España se enfrenta a un escenario económico complejo debido a la reciente escalada de precios causada por el conflicto en Irán. Aunque la guerra pueda ser breve, los precios del petróleo y del gas se han disparado, lo que está empujando la inflación a superar el 4% en los próximos meses, afectando al poder adquisitivo de familias y empresas.
Desde el inicio del conflicto, la gasolina y el diésel han experimentado subidas significativas, que ya impactarán en la inflación de marzo. Se prevé que este encarecimiento de insumos energéticos repercuta en otros bienes y servicios de consumo. Según Funcas, el escenario central supone que el precio del crudo se mantendrá alrededor de 102 dólares por barril en abril y mayo, con un descenso gradual desde junio hasta llegar a unos 81 dólares a final de año. Si los precios se mantienen altos durante todo 2026, la inflación podría rondar el 4,5% mensual.
Estas previsiones coinciden con las presentadas por BBVA Research, que estima una inflación media del 2,9% para este año, con un nivel superior al 4% en abril y mayo. Los alimentos frescos, que ya se han encarecido un 45% desde antes de la pandemia, podrían enfrentarse a aumentos adicionales debido al alza de los fertilizantes. Los hogares de renta baja y los sectores intensivos en carburantes, como la agricultura y el transporte, son los más afectados por esta situación.
Esta tesitura obliga al Gobierno a plantear medidas para aliviar el golpe inflacionista, aunque dispone de un margen fiscal limitado, ya que la Comisión Europea no ha suspendido las reglas fiscales —como ocurrió tras la guerra en Ucrania— y con las políticas actuales, España no cumpliría los requisitos. Además, el país ha aprendido de los errores de 2022 y de políticas ineficaces implementadas entonces, por lo que ahora muestra mayor prudencia a la hora de tomar decisiones.
“El alto grado de incertidumbre obliga a actuar con prudencia. Hay que esperar. Esto es lo que deben hacer las autoridades económicas en Europa y en España, considerando lo aprendido tras la guerra en Ucrania. Entonces se enfatizó en las tres ‘T’ de las medidas: targeted (focalizadas), timely (rápidas) y temporary (temporales). Las medidas no pueden ser indiscriminadas; deben centrarse en las disrupciones del tejido productivo y ser compatibles con la consolidación fiscal. Es fundamental proteger a los colectivos más vulnerables, pero mantener un equilibrio, aunque no sea sencillo”, explicó este lunes Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research.
Doménech considera que lo más adecuado sería aprobar transferencias de renta directa de cuantía fija para los colectivos más vulnerables, con cierta coordinación a nivel europeo. “Todas las medidas tienen un coste y, como contribuyentes, lo pagaremos directamente, mediante el aumento de precios, o indirectamente, a través de impuestos para financiar estas transferencias”, añadió.
Los expertos aconsejan que España espere antes de aplicar medidas con elevado coste fiscal, por si la guerra dura más de lo previsto. Para este año, se prevé un crecimiento del gasto primario neto del 4,6% anual de promedio durante 2025-2031, frente al 3,0% previsto en el Plan de ajuste. El déficit público, tras cerrar en 2,4% del PIB en 2025, se situaría en 2,3% en 2026 y en 2,4% en 2027, empeorando en 0,2 y 0,6 puntos, respectivamente, las previsiones de hace tres meses.
Si España quisiera cumplir estrictamente con las reglas fiscales, debería aplicar un ajuste adicional del gasto cercano a 8.800 millones de euros anuales (0,6 puntos de PIB de corrección estructural promedio cada año). BBVA advierte que la necesidad de cumplir con estas reglas limitará el margen de apoyo adicional a la actividad económica, pese al incremento previsto del gasto en defensa.
