El Gobierno español estaría tratando de calibrar hasta dónde llega el peso de España en el abastecimiento energético de Marruecos y qué margen podría ofrecerle esa posición en un escenario de nuevas tensiones con Rabat. Según reveló este martes Mañaneros 360, de la radiotelevisión pública RTVE, Madrid habría promovido la elaboración de un «plan de contingencia» que pone el foco en los flujos de gas, electricidad e hidrocarburos entre las dos orillas del Estrecho y en su eventual utilización como elemento de disuasión ante futuras crisis.
La revelación abre un frente hasta ahora prácticamente ausente del discurso público entre ambos gobiernos, pero no permite concluir que exista una decisión de recurrir a la energía como arma de presión. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha hecho público el supuesto documento ni ha precisado qué departamento lo habría encargado, de modo que, por ahora, la información descansa en lo avanzado por RTVE y no en una iniciativa reconocida oficialmente por La Moncloa.
De acuerdo con la cadena pública, el trabajo habría sido solicitado a las principales empresas del sector y debería estar terminado en septiembre. La intención sería disponer de una fotografía precisa de los flujos que atraviesan España con destino a Marruecos y del papel que desempeñan las infraestructuras gestionadas por operadores como Red Eléctrica y Enagás, tanto por su capacidad como por el grado de utilización de las conexiones existentes.
El trasfondo sería la reciente crisis migratoria en Ceuta. RTVE sostiene que el objetivo pasa por saber qué cartas podría jugar España si volviera a producirse una situación de presión en la frontera y atribuye al escenario manejado por Madrid la posibilidad de que esa presión sea nuevamente «alimentada» desde territorio marroquí. Esa formulación no ha sido asumida públicamente por el Gobierno español y contrasta con la posición oficial mantenida por sus principales responsables durante las últimas semanas.
De hecho, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró este mismo martes que Marruecos sigue siendo «absolutamente» un socio fiable. La ministra también había rechazado horas antes que el Reino constituya una amenaza para Ceuta o para España y volvió a encuadrar la relación con Rabat en el terreno de la cooperación estratégica. La aparente distancia entre ese discurso y el contenido atribuido al estudio convierte la información de RTVE en un elemento especialmente sensible para las relaciones bilaterales.
La cuestión adquiere todavía más relieve por la densidad de los intereses que unen a los dos países. España y Marruecos mantienen una relación que desborda ampliamente el terreno migratorio y abarca el comercio, las inversiones, la seguridad, la cooperación policial y el control fronterizo, además de la organización conjunta, junto con Portugal, del Mundial de 2030. De ahí que la eventual búsqueda de palancas de presión energética introduzca un elemento difícil de encajar con una asociación que Madrid y Rabat vienen presentando públicamente como estratégica.
El eventual margen energético que analiza el estudio del que informa RTVE se apoya, en cualquier caso, en unas conexiones muy concretas entre los dos países. Los últimos datos de Enagás muestran que durante julio salieron hacia Marruecos a través de Tarifa 992 GWh de gas, mientras que el volumen acumulado entre enero y julio de 2026 alcanzó los 4.950 GWh, un 13,7 % menos que en el mismo periodo del año anterior.
El flujo en esta dirección comenzó en junio de 2022, cuando el gas volvió a circular por el gasoducto Magreb-Europa, esta vez desde España hacia Marruecos. El cambio se produjo después de que Argelia decidiera no renovar en 2021 el contrato que permitía transportar gas argelino hasta la Península a través de territorio marroquí.
Ese vínculo, sin embargo, no significa que Marruecos dependa directamente de gas propiedad de España. Rabat compra el combustible en los mercados internacionales y recurre a las terminales y a la red gasista españolas para introducirlo posteriormente en el gasoducto de Tarifa. Entre los acuerdos suscritos por Marruecos figura un contrato con Shell por unos 500 millones de metros cúbicos anuales.
El propio gasoducto Magreb-Europa tampoco está en manos de un único operador español. Sus diferentes tramos están vinculados a varias compañías, entre ellas Enagás en España, Metragaz en Marruecos, Sonatrach en Argelia y Galp en Portugal. Por ello, reducir esta relación a la posibilidad de que Madrid pueda simplemente «cerrar el grifo» no refleja la complejidad contractual, empresarial e internacional que rodea a esta infraestructura.
La otra pieza fundamental es la electricidad. España y Marruecos están conectados a través de dos enlaces submarinos entre Tarifa y Fardioua, puestos en servicio en 1997 y 2006. Ambos funcionan a 400 kilovoltios y cuentan con una capacidad técnica de 700 MW cada uno, según Red Eléctrica.
Pero esas interconexiones no funcionan únicamente en beneficio de Marruecos. El apagón que golpeó la Península Ibérica el 28 de abril de 2025 dejó una muestra especialmente significativa de esa relación de doble sentido. Durante las labores para recuperar el sistema eléctrico español, Marruecos, al igual que Francia, aportó electricidad a través de las conexiones internacionales. El episodio puso de manifiesto que la infraestructura que ahora aparece en el debate como una posible baza española también puede convertirse, en situaciones críticas, en un respaldo para el propio sistema eléctrico de España.
La noción de dependencia exige, por tanto, algunos matices. Marruecos utiliza infraestructuras españolas para una parte de sus importaciones de gas y electricidad, pero la relación energética entre las dos orillas no discurre en una sola dirección ni puede aislarse del entramado de intereses compartidos. Convertir esas conexiones en una herramienta de presión supondría llevar al terreno político unas infraestructuras concebidas precisamente para reforzar la integración y la seguridad energética entre ambos sistemas.
La cooperación migratoria choca con el escenario atribuido a Madrid
El enfoque atribuido al supuesto plan español resulta igualmente difícil de separar de lo ocurrido sobre el terreno durante la reciente crisis migratoria. Marruecos ha reforzado sus dispositivos de vigilancia en el norte del país para impedir intentos de entrada irregular hacia Ceuta y, el pasado 15 de agosto, las fuerzas de seguridad marroquíes frustraron una nueva tentativa protagonizada por cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se encontraban en las inmediaciones de Fnideq.
La actuación se produjo después de varios días de movilización preventiva y de refuerzo de los controles en las carreteras y zonas próximas a la frontera. Ese papel de Marruecos como primer cinturón de contención de los flujos hacia Ceuta introduce un contrapunto relevante frente al escenario recogido por RTVE, que sitúa una eventual presión migratoria procedente de territorio marroquí entre las hipótesis que justificarían la búsqueda de instrumentos de disuasión.
La paradoja es especialmente visible porque el propio Gobierno español ha defendido durante la crisis la cooperación con Rabat y ha seguido calificando al Reino de socio estratégico. Plantear al mismo tiempo, aunque sea en un documento de contingencia todavía no confirmado oficialmente, la posibilidad de identificar vulnerabilidades energéticas marroquíes abre interrogantes sobre si Madrid se limita a preparar escenarios preventivos o si pretende dotarse de nuevas cartas para gestionar futuras tensiones bilaterales.
Bruselas ofrece apoyo a Ceuta mientras el eventual plan energético sigue sin respaldo europeo confirmado
El tercer elemento de la información difundida por Mañaneros 360 apunta hacia Bruselas. Según el programa, Madrid tendría previsto trasladar el estudio a las instituciones europeas con vistas a buscar respaldo financiero, bajo el argumento de que Ceuta forma parte de la frontera exterior de la Unión Europea.
Existe un precedente reciente de apoyo comunitario, aunque referido exclusivamente a la gestión migratoria y fronteriza. El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, anunció el pasado 3 de agosto que la Comisión Europea estaba en disposición de facilitar a España ayuda financiera de emergencia para reforzar la frontera exterior en Ceuta, gestionar los retornos y prevenir nuevas llegadas.
Ese ofrecimiento no implica, sin embargo, que Bruselas haya dado luz verde al supuesto plan energético ni que exista financiación europea comprometida para desarrollarlo. Son dos cuestiones distintas que, por el momento, no cuentan con una conexión oficial conocida.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también respaldó la gestión española y marroquí de la reciente crisis migratoria y volvió a presentar a Marruecos como un socio estratégico en la lucha contra la inmigración irregular, al tiempo que planteó reforzar los recursos europeos, tanto financieros como técnicos, destinados a la frontera de Ceuta.
La información de RTVE introduce así un factor hasta ahora inédito en la gestión de las recientes tensiones entre Rabat y Madrid, al colocar la energía entre los posibles instrumentos de disuasión que España estaría estudiando. La incógnita no reside únicamente en qué capacidad real tendría España para utilizar esas conexiones como herramienta de presión, sino también en el coste que semejante movimiento podría tener para una relación construida sobre intereses económicos, energéticos, migratorios y de seguridad compartidos.
