El Supremo mantiene el bloqueo al voto de la ‘ley de nietos’ y desata la guerra política entre el Gobierno y la oposición

Marlaska señala que la Abogacía del Estado analiza la resolución, mientras el PSOE tacha la decisión de "atropello" y acusa a PP y Vox de "castigar a los descendientes del exilio".

En una decisión que ha elevado al máximo la tensión política en España a las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el Tribunal Supremo ha rechazado este lunes el recurso del Gobierno y ha ratificado la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’. De este modo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo mantiene firme su criterio: los ciudadanos que hayan obtenido la nacionalidad por esta vía no podrán votar, salvo que certifiquen documentalmente que sus antepasados sufrieron el exilio forzoso.

La resolución desestima de forma íntegra las alegaciones de la Abogacía del Estado contra las medidas promovidas por Iustitia Europa y Vox. Esta decisión asesta un duro golpe a las pretensiones de la izquierda e impide que el Instituto Nacional de Estadística (INE) inscriba en el censo del CERA a los nuevos nacionalizados, congelando además los derechos electorales de quienes ya habían sido registrados.

"Preservar la pureza del censo" e incredulidad en el Ejecutivo

En sus autos, los magistrados justifican la medida argumentando que “el interés general de preservar la pureza del proceso electoral debe prevalecer sobre el derecho de sufragio” cuando persisten dudas sobre las condiciones en las que la Administración realizó dichas inscripciones. Asimismo, el alto tribunal ha criticado con dureza a la Abogacía del Estado por no justificar debidamente el cumplimiento de las órdenes judiciales previas.

La única excepción fijada por el tribunal beneficia a aquellos ciudadanos cuyos registros consulares certifiquen que, a fecha de 1 de agosto de 2026, eran nacidos en el extranjero de padres o abuelos que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual.

Tras conocerse el fallo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que corresponde ahora a la Abogacía del Estado estudiar minuciosamente si las medidas cautelares del Supremo constituyen una resolución definitiva o si caben nuevas vías de actuación jurídica.

El PSOE habla de "atropello" y señala a PP y Vox

La respuesta del PSOE no se ha hecho esperar. Fuentes socialistas han calificado el dictamen de auténtico "atropello" y han avanzado que no dejarán de denunciarlo públicamente. Desde la formación de gobierno acusan directamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, de tropezar de nuevo "con la piedra del franquismo".

"¿Los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí?", han cuestionado con dureza desde la sede socialista, reprochando a la derecha y a la extrema derecha que, tras poner en duda el voto por correo y el sistema electoral, arremetan ahora de forma directa contra los descendientes de quienes tuvieron que huir de España para salvar sus vidas.

Por su parte, la magistrada Alicia Millán ha emitido un voto particular —al igual que en septiembre— en el que defiende que, ante la proximidad de la cita electoral, debería haber prevalecido la salvaguarda del derecho de sufragio, ya que su privación provocará un daño "irreversible" a miles de ciudadanos.

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