El proceso de importación de un millón de corderos, presentado por las autoridades argelinas como una medida excepcional para regular los precios de cara al Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio) y proteger el poder adquisitivo, se ha convertido en uno de los mayores casos de malversación de fondos públicos en el país en lo que va de 2026. La fiscalía ha abierto una investigación penal ante las sospechas de corrupción, amaño de contratos y graves negligencias sanitarias y veterinarias.
La Fiscalía General ante el Tribunal de Justicia de Argelia anunció la comparecencia de 41 sospechosos ante el Polo Penal Económico y Financiero; 13 de ellos ya se encuentran en prisión provisional, mientras que los 28 restantes han quedado bajo libertad vigilada con medidas cautelares. Los cargos imputados incluyen "abuso de poder, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos", además de violación de la ley de contrataciones públicas, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Las pesquisas salpican directamente a altos cargos y empleados de la empresa estatal de carnes rojas "Alviar" (incluidos los directores de finanzas, contabilidad, comercio y el área veterinaria), así como a proveedores privados, operadores económicos y gerentes de puntos de venta.
Según reveló el Ministerio Público, la entidad pública importó —entre el 25 de marzo y el 29 de mayo de 2026— un total de 1.002.332 cabezas de ganado. Sin embargo, el control sanitario del proceso registró fallos alarmantes: una inspectora veterinaria en el puerto de Bejaia alertó sobre síntomas de enfermedades infecciosas antes de desembarcar uno de los cargamentos, pero su advertencia fue ignorada y se permitió la descarga. El resultado fue la muerte de 3.615 corderos, el sacrificio obligatorio por motivos sanitarios de otros 10.727 y la inmovilización preventiva de miles más. Asimismo, las investigaciones apuntan a que varios lotes de ovejas inspeccionados en los países de origen fueron cambiados por animales de procedencia desconocida antes de su embarque.
En el plano financiero, los indicios judiciales apuntan a una elusión sistemática de las normas de competencia, sustituyendo las licitaciones públicas por adjudicaciones directas "a dedo". Más de 700.000 corderos —la gran mayoría del cupo— terminaron en manos de solo cuatro operadores, con precios de compra que oscilaron entre los 5,35 y los 6 euros por kilogramo. Además, se sospecha de la falsificación de actas de comités de evaluación con fechas retroactivas para dar apariencia de legalidad al proceso. Aunque la fiscalía aún no ha cuantificado el desfalco total, confirmó que la operación ha causado un enorme agujero en las arcas del Estado.
El traslado de parte del ganado por vía aérea desató una oleada de críticas, siendo la primera vez que Argelia recurre a aviones de carga para este fin. En mayo, un avión aterrizó en el aeropuerto de Constantina con un lote de 400 ovejas procedentes de Hungría, mientras los barcos transportaban decenas de miles de cabezas a los puertos. Lo más grave es que la investigación reveló que el coste de algunos de los animales transportados en avión alcanzó los 900 euros por cabeza, cuando la Presidencia de la República había fijado un precio máximo de venta al público de 50.000 dinares (unos 340 euros), obligando al Tesoro Público a asumir la astronómica diferencia mediante subsidios.
La necesidad de importar un millón de cabezas por segundo año consecutivo evidencia una crisis estructural que va más allá de la inflación estacional. El censo ganadero de Argelia disminuyó a unos 17 millones de cabezas en 2023 debido a años de sequía pertinaz que diezmaron los pastos, al encarecimiento del pienso, al sacrificio descontrolado de hembras reproductoras, a la falta de un censo fiable y a la debilidad en los canales de distribución. En lugar de reconstruir la cabaña ganadera nacional y apoyar directamente a los criadores locales, el Estado optó por la importación masiva: un parche rápido pero sumamente costoso.
Este escándalo resucita el fantasma de los macrocasos de corrupción de la última década, especialmente tras la caída del régimen de Abdelaziz Bouteflika en 2019. Los exprimeros ministros Ahmed Ouyahia y Abdelmalek Sellal fueron condenados en su día por el caso del ensamblaje de automóviles y la concesión de privilegios ilícitos. Magnates como Ali Haddad, Mohieddine Tahkout y los hermanos Kouninef también recibieron duras penas por desvíos millonarios. Solo el fraude del sector de automoción costó unos 1.000 millones de dólares, y aunque el presidente Abdelmadjid Tebboune anunció en 2023 la recuperación de activos por valor de 30.000 millones de dólares, la cifra carece de una auditoría independiente pública.
A pesar de los sonados juicios contra primeros ministros, gobernadores y empresarios, el Índice de Percepción de la Corrupción de 2025 situó a Argelia en un discreto puesto 109 de 182 países, con solo 34 puntos sobre 100, evidenciando la debilidad institucional para prevenir estos delitos fiscales.
La crisis de los corderos estalla además en un contexto macroeconómico delicado: la cuenta corriente del país registró un déficit de 10.500 millones de dólares en el primer semestre de 2025 (frente a los 2.900 millones de 2024), el déficit presupuestario escaló al 13,8% del PIB y la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el mercado negro ronda el 75%.
El "caso de las ovejas" no es un hecho aislado, sino el síntoma de un círculo vicioso recurrente en Argelia: crisis de producción local, importaciones de urgencia financiadas con fondos públicos, adjudicaciones sin competencia, sobrecostes y fallos de control que culminan en detenciones. Un patrón que se repite en sectores como la automoción, las infraestructuras, la energía y la alimentación, y que demuestra que combatir la corrupción en el país exige reformar las reglas de gasto público y control institucional, y no limitarse a encarcelar a los funcionarios una vez que el dinero ya ha desaparecido.
