España y Marruecos han decidido reforzar los mecanismos de cooperación para responder al incremento de entradas irregulares registrado en Ceuta durante los últimos días y en espaciel este jueves. Ambos gobiernos trabajarán en la aplicación de medidas que permitan gestionar con la mayor rapidez posible el retorno de las personas que accedieron ilegalmente a la ciudad, según anunció este jueves el Ministerio del Interior.
En un comunicado oficial, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska destacó la estrecha colaboración que mantienen Madrid y Rabat en materia migratoria y atribuyó el aumento de los intentos de cruce a la actuación de las redes dedicadas al tráfico de personas. Según Interior, estas organizaciones estarían aprovechando la reciente resolución del Tribunal Supremo sobre las denominadas devoluciones en caliente para incentivar la salida de migrantes, en su mayoría jóvenes.
La nota oficial también pone en valor la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes. El ministro español agradeció a las autoridades del Reino los dispositivos desplegados durante los últimos días, que, según el Gobierno español, han impedido miles de intentos de migración irregular y han contribuido a contener la presión sobre Ceuta.
Dentro de esa estrategia conjunta, ambos Ejecutivos acordaron intensificar la coordinación operativa y revisar los procedimientos necesarios para acelerar la entrega a Marruecos de las personas que hayan accedido ilegalmente a la ciudad.
El seguimiento de la situación ha sido permanente entre Fernando Grande-Marlaska y el ministro marroquí del Interior, Abdelouafi Laftit. El responsable español tiene previsto desplazarse este viernes a Ceuta para evaluar sobre el terreno la evolución de la crisis y coordinar la respuesta del Estado.
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, indicó en un mensaje en la plataforma x que el Ejecutivo se encuentra plenamente movilizado para restablecer la normalidad cuanto antes. Tras mantener una conversación con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, afirmó que el Gobierno trabaja con las autoridades marroquíes y los organismos internacionales y defendió la necesidad de construir soluciones desde la responsabilidad y la cooperación.
La presión sobre los recursos de acogida ha aumentado de forma considerable durante la última semana. Según los datos difundidos por las autoridades locales, alrededor de 1.500 personas habrían entrado en Ceuta en ese periodo, con una media cercana a las 300 llegadas diarias. Entre los recién llegados habría unos 700 menores, mientras más de un millar de jóvenes permanecían a la espera de ser atendidos en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), cuya capacidad ordinaria supera ligeramente las 500 plazas.
Ante esta situación, Vivas ha solicitado al Gobierno central la declaración de una emergencia de interés nacional y el establecimiento de un mando único para coordinar las actuaciones. El presidente ceutí describió el escenario como una “emergencia humanitaria y social absoluta” y reclamó instalaciones provisionales y recursos financieros adicionales para atender tanto a adultos como a menores.
El Ejecutivo español ha descartado hasta ahora activar los mecanismos previstos en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, al considerar que los flujos migratorios no figuran entre los riesgos contemplados por esa normativa. Las autoridades de Ceuta sostienen, en cambio, que la situación podría abordarse mediante la Ley de Seguridad Nacional, bajo la figura de una situación de interés para la seguridad nacional.
Vivas también ha pedido una modificación legislativa después de que el Tribunal Supremo limitara la aplicación del rechazo en frontera. La resolución circunscribe este procedimiento a quienes atraviesan las vallas o las instalaciones fronterizas, sin extenderlo en los mismos términos a las personas que alcanzan las playas a nado.
La crisis ha adquirido además una dimensión política. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, respaldó la petición de declarar la emergencia y acusó al Gobierno de haber desatendido sus responsabilidades en la protección de la frontera española, que constituye también una frontera exterior de la Unión Europea. Vox, por su parte, calificó las entradas de “invasión” y dirigió sus acusaciones tanto contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez como contra Marruecos.
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se insistió, sin embargo, en que la cooperación con Marruecos continúa desarrollándose con normalidad. Fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press rechazaron cualquier vínculo entre la actual presión migratoria y la reciente visita de Pedro Sánchez a Argelia, y subrayaron que las relaciones entre Madrid y Rabat son “excelentes” y que la coordinación bilateral en materia migratoria sigue siendo intensa.
