Pocas paradojas resultan tan llamativas como ver a los partidarios de un movimiento que se presenta desde hace medio siglo como un "movimiento de liberación nacional" celebrar una ley que concede a sus miembros la nacionalidad del Estado que fue la potencia colonial en el Sáhara, tal como ha ocurrido con el Frente Polisario.
Éste es, en esencia, el fondo de la cuestión que plantea la votación celebrada este jueves en el Congreso de los Diputados sobre una proposición de ley que abre la puerta a la concesión de la nacionalidad a decenas de miles de saharauis nacidos en el Sáhara Occidental, al sur de Marruecos, bajo la dominación colonial española.
En el interior del Congreso, la escena fue de clara celebración entre los promotores de la iniciativa y los invitados saharauis afines al separatismo del Polisario; diversos diputados calificaron la jornada de "día histórico" y de "reparación de una injusticia", en un ambiente de emotividad y aplausos. Todo ello a pesar de que el Partido Popular y Junts se abstuvieron, Vox votó en contra y el texto salió adelante con tan solo 168 votos de los 350 diputados que integran la Cámara.
Aunque esta votación no pone fin al trámite parlamentario —puesto que el texto pasará ahora al Senado, que podrá introducir enmiendas o vetarlo antes de que vuelva, en su caso, al Congreso—, la principal paradoja que deja este episodio es de índole política antes que jurídica.
¿Cómo puede conciliarse el discurso de "liberación" del colonialismo que abandera el Frente Polisario con el empeño en recuperar la nacionalidad del antiguo colonizador? ¿Cómo puede un movimiento que sostiene que sus miembros constituyen un "pueblo" llamado a construir un Estado independiente considerar, al mismo tiempo, un "triunfo histórico" que decenas de miles de ellos se conviertan en ciudadanos de otro Estado?
¿Cómo se puede compatibilizar la lealtad jurídica al Estado español con la reivindicación simultánea de un derecho político propio, fundamentado precisamente en la noción de pertenecer a una comunidad nacional independiente de España y de cualquier otro Estado? ¿Dónde termina, entonces, esa "identidad nacional independiente" y dónde empieza la voluntad de integrarse jurídicamente de pleno derecho en la antigua potencia colonial?
El alcance de esta ley trasciende la mera obtención de un pasaporte. La fórmula aprobada por las Cortes exige expresamente que el beneficiario mayor de catorce años preste "juramento o promesa de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y a las leyes". Además, la propia Constitución española establece que los españoles tienen "el derecho y el deber de defender a España".
Resulta aún más llamativo que el propio proyecto permita utilizar como prueba de elegibilidad el justificante de inscripción en el censo del referéndum del Sáhara elaborado por la ONU. Es decir, un documento internacional concebido para identificar a quienes votarían en una consulta de autodeterminación se convierte ahora en puente hacia la nacionalidad española.
Y es aquí donde se llega a la paradoja más compleja: ¿qué ocurriría si uno de los beneficiarios de esta ley llegase a ser diputado, ministro o alto cargo del Estado español y, más adelante, se celebrase en el Sáhara un referéndum bajo amparo de la ONU en el que tuviera derecho a voto?
Desde el punto de vista jurídico, el marco normativo de Naciones Unidas no contiene una regla automática que determine que la adquisición de la nacionalidad española por parte de personas de origen saharaui implique su exclusión del cuerpo electoral. De hecho, los anteriores esquemas internacionales vinculaban la elegibilidad a los censos de la MINURSO y a los criterios de identificación dictaminados por la ONU.
Y este es el interrogante político que debería plantearse en Madrid antes que en Rabat: ¿resulta coherente que alguien represente al pueblo español en las Cortes, o forme parte de un Gobierno que decide en nombre de España, mientras conserva simultáneamente un estatus político que le faculte para decidir sobre la soberanía de otro territorio?
Aquí la contradicción deja de ser terminológica para ser sustancial.
No se trata de una paradoja menor, sino del núcleo del problema. La ley podría engendrar en el futuro a ciudadanos españoles que voten en elecciones generales, ejerzan de diputados, ministros o altos cargos del Estado y, teóricamente, mantengan la facultad de votar en un referéndum sobre el futuro del Sáhara, dado que las viejas referencias de la ONU no estipulan la pérdida automática de ese derecho tras la naturalización.
Son los propios españoles, antes que los marroquíes, quienes deben evaluar las consecuencias de lo votado en su Parlamento. Si bien es natural que todo ciudadano goce de los mismos derechos sin discriminación por su origen, resulta insoslayable que el Estado examine la incompatibilidad que surge cuando un actor integrado en sus instituciones de decisión mantiene un interés político directo en un litigio territorial exterior.
El problema no radica en el origen del ciudadano, sino en la incompatibilidad de sus potenciales roles políticos.
Imaginemos que, en unos años, un beneficiario de esta ley llega al Congreso, al Gabinete o a la cúpula de una institución soberana. Como tal, responderá ante el Estado español y defenderá sus intereses, pero según los viejos criterios de identificación, seguiría capacitado para decidir el estatuto definitivo de otro territorio. Una situación difícilmente sostenible en la práctica, aun cuando la ley no la prohíba expresamente.
El asunto cobra mayor delicadeza al recordar que la iniciativa fue promovida por un sector político abiertamente alineado con el Polisario, con la diputada Tesh Sidi —de origen saharaui y decidida partidaria de la vía separatista— como uno de los rostros clave en el impulso de un proyecto abocado a detonar una crisis política, sea abierta o silenciosa.
La cuestión trasciende los derechos individuales: atañe al uso de la institución legislativa española en un expediente con impacto directo en las relaciones de Madrid con un socio político, económico y de seguridad clave como Marruecos.
En el otro lado, el Polisario debe responder de sus incoherencias antes de celebrar el resultado. Quien pretende "fundar un Estado" no puede encumbrar la subordinación jurídica a otra potencia como un logro colectivo, ni una fuerza de liberación puede presentar el retorno a la ciudadanía metropolitana como el cénit de su causa.
España, por su parte, debe mirar más allá del cálculo parlamentario cortoplacista. Abrir la vía a la nacionalidad a esta escala no es un gesto humanitario al margen de la política: creará, en una generación, una nueva realidad demográfica y política dentro del Estado, proyectando un litigio exterior sensible en el corazón de sus instituciones.
La votación del Parlamento español sobre la proposición destinada a conceder la nacionalidad a los nacidos en el Sáhara antes de 1977 revela una verdad insoslayable: la cuestión ha dejado de ser un debate lineal sobre "descolonización" o "autodeterminación" para convertirse en una compleja red de intereses, identidades, pasaportes y roles regionales.
Y cuando la nacionalidad del antiguo colonizador se festeja como un triunfo por un movimiento que se pretende de liberación, la duda no es si hay contradicción, sino cuánto queda del discurso "liberador" y cuánto hay de conflicto instrumentalizado según los intereses de quienes lo gestionan.
Así, la pregunta de fondo va más allá de la nacionalidad: si el proyecto del Polisario es edificar una entidad independiente con memoria, identidad y ciudadanía propias, ¿cómo justificará que decenas de miles de los suyos hayan preferido jurar fidelidad al Rey de España, gozar de sus derechos de ciudadanía y exigir, simultáneamente, un derecho político separado para decidir sobre el Sáhara?
