La elección de Abdelah Abdelah Mustafa como candidato independiente al Senado por Ceuta ha provocado una reacción que trasciende la disputa electoral entre la izquierda y la derecha. El relevo de José Miguel Romero al frente de la candidatura conjunta del PSOE y el Frente Amplio, anunciado el 27 de octubre, ha situado en el centro del debate a un joven ceutí de 26 años, musulmán y de ascendencia marroquí, cuya trayectoria en los barrios desfavorecidos de la ciudad ha quedado rápidamente eclipsada por una controversia sobre su identidad y su supuesta lealtad política.
La reacción más contundente ha llegado desde Vox. Santiago Abascal acusó al candidato de tener «obediencia marroquí» y sostuvo que el problema no era su nombre, sino que había sido denunciado por salafismo y que mostraba simbología marroquí en sus redes sociales. El dirigente ultraderechista extendió sus críticas a Pedro Sánchez, al que presentó como candidato de Marruecos en las elecciones.
La polémica ha encontrado eco en otros medios españoles que han presentado la candidatura desde una óptica de sospecha sobre sus vínculos con Marruecos. The Objective tituló su información «El PSOE designa como candidato al Senado por Ceuta a un musulmán promarroquí», mientras El Pueblo de Ceuta recogió las críticas del separatista saharaui Taleb Alisalem, quien cuestionó las posiciones que atribuye a Mustafa y su presencia de símbolos marroquíes en las redes sociales.
La controversia ha convertido el origen familiar y la confesión religiosa del candidato en elementos centrales de una discusión que afecta a una cuestión mucho más profunda en Ceuta, donde una parte de la población musulmana lleva generaciones formando parte de la sociedad española. Las acusaciones políticas sobre sus posiciones públicas pueden ser objeto de debate, pero el salto desde esas discrepancias hasta poner en duda su pertenencia nacional revela hasta qué punto la identidad sigue utilizándose como arma electoral.
Un ceutí al que la extrema derecha ya había señalado
La trayectoria de Mustafa ayuda a entender por qué su candidatura ha adquirido una dimensión que va más allá de la política partidista. Presidente de la asociación vecinal de Sidi Embarek desde 2022, se convirtió en una figura conocida durante la crisis migratoria de agosto de 2026, cuando participó en la organización de un campamento solidario que, junto con su familia y distintas organizaciones, atendió a más de 900 mujeres y niñas migrantes. Su labor estuvo vinculada a la asistencia humanitaria y a la respuesta vecinal ante una emergencia que desbordó los recursos disponibles.
Su enfrentamiento con sectores ultraderechistas tampoco comenzó con el anuncio de su candidatura. El País relató que Mustafa fue uno de los impulsores de una contramanifestación organizada el 1 de agosto frente a la visita a Ceuta del activista ultraderechista Alvise Pérez y miembros del grupo Núcleo Nacional. Según el testimonio recogido por el periódico, aquellos grupos acudieron con consignas xenófobas y mensajes que negaban la españolidad de los ceutíes musulmanes.
«No íbamos a permitir que aprovecharan la situación con su islamofobia, vinieron a decirnos que los ceutíes musulmanes no éramos españoles», recordó Mustafa en declaraciones al diario.
La escena resume una de las contradicciones más visibles del debate ceutí. Un ciudadano nacido en la ciudad, con nacionalidad española, implicado en el trabajo vecinal y en la atención a personas vulnerables, se ve obligado a defender su pertenencia nacional frente a discursos que parecen supeditarla a su religión o a sus raíces familiares.
Mustafa ha rechazado presentar a los migrantes como «invasores» y ha defendido una respuesta humanitaria hacia quienes permanecieron en Ceuta tras la llegada masiva de personas. Al mismo tiempo, ha explicado que ayudó a las fuerzas de seguridad a reunir a migrantes para facilitar su regreso a Marruecos. Su posición combina, por tanto, la asistencia a quienes necesitaban protección con el reconocimiento de las dificultades que afrontó la ciudad durante la emergencia.
Cuando el origen se convierte en una prueba de lealtad
El caso de Mustafa pone de relieve una línea de pensamiento presente en sectores de la extrema derecha y en determinados discursos de la derecha española, según la cual la identidad nacional parece estar condicionada por la ascendencia, la religión o los símbolos culturales de cada ciudadano.
La cuestión resulta especialmente significativa en Ceuta, donde la población musulmana forma parte de la realidad social e histórica de la ciudad. La españolidad no depende de profesar el cristianismo, llevar un apellido de origen castellano o renunciar a los vínculos culturales de la familia. Sin embargo, las reacciones a esta candidatura han vuelto a colocar esos elementos en el centro de la discusión.
Las acusaciones de Abascal sobre una supuesta «obediencia marroquí» no se han limitado a cuestionar las posiciones políticas del candidato. Su intervención ha relacionado la simbología marroquí que, según afirma, aparece en las redes sociales de Mustafa con una presunta falta de lealtad a España. Esa asociación constituye el núcleo de la controversia y explica por qué el caso ha reabierto el debate sobre los límites entre la crítica política y la sospecha identitaria.
La misma lógica aparece en la cobertura de algunos medios que han situado en el titular la condición de musulmán del candidato y su supuesto carácter promarroquí. Esa presentación contribuye a que la religión y la ascendencia ocupen un lugar destacado en la valoración pública de un aspirante cuya candidatura también se apoya en una trayectoria de activismo vecinal.
La paradoja es evidente. Mientras Mustafa ha defendido que los ceutíes musulmanes son españoles y se ha enfrentado a quienes cuestionaban esa pertenencia, su propia candidatura ha sido recibida por determinados sectores con acusaciones que vuelven a situar su origen familiar en el centro del debate.
Una candidatura que incomoda a la derecha
El cambio de candidato responde a una estrategia de convergencia electoral. El PSOE de Ceuta ha presentado el acuerdo con el Frente Amplio como una fórmula para reunir a distintas sensibilidades progresistas y construir una alternativa frente a la derecha y la ultraderecha. José Miguel Romero aceptó dar un paso atrás para facilitar la candidatura de Mustafa, a quien los socialistas describen como un referente vecinal con una trayectoria de atención directa a las familias y a los barrios de la ciudad.
La designación también ha encontrado una explicación en el temor de Mustafa al avance electoral de Vox. En sus redes sociales, Mustafa ha revelado que decidió aceptar la propuesta después de observar el crecimiento de la derecha y considerar que no podía permanecer al margen de la disputa política. Su objetivo declarado es llevar al centro del debate nacional los problemas de las barriadas periféricas, marcadas por la falta de vivienda asequible, el desempleo y las carencias de servicios públicos.
La reacción de Abascal ha situado la candidatura en el centro de la precampaña y ha vinculado el nombramiento con una supuesta traición a los intereses nacionales. Pero el caso plantea una cuestión que trasciende el enfrentamiento entre Vox y el PSOE: si un ciudadano nacido en Ceuta, con nacionalidad española y una trayectoria de compromiso con su ciudad, puede ser considerado menos español por ser musulmán y tener ascendencia marroquí.
En una ciudad fronteriza donde la convivencia entre comunidades forma parte de la vida cotidiana, esa pregunta adquiere una dimensión política evidente. La pertenencia nacional no puede convertirse en una condición que unos ciudadanos conceden a otros en función de sus apellidos, su fe o sus vínculos culturales.
La candidatura de Mustafa ha abierto así una disputa que va más allá de los escaños del Senado. Su recorrido vecinal, su defensa de los ceutíes musulmanes frente a los discursos xenófobos y la reacción que ha provocado su designación han devuelto al debate público una cuestión fundamental para la sociedad española: quién tiene derecho a ser reconocido como parte plena de la nación y quién debe someterse a un examen permanente de identidad para demostrarlo.