La polémica por la adquisición de un ático en el distrito madrileño de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid ha dado un nuevo paso con la decisión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de acudir a la Fiscalía para que investigue la operación. La formación sostiene que existen indicios que justificarían analizar si durante el proceso pudieron cometerse presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos, mientras el Ejecutivo regional rechaza las acusaciones formuladas por la oposición.
El anuncio fue realizado por el secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien confirmó el inicio de las actuaciones legales tras varios días reclamando explicaciones sobre la compra del inmueble.
Según explicó, los socialistas solicitarán por vía judicial la certificación registral de la finca y el acceso a la documentación administrativa relacionada con la adquisición, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló la operación.
Durante su comparecencia ante los medios, López afirmó que la Comunidad de Madrid ha ofrecido distintas explicaciones sobre el destino del inmueble desde que trascendió la información. A su juicio, los sucesivos cambios en la versión oficial justifican que la Fiscalía analice el expediente completo para determinar si la actuación administrativa se ajustó a la legalidad.
El dirigente socialista sostuvo que, en un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid, resulta necesario aclarar el uso de recursos públicos en esta operación. Asimismo, criticó que el Gobierno regional no haya respondido, según dijo, a las solicitudes de información registradas por su partido durante los últimos días.
Además de la denuncia ante la Fiscalía, el PSOE anunció que continuará impulsando otras iniciativas judiciales para obtener toda la documentación relativa al inmueble, incluida la información registral y los antecedentes administrativos de la compra.
A su vez, Óscar López reclamó la dimisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al considerar que la operación exige depurar responsabilidades políticas y, en su caso, penales si la investigación determinara la existencia de irregularidades.
La controversia sobre la adquisición del inmueble se ha convertido en uno de los principales focos de confrontación entre el Gobierno regional y la oposición. Mientras el PSOE sostiene que existen elementos suficientes para que la Justicia examine la operación, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha defendido en los últimos días la legalidad de sus actuaciones y ha rechazado las acusaciones formuladas por los socialistas. Corresponderá ahora a la Fiscalía valorar la documentación que le sea remitida y decidir si aprecia indicios que justifiquen la apertura de diligencias.
