El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado nuevas diligencias de investigación en el marco del caso Plus Ultra tras apreciar indicios de un presunto entramado empresarial integrado por al menos 27 sociedades que, según el auto judicial, habrían servido para canalizar fondos mediante contratos de asesoría presuntamente ficticios y operaciones económicas sin una justificación aparente.
De acuerdo con la información recogida por laSexta, que ha tenido acceso a la resolución, el magistrado identifica al empresario Julio Martínez Martínez, como supuesto gestor de esa estructura societaria y sostiene que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero habría sido el presunto beneficiario principal de parte de los fondos investigados. Las diligencias se enmarcan en la investigación que dirige la Audiencia Nacional sobre distintas operaciones relacionadas con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.
Dicha resolución sostiene que la red empresarial estaba integrada por sociedades con características comunes, entre ellas domicilios coincidentes, modificaciones societarias simultáneas y una intensa circulación de fondos entre empresas del mismo entorno. A juicio del instructor, esa operativa habría permitido ocultar el origen y el destino del dinero, justificar determinados pagos mediante contratos de consultoría y dificultar la trazabilidad de las operaciones financieras.
El documento señala que varias empresas, entre ellas Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor, habrían actuado como supuestas fuentes de financiación de la estructura investigada. Otras mercantiles, como Caletón Consultores, Summer Wind y Zenzap, habrían desempeñado, siempre según el juez, un papel clave en la redistribución de fondos hacia sociedades vinculadas al entorno de Julio Martínez, incluida Whathefav, empresa relacionada con las hijas de Zapatero.
Entre las sociedades analizadas figura ASP Rentas SL, que registró cerca de dos millones de euros en movimientos entre 2020 y 2025, pese a declarar unos ingresos sensiblemente inferiores. El juez considera que existen indicios de que pudo utilizarse como vehículo para canalizar pagos procedentes de contratos de asesoría cuya realidad está siendo investigada.
La investigación también examina la actividad de Zenitram Partners, que contabilizó operaciones superiores a 1,8 millones de euros, incluidas compraventas inmobiliarias y adquisiciones de vehículos de alta gama. Según el auto judicial, entre la documentación intervenida figura un correo electrónico que apuntaría a la emisión de una factura presuntamente falsa.
Otra de las sociedades bajo investigación es Zenzap, que, pese a no registrar actividad mercantil, trabajadores ni depósito de cuentas desde 2019, habría movido más de 3,8 millones de euros. El magistrado considera que pudo actuar como un instrumento para redistribuir fondos dentro del supuesto entramado.
la resolución incorpora además operaciones realizadas por Mérida Capital, Nez Asesores, Pickashop, Affita, Affita Capital e Iot Domotic Europe, al apreciar movimientos financieros que requieren un mayor esclarecimiento por su volumen o por las relaciones mantenidas con otras sociedades investigadas.
En paralelo, se destaca que entre 2020 y 2021 no constaban cuentas bancarias personales de Julio Martínez en España, circunstancia que, según el juez, podría apuntar al uso de cuentas societarias, medios de pago extranjeros o efectivo. A partir de 2022 sí aparecen cuentas abiertas en entidades españolas, aunque el magistrado afirma que todavía no ha sido posible determinar plenamente el origen de los fondos.
Asimismo, el auto pone de relieve la existencia de numerosos movimientos internos entre sociedades, operaciones de compensación y transferencias con conceptos genéricos que, según el instructor, dificultan reconstruir el recorrido del dinero y comprobar su correspondencia con la actividad declarada por las empresas.
La causa permanece en fase de instrucción y las conclusiones recogidas en el auto judicial responden a indicios que continúan siendo objeto de investigación judicial, sin que exista por el momento una resolución sobre el fondo del procedimiento.
