El Gobierno español ha elevado este martes su respuesta a la crisis migratoria de Ceuta a un nivel sin precedentes al declarar, por primera vez en la historia del país, la «situación de emergencia de seguridad nacional», al tiempo que ha dado luz verde a dos anteproyectos destinados a aprobar una nueva ley de asilo y reformar la legislación de extranjería. Las medidas llegan 26 días después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad y abren una nueva fase en la gestión política, administrativa y fronteriza de las consecuencias de lo ocurrido.
Según informaron varios medios españoles, el Consejo de Ministros aprobó la declaración de emergencia hasta el próximo 31 de diciembre, aunque el real decreto contempla la posibilidad de prorrogarla, ponerle fin anticipadamente o modificar tanto su alcance material como geográfico. La decisión fue adoptada previo informe del Consejo de Seguridad Nacional, reunido este martes antes del Consejo de Ministros, y a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El propio Ejecutivo reconoce en el real decreto que la situación generada en Ceuta «está alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas» y supera las capacidades ordinarias en materia de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana. Sobre esa base, el Gobierno articula una respuesta extraordinaria que permitirá coordinar recursos estatales y locales y habilitar nuevas medidas para hacer frente a la presión que soporta la ciudad.
Uno de los principales efectos de la declaración será la creación de una «autoridad funcional», la fórmula técnica elegida para establecer un mando único encargado de coordinar la actuación de las distintas administraciones. Estará encabezado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y reunirá a representantes de once ministerios, las autoridades locales de Ceuta, miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Departamento de Seguridad Nacional.
La constitución de este mecanismo supone además un giro respecto al planteamiento inicial de Moncloa. Sánchez había encargado apenas unos días antes a Torres coordinar las actuaciones de cinco ministerios, pero el Ejecutivo ha optado finalmente por ampliar la estructura a once departamentos y dotarla de un mando único, una fórmula que también había reclamado el Partido Popular. A ello se sumarán medidas dirigidas a revitalizar la economía de la ciudad tras el impacto de la crisis.
En paralelo al dispositivo extraordinario para Ceuta, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a dos anteproyectos que afectan directamente al marco jurídico español en materia migratoria. Uno plantea una nueva ley de asilo y el otro una reforma de la ley de extranjería, con el objetivo declarado de adecuar la normativa nacional al Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado en mayo de 2024.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, sostuvo que el Ejecutivo llevaba «tiempo trabajando» en ambas iniciativas y desvinculó formalmente su preparación de la crisis de Ceuta, aunque subrayó que «Ceuta es hoy el corazón de España». Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que las nuevas normas tendrán un «enfoque garantista» y pretenden ofrecer una respuesta «mejor» a la realidad del «fenómeno migratorio».
La futura ley de asilo actualizará y precisará conceptos esenciales del sistema de protección internacional, entre ellos las definiciones de protección internacional, estatuto de refugiado y protección subsidiaria. También incorporará expresamente supuestos de persecución relacionados con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.
El nuevo marco distinguirá entre el procedimiento ordinario de examen de las solicitudes y un procedimiento acelerado, que deberá resolverse en un plazo de tres meses. A ello se añadirá un procedimiento de frontera, previsto en la normativa europea y de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de resolución de doce semanas. Durante ese periodo, el solicitante de protección internacional deberá permanecer a disposición de las autoridades españolas, un mecanismo que facilitará su retorno cuando la solicitud sea denegada.
La reforma de la ley de extranjería introducirá, por su parte, la figura del «triaje», un procedimiento destinado a las personas que llegan a España sin haber pasado por los controles fronterizos. Este proceso incluirá reconocimiento médico, evaluación de vulnerabilidad, identificación, toma de datos biométricos, inspección de seguridad y posterior derivación al procedimiento que corresponda en cada caso.
España mantendrá, no obstante, una particularidad respecto al marco europeo. Aunque el reglamento de la Unión Europea establece un plazo máximo de siete días para completar ese triaje, la legislación española conservará el límite de 72 horas, prorrogable únicamente mediante decisión judicial, con el propósito de reducir al mínimo imprescindible el tiempo de permanencia del extranjero en instalaciones policiales.
La reforma legislativa entronca también con el debate abierto inmediatamente después de la entrada masiva en Ceuta. Durante su visita a la ciudad el 31 de julio, Sánchez ya se mostró dispuesto a modificar determinados aspectos de la ley de extranjería para garantizar que las «repatriaciones en frontera se realicen de la manera más eficiente posible». El presidente español atribuyó entonces lo sucedido a las redes de tráfico de personas y a las consecuencias de una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio sobre las devoluciones de quienes acceden a las ciudades autónomas a nado.
La decisión del Consejo de Ministros coincide, además, con la persistencia de discrepancias dentro del propio aparato estatal sobre la información disponible antes de la entrada masiva. La ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmó este martes en el Congreso que los 25 miembros del CNI desplegados en Ceuta habían compartido información reservada con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Marlaska, en cambio, insistió tras el Consejo de Ministros en que no existió ningún informe que advirtiera de un escenario semejante y aseguró que, de haberse detectado una situación comparable a la crisis de mayo de 2021, la alerta habría llegado a «las más altas instancias».
Con la declaración de la emergencia, la puesta en marcha de un mando único y la apertura simultánea de dos reformas legislativas de calado, el Ejecutivo español trata ahora de encauzar una crisis que ha desbordado el ámbito estrictamente fronterizo para alcanzar la gestión administrativa, la seguridad, la acogida y el propio marco jurídico de la política migratoria española.
