El gobierno español anunció este jueves el envío de la fragata Cristóbal Colón (F105) a Chipre para reforzar la defensa aérea en el Mediterráneo oriental, tras el aumento de las tensiones en la región debido a ataques con drones y misiles contra una base militar en la isla.
Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa, la fragata, que desde el pasado 3 de marzo participaba en tareas de entrenamiento y protección encuadrada en un grupo naval liderado por el portaaviones francés Charles de Gaulle en el mar Báltico, centrará su nueva misión en la defensa antiaérea, la protección del tráfico marítimo y el apoyo a posibles evacuaciones de civiles si la situación lo requiere.
La decisión ha desatado de inmediato una oleada de críticas políticas:
· Ione Belarra, secretaria general de Podemos, calificó la medida como una contradicción con el discurso de "No a la guerra" del presidente Pedro Sánchez, y exigió el cierre de las bases militares de Rota y Morón, así como una política exterior coherente con un posicionamiento antibelicista.
· Lorena Rojas, dirigente de Vox, también censuró la iniciativa, acusando al Ejecutivo de abandonar el principio de no intervención para proyectarse como una "potencia militar fiable" en la UE, a costa de la estabilidad nacional y los intereses del pueblo español. A su juicio, esta maniobra implica a España en conflictos ajenos y multiplica los riesgos políticos y económicos.
Estas declaraciones evidencian una profunda fractura política en torno a la decisión del gobierno: mientras el Ejecutivo la defiende como una acción necesaria para garantizar la seguridad de los aliados europeos, la oposición la interpreta como una implicación peligrosa en un conflicto de dimensiones impredecibles.
