El escenario político español afronta un cambio significativo a medida que avanza la legislatura y se acerca el horizonte de las próximas elecciones generales. Una nueva encuesta elaborada por NC Report para LA RAZÓN. sitúa al PSOE en el 25,2% de los votos y deja al conjunto de la izquierda por debajo del 35%, mientras PP y Vox concentrarían más de la mitad de los sufragios y superarían ampliamente la mayoría absoluta en el Congreso.
Según el sondeo publicado este lunes por La Razón, PSOE, Sumar y Podemos sumarían conjuntamente un 34,6% de los votos, frente al 52,2% que alcanzarían PP y Vox. Los datos reflejan un retroceso especialmente acusado del espacio progresista y, dentro de este, un desgaste importante del partido que encabeza Pedro Sánchez.
El PSOE seguiría siendo la principal fuerza de la izquierda, pero se quedaría en el 25,2% de los sufragios y obtendría entre 101 y 103 diputados. En comparación con las elecciones generales de julio de 2023, cuando consiguió 121 escaños, los socialistas perderían entre 18 y 20 representantes, cerca de dos millones de votos y 6,5 puntos porcentuales.
El retroceso se aprecia también en la fidelidad de su propio electorado. Solo el 67,8% de quienes votaron al PSOE en 2023 volvería a hacerlo ahora, mientras un 10,7% se inclinaría por el PP, otro 6,2% daría su voto a Vox y un 10,5% optaría por la abstención. Los socialistas afrontan así una pérdida de apoyos en dos direcciones: hacia las formaciones de la derecha y hacia la desmovilización electoral.
La comparación con sus principales adversarios acentúa esa tendencia. El PP conservaría al 83,8% de los votantes que le respaldaron en las últimas generales, mientras Vox retendría al 88,4%. El trasvase entre los dos grandes partidos resulta, además, claramente desfavorable al PSOE: frente al 10,7% de antiguos votantes socialistas que se decantarían ahora por el PP, apenas un 0,3% de quienes apoyaron a los populares en 2023 pasaría a votar al PSOE.
El deterioro es todavía mayor entre las formaciones situadas a la izquierda de los socialistas. Sumar caería hasta el 5,9% y conservaría únicamente entre ocho y diez diputados, muy lejos de los 31 obtenidos en 2023. Podemos, por su parte, alcanzaría el 3,5% y entre dos y tres escaños. La fragmentación y la desmovilización continúan así pasando factura a un espacio político que no ha conseguido reconstruir una oferta electoral común.
Mientras la izquierda pierde terreno, el PP se situaría como primera fuerza con el 34,2% de los votos y entre 145 y 147 diputados. Vox protagonizaría, sin embargo, el mayor crecimiento al alcanzar el 18% de los sufragios y entre 61 y 63 escaños, prácticamente el doble de los 33 actuales. Entre ambas formaciones sumarían entre 206 y 210 diputados, muy por encima de los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.
El sondeo refleja asimismo una mayor desmovilización del electorado. La abstención se situaría en el 37,4%, cuatro puntos por encima de la registrada en las elecciones generales de 2023, mientras la participación descendería del 66,6% al 62,6%, lo que supondría más de 1,7 millones de votantes menos.
Los nuevos frentes judiciales aumentan la presión sobre el PSOE
El desgaste socialista arrastra como telón de fondo los procedimientos relacionados con José Luis Ábalos y Santos Cerdán, dos antiguos secretarios de Organización del PSOE que ocuparon posiciones centrales en la estructura del partido. Sin embargo, durante los últimos meses han sido otros procedimientos los que han vuelto a estrechar el cerco judicial sobre el entorno político y familiar de Sánchez.
Uno de los últimos episodios se produjo el 14 de julio de 2026, cuando la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación especial como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa por las irregularidades apreciadas en torno al puesto que ocupó en la Diputación de Badajoz. La sentencia, recurrible, descartó el delito de tráfico de influencias.
Apenas unos días después volvió al primer plano la causa que afecta a Begoña Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó que la esposa del presidente podrá ser enjuiciada mediante un tribunal del jurado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, reduciendo el perímetro de la causa respecto a las líneas inicialmente investigadas. El procedimiento se encuentra todavía pendiente de las decisiones procesales previas a la eventual apertura de juicio oral.
A esos procedimientos se ha añadido el denominado caso Leire, una investigación de la Audiencia Nacional sobre una presunta estructura destinada a interferir o neutralizar investigaciones judiciales que afectaban al PSOE y a personas vinculadas al partido. Un informe remitido en julio por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sostiene que Leire Díez habría recibido 43.225 euros mediante sociedades interpuestas y sitúa el origen último de esas cantidades en el PSOE, aunque los propios investigadores advierten de que algunos extremos de la operativa financiera no pueden darse todavía por acreditados de manera concluyente.
La causa ha ampliado además su radio de investigación. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó en julio al exjefe de gabinete de Sánchez Juan Manuel Serrano tras un informe de la UCO, mientras la investigación ha seguido analizando documentación, comunicaciones y movimientos económicos relacionados con la supuesta trama.
La acumulación de procedimientos ha proporcionado al PP y a Vox uno de sus principales ejes de desgaste contra Sánchez. El Gobierno y la dirección socialista, por su parte, han rechazado que pueda atribuirse responsabilidad al Ejecutivo por actuaciones individuales y han denunciado reiteradamente la utilización política de determinadas investigaciones judiciales.
Los incendios abren otro frente sobre la capacidad de gestión
A la presión judicial se sumó durante el pasado mes de julio la sucesión de graves incendios forestales registrados en distintas comunidades autónomas. Hasta el 28 de julio de 2026, los incendios habían calcinado 173.651 hectáreas en España, casi seis veces más que durante el mismo periodo del año anterior, y se habían registrado 35 grandes incendios forestales.
La dimensión alcanzada por los fuegos obligó al Gobierno a declarar la emergencia de interés nacional en Madrid y Ávila, con la Unidad Militar de Emergencias asumiendo la dirección operativa del dispositivo, mientras se solicitaban también medios adicionales a través de los mecanismos europeos de protección civil.
La gestión abrió inmediatamente un nuevo frente de confrontación entre las administraciones. El PP reclamó coordinación y responsabilidades en función de las competencias de cada gobierno, mientras Vox dirigió buena parte de sus críticas contra Sánchez y vinculó la magnitud de los incendios a lo que denominó el "fanatismo climático" y a unas políticas de prevención forestal que considera insuficientes.
El Ejecutivo defendió, en cambio, la respuesta conjunta del Estado y de las comunidades autónomas y Sánchez volvió a reclamar un pacto de Estado frente a la emergencia climática. La controversia dejó al descubierto, una vez más, las diferencias entre Gobierno y oposición sobre la prevención, la gestión forestal, los medios disponibles y el reparto de responsabilidades ante las grandes emergencias.
La crisis de Ceuta dispara la confrontación sobre inmigración y seguridad
El último gran frente se abrió a finales de julio con la entrada irregular de decenas de miles de personas en Ceuta. El Ministerio del Interior elevó posteriormente a más de 72.000 el número de entradas e intentos registrados durante la crisis, mientras decenas de miles de personas fueron retornadas a Marruecos en los días posteriores.
La magnitud del episodio convirtió rápidamente la gestión de la frontera en una cuestión de seguridad nacional y abrió una batalla política sobre si los servicios de inteligencia españoles habían advertido previamente de la posibilidad de una entrada masiva. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha negado que el CNI comunicara una alerta que anticipara "nada parecido" a lo ocurrido, mientras dirigentes del PP sostienen que sí existieron informaciones previas que no fueron atendidas por el Ejecutivo.
El PP ha elevado la presión parlamentaria sobre el Gobierno. Los populares han citado en el Senado a Marlaska y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que expliquen la actuación del Ejecutivo durante la crisis, han solicitado también las comparecencias de José Manuel Albares y han llevado el asunto al Parlamento Europeo. Además, Dolors Montserrat ha acusado al Gobierno de no haber solicitado suficientes medios a la Unión Europea y ha llegado a reclamar la convocatoria de elecciones por considerar que el Ejecutivo fue incapaz de proteger adecuadamente la frontera.
Vox ha ido varios pasos más allá. La formación de Santiago Abascal ha reclamado la devolución a Marruecos de los menores no acompañados llegados durante la crisis y se opone a su reubicación entre las comunidades autónomas. El partido ha atacado también al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por pedir la solidaridad del resto de territorios para asumir su acogida.
La ofensiva más reciente llegó el 8 de agosto, cuando Abascal propuso activar el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidad penal a Sánchez por un supuesto delito de traición o contra la seguridad del Estado. Vox fundamentó su iniciativa en su acusación de que el Ejecutivo conocía de antemano el riesgo de la entrada masiva. Para poner en marcha ese mecanismo necesitaría, sin embargo, la iniciativa de una cuarta parte del Congreso y posteriormente el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara, por lo que la formación no puede impulsarlo por sí sola.
Otro de los grandes focos de confrontación ha sido la atención a los menores no acompañados. El Gobierno anunció una partida extraordinaria de 25 millones de euros para Ceuta y ha defendido su reubicación entre las comunidades autónomas, mientras distintos gobiernos regionales gobernados o condicionados por la derecha y la extrema derecha han mostrado su rechazo. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha advertido de que el reparto deriva de una obligación legal y que el Ejecutivo dispone de instrumentos jurídicos para garantizar su cumplimiento.
La crisis acabó además trascendiendo las fronteras españolas. Aunque los Estados miembros de la UE concluyeron posteriormente que la situación había quedado rápidamente bajo control y expresaron su solidaridad con España, el episodio abrió diferencias sobre la política migratoria europea. El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, defendió que la UE había evitado movimientos secundarios hacia otros países del espacio Schengen, pero advirtió al mismo tiempo de que las regularizaciones extraordinarias transmiten una "mala señal" al resto de socios europeos.
Las divergencias se hicieron todavía más visibles cuando Italia impuso controles a viajeros procedentes de España tras la crisis de Ceuta. Madrid respondió exigiendo a Roma la retirada de la medida y advirtiendo de que adoptaría acciones "proporcionales"; desde el 8 de agosto, España aplica a su vez controles aleatorios a viajeros procedentes de Italia.
Este lunes, Italia y Dinamarca han endurecido además su posición común frente a la inmigración irregular y han defendido medidas más restrictivas, entre ellas el establecimiento de centros de repatriación fuera del territorio comunitario, prolongando un debate europeo que la crisis de Ceuta ha vuelto a colocar en primer plano.
La encuesta no permite atribuir este cambio en el mapa electoral a un único factor, pero llega después de dos meses especialmente adversos para el Gobierno de Pedro Sánchez. A los nuevos episodios judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente se han sumado las críticas por la gestión de los graves incendios forestales del pasado mes de julio y, más recientemente, la crisis migratoria de Ceuta, que ha llevado la inmigración, la seguridad fronteriza y las relaciones con Marruecos al centro de la confrontación política y ha alimentado la ofensiva del PP y, especialmente, de Vox contra el Ejecutivo.
