La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado ha aprobado una iniciativa que reclama al Gobierno español retomar los trabajos para delimitar los espacios marítimos con Marruecos y reforzar la participación de Canarias en las negociaciones. El texto vuelve a colocar sobre la mesa un expediente de especial sensibilidad bilateral, al que se suma el interés estratégico que despiertan los depósitos de telurio, cobalto y tierras raras localizados en el entorno del monte submarino Tropic.
La delimitación de los espacios marítimos entre Marruecos y España ha regresado este jueves a la agenda política española. La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado aprobó una moción promovida por el senador de la Agrupación Herreña Independiente, Aniceto Javier Armas González, que insta al Ejecutivo de Madrid a impulsar nuevamente las conversaciones con Rabat y garantizar la presencia del Gobierno de Canarias en ese proceso. La iniciativa salió adelante con el respaldo del PP y el PNV y el rechazo del PSOE, después de que su impulsor alcanzara con los populares una enmienda transaccional.
La moción original fue registrada en el Senado el 6 de marzo de 2024 por el Grupo Plural y situaba desde entonces el monte Tropic entre las razones económicas y geopolíticas que aconsejaban acelerar la delimitación. El documento oficial señala que en la zona, situada a unas 250 millas de Canarias, existen indicios de telurio, cobalto y tierras raras, materias consideradas estratégicas para sectores como las energías renovables, las baterías y distintas industrias tecnológicas.
La exposición de motivos concede un peso particular a esos recursos. Sus promotores sostienen que el acceso europeo a materias primas críticas permitiría diversificar suministros en un mercado internacional donde China ocupa una posición dominante. El texto vincula igualmente cualquier futura explotación con la protección medioambiental del entorno marítimo canario, aunque la existencia de recursos minerales no equivale por sí sola a derechos jurídicos sobre el lecho marino: la cuestión depende de la delimitación de las respectivas plataformas continentales conforme al Derecho del Mar.
La versión aprobada este jueves introduce, sin embargo, elementos políticos que van más allá del documento presentado hace dos años. El Senado insta al Gobierno a reactivar el grupo de trabajo de delimitación marítima entre España y Marruecos, con participación de Canarias, y reclama que Madrid informe en un plazo de tres meses al Senado, al Congreso y al Ejecutivo autonómico sobre la marcha de las conversaciones, los asuntos pendientes y las actuaciones previstas.
La resolución añade una referencia al Sáhara al pedir que cualquier actuación española se realice sin prejuzgar su estatuto definitivo y respetando las resoluciones de Naciones Unidas. Marruecos mantiene, por su parte, su soberanía sobre el Sáhara y defiende su iniciativa de autonomía como vía para resolver el diferendo; España considera desde 2022 ese plan como la base "más seria, realista y creíble" para alcanzar una solución.
La cuestión marítima forma parte, además, de la hoja de ruta bilateral acordada por el rey Mohammed VI y Pedro Sánchez en abril de 2022. En aquella declaración conjunta, Rabat y Madrid pactaron expresamente reactivar el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica con el objetivo de conseguir "avances concretos". Sánchez precisó entonces que las conversaciones debían desarrollarse de buena fe y dentro de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El mecanismo llegó a reunirse nuevamente aquel año. El propio Gobierno español confirmó posteriormente encuentros celebrados el 29 de junio y el 11 de octubre de 2022, con participación canaria cuando las materias tratadas requerían su presencia. La petición aprobada ahora en el Senado busca devolver impulso político a un expediente que, pese a su relevancia, no ha desembocado hasta el momento en una delimitación definitiva conocida públicamente.
Rabat ha defendido tradicionalmente que la delimitación debe resolverse mediante negociación. Cuando Marruecos reformó en 2020 su legislación sobre aguas territoriales y zona económica exclusiva, el ministro de Exteriores, Nasser Bourita, señaló que la fijación de espacios marítimos constituye un acto de soberanía sujeto al Derecho Internacional y reconoció que podían producirse solapamientos con países vecinos, particularmente España, que debían resolverse mediante el diálogo.
La posición expresada entonces por Madrid discurría por una vía similar. El Gobierno español sostuvo oficialmente que los eventuales solapamientos debían abordarse conforme a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, mediante acuerdo entre las partes y evitando decisiones unilaterales.
El nuevo pronunciamiento del Senado no tiene carácter legislativo ni establece por sí mismo una frontera marítima. Su alcance es político: vuelve a reclamar al Ejecutivo que active un mecanismo bilateral ya existente y que informe de su evolución. Pero la referencia expresa a Tropic devuelve al primer plano un elemento que amplía el interés del expediente. Junto a la delimitación jurídica entre dos países vecinos aparece ahora la creciente importancia económica de unos fondos oceánicos asociados a materias primas que Europa considera estratégicas para su industria y su transición energética.
