jurisdicción del tribunal, mientras La Haya reivindica sus competencias y el respaldo de los países firmantes del Estatuto de Roma. La aplicación definitiva de las restricciones dependerá de unas negociaciones que arrancan con las posiciones todavía muy alejadas.

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