El Gobierno español ha terminado por recurrir a las agencias europeas para reforzar la gestión de la crisis migratoria de Ceuta, casi un mes después de las entradas masivas registradas los días 30 y 31 de julio. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha solicitado formalmente a la Comisión Europea el apoyo de Frontex, Europol y la Agencia de la Unión Europea para el Asilo (EUAA), modificando así la posición que su departamento había mantenido hasta hace apenas una semana.
El cambio resulta especialmente significativo porque Interior había descartado recurrir a Frontex pese a los sucesivos ofrecimientos procedentes de Bruselas. El 21 de agosto, fuentes del departamento de Grande-Marlaska aseguraron que la intervención de la agencia europea «no figura entre las iniciativas del ministerio» para afrontar la crisis y respondieron «en este momento, no» a la posibilidad de solicitar su participación. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, había puesto anteriormente los recursos de Frontex a disposición de España, entre otros contactos, durante conversaciones mantenidas con Marlaska el 31 de julio y el 17 de agosto.
La posición ha cambiado una semana después. En una carta dirigida a la directora general de Migración y Asuntos Internos de la Comisión Europea, Beate Gminder, Marlaska solicita que Frontex, Europol y la EUAA se incorporen al dispositivo encargado del triaje y de la posterior tramitación de los expedientes individuales de los migrantes que todavía permanecen en Ceuta de manera irregular. La comunicación constituye, además, la respuesta española al ofrecimiento formal que Gminder había remitido el pasado 21 de agosto al embajador de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso.
La petición concreta dirigida a Frontex contempla la incorporación de diez agentes adicionales para acelerar la recogida de información y la identificación de las personas que todavía no han pasado por el procedimiento de triaje. El objetivo es determinar la situación administrativa de cada persona y encauzar posteriormente cada expediente hacia los procedimientos que correspondan, desde una eventual solicitud de protección internacional hasta el retorno.
Interior pretende igualmente prolongar la Operación Minerva, actualmente desplegada en los puertos de Ceuta, Algeciras y Tarifa coincidiendo con la Operación Paso del Estrecho. El dispositivo, dirigido por la Policía Nacional y coordinado conjuntamente con Frontex, comenzó el 10 de junio y tenía prevista su finalización el próximo 2 de septiembre. El Gobierno solicita ahora mantenerlo operativo más allá de esa fecha durante el tiempo que resulte necesario para gestionar las consecuencias de la crisis.
La presencia previa de Frontex en Ceuta introduce, no obstante, una precisión importante: España no había rechazado cualquier actividad de la agencia europea en la ciudad, puesto que esta ya participaba en Minerva. Lo que Interior había descartado era utilizar específicamente sus capacidades para gestionar la emergencia derivada de las entradas del 30 y 31 de julio. Esa es precisamente la función para la que ahora Madrid solicita refuerzos.
La solicitud española va además más allá de Frontex. Madrid reclama la participación de Europol y pide a la EUAA apoyo para realizar entrevistas y aportar intérpretes durante la tramitación de los expedientes. Debido a las limitaciones de espacio existentes en Ceuta, Interior contempla que parte de estas entrevistas puedan realizarse por vía telemática. Una vez completadas las identificaciones y, cuando proceda, los procedimientos de asilo en frontera, el Ejecutivo pretende volver a recurrir a Frontex para ejecutar determinados retornos mediante los mecanismos de cooperación de la agencia con los países de origen.
La decisión llega cuando las propias cifras oficiales muestran que la crisis está lejos de darse por cerrada. Marlaska afirmó el viernes en el Congreso que alrededor de 5.000 migrantes, entre ellos unos 1.500 menores, continúan en Ceuta. El ministro situó en 72.000 el número de personas que entraron durante las jornadas del 30 y 31 de julio y sostuvo que la mayoría regresó voluntariamente en las primeras veinticuatro horas. Las cifras sobre quienes permanecen actualmente en la ciudad son, sin embargo, objeto de controversia política y local.
El recurso a Bruselas coincide asimismo con una ampliación progresiva de la respuesta estatal. El Gobierno declaró esta semana por primera vez la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, al reconocer oficialmente que la presión migratoria había afectado las capacidades de control fronterizo, identificación, acogida, atención humanitaria y funcionamiento ordinario de distintos servicios públicos.
A ello se suma una solicitud española de más de 32 millones de euros en ayuda europea de emergencia, destinada a afrontar los costes derivados de la crisis en ámbitos relacionados con el asilo, la migración y la gestión fronteriza.
Bruselas, por su parte, ha reaccionado este sábado anunciando que ya trabaja en la petición española. El comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha calificado de «compleja» la situación que persiste en Ceuta y ha asegurado que la Comisión adoptará una decisión «rápida» sobre el refuerzo solicitado por Madrid.
