Las investigaciones sobre el denominado «túnel de Ceuta» han sacado a la luz datos impactantes sobre las redes de tráfico de drogas entre Marruecos y España. Según las pesquisas, habría existido implicación de miembros de la Guardia Civil en la facilitación de estas operaciones durante muchos años, incluso con anterioridad a la construcción del túnel.
Estos datos se enmarcan en la investigación judicial que se encuentra en curso ante la Audiencia Nacional española, tras el hallazgo en marzo de 2025 de un túnel secreto subterráneo que conectaba la ciudad autónoma de Ceuta con territorio marroquí. Dicha infraestructura, según las pesquisas, habría sido utilizada durante aproximadamente una década para transportar grandes cantidades de hachís.
De acuerdo con el testimonio de uno de los acusados en la causa, al que el periódico La Razón ha tenido acceso de forma exclusiva desde el interior de la sala de vistas, las organizaciones de contrabando habrían contado tradicionalmente con «elementos comprados» dentro de la Guardia Civil destinados en el puerto de Ceuta. Su misión habría sido facilitar el paso de los alijos procedentes de Marruecos hacia territorio español.
El mismo acusado explicó ante la justicia española que estas prácticas «no son nuevas» y que se remontan a años atrás. Según su relato, «todo el mundo lo sabía» en los círculos locales de Ceuta, una afirmación que causó conmoción entre los magistrados que instruyen el caso.
Las diligencias en curso, que han sido corroboradas por este acusado, apuntan a que algunos agentes de seguridad habrían prestado servicios directos a las tramas de contrabando. Entre ellos, habrían hecho la vista gorda durante las inspecciones o filtrado información sensible de las bases de datos policiales en beneficio de los traficantes.
Las pesquisas también han revelado que estos servicios se prestaban a cambio de sumas de dinero que podían alcanzar los 12.000 euros. El acusado ha admitido que participó en operaciones de transporte y vigilancia de cargamentos de drogas a cambio de cantidades que oscilaban entre 3.000 y 4.000 euros, justificando su implicación por sus difíciles circunstancias económicas.
Según La Razón, las investigaciones en curso han llevado a la identificación y seguimiento de cuatro miembros de la Guardia Civil que prestaban servicio en el puerto de Ceuta. Estas pesquisas se enmarcan en una operación de seguridad denominada «Hades», supervisada por la Unidad de Asuntos Internos del instituto armado en colaboración con unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado.
El hallazgo del túnel, en marzo de 2025, supone un punto de inflexión determinante en este caso. La infraestructura fue descubierta en el interior de una nave industrial situada en la zona del Tarajal, después de que las autoridades interceptaran camiones que transportaban más de seis toneladas de hachís.
Según los datos oficiales, el túnel tiene una longitud aproximada de 50 metros y alcanza una profundidad de hasta 12 metros. Estaba equipado con medios logísticos que permitían su uso reiterado para el transporte de drogas al margen de los dispositivos de vigilancia.
Se espera que el caso experimente nuevos avances en los próximos meses, a medida que se acerca la conclusión de la fase de instrucción. Estos hechos evidencian uno de los casos de narcotráfico más graves que han sacudido la región y vuelven a situar sobre la mesa el problema de la corrupción en las fuerzas de seguridad y su impacto en la seguridad regional.
