El discurso de Nasser Bourita pronunciado el 23 de septiembre en Nueva York, durante el debate general de la 81ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas dejó una idea que va bastante más allá del balance diplomático de un año. Para Marruecos, el diferendo del Sáhara ha entrado en una etapa distinta desde la adopción, en octubre de 2025, de la resolución 2797 del Consejo de Seguridad. El ministro de Exteriores habló de un "punto de inflexión histórico" y de un proceso que, en palabras suyas, ha tomado un camino "sin retorno" hacia la ruptura con el pasado y la búsqueda de una solución definitiva.
Bourita desgranó esa nueva etapa en seis puntos. Sostuvo que no cabe una solución fuera de una autonomía bajo soberanía marroquí; que las negociaciones deben continuar bajo los auspicios de Naciones Unidas y sobre la base de la iniciativa presentada por el Reino; que las responsabilidades de las cuatro partes están claramente establecidas; que no puede perpetuarse el statu quo; que la credibilidad de los interlocutores pasa por respetar el alto el fuego y las resoluciones del Consejo de Seguridad; y que tampoco puede prolongarse indefinidamente la situación de los habitantes de los campamentos de Tinduf, en territorio argelino.
La referencia a las cuatro partes y sus responsabilidades adquiere otro alcance de suma importancia en la misma intervención. Antes de abordar el Sáhara, el jefe de la diplomacia marroquí había situado entre las principales amenazas para la seguridad internacional el crecimiento de los grupos armados no estatales. Y no se detuvo en quienes empuñan las armas. Puso el acento en quienes están detrás.
Bourita habló de los vínculos entre grupos armados, "milicias separatistas", organizaciones terroristas, redes criminales y mercenarios. A continuación reclamó responsabilidades para los Estados que los patrocinan, albergan, financian, arman o les proporcionan refugio. Esa responsabilidad, añadió, no puede quedar reducida al terreno político: debe ser también "jurídica, moral e histórica".
Bourita no nombró en ese pasaje ni al Polisario ni a Argelia. Pero el argumento cobra relieve en un momento en que, al otro lado del Atlántico, ha dejado de ser una mera hipótesis la posibilidad de someter al Frente a un marco jurídico antiterrorista.
De la responsabilidad política a sus consecuencias jurídicas
El movimiento ha tomado cuerpo en Washington durante los últimos meses. El senador republicano Ted Cruz presentó en marzo, junto con Tom Cotton y Rick Scott, Polisario Front Terrorist Designation Act of 2026, una iniciativa que condiciona la designación del Frente como organización terrorista extranjera a que el Departamento de Estado determine que existe cooperación con organizaciones terroristas vinculadas a Irán. La propuesta fue remitida al Comité de Relaciones Exteriores del Senado y continúa siendo, por tanto, un proyecto legislativo.
La iniciativa no se mueve en términos genéricos. Reclama determinar si durante los últimos diez años ha existido cooperación en operaciones militares, sistemas de armas, vehículos aéreos no tripulados, defensa antiaérea o apoyo de inteligencia. Cruz sostiene que el Polisario mantiene relaciones con grupos vinculados a Teherán y ha llegado a acusarlo de recibir drones de la Guardia Revolucionaria iraní y de participar en movimientos de armamento en la región. Son acusaciones de los promotores que el mecanismo previsto por la propia ley pretende someter a una determinación del Departamento de Estado.
En este contexto, El Independiente recogió el debate sobre la eventual clasificación y sus posibles consecuencias financieras: congelación de activos, restricciones a las transacciones y aislamiento de sus dirigentes del sistema financiero internacional. El periódico planteaba además un segundo efecto, mucho más delicado para el equilibrio magrebí: las implicaciones que semejante designación podría tener para Argelia por su relación con el Polisario y por las normas estadounidenses relativas al apoyo material a organizaciones designadas.
Ese extremo no figura hoy como una sanción automática contra el Estado argelino en la iniciativa de Cruz. Sin embargo, abre una cuestión que toca de lleno el concepto utilizado por Bourita en Nueva York: hasta dónde llega la responsabilidad de un Estado cuando el grupo que alberga, financia o respalda queda sometido a un régimen jurídico antiterrorista.
Irán, Hezbolá y la teoría del «proxy»
Marruecos rompió relaciones diplomáticas con Irán en 2018 después de acusar a Hezbolá de haber proporcionado entrenamiento y apoyo al Polisario con mediación iraní y facilidades argelinas. Teherán, Hezbolá y el Polisario rechazaron aquellas acusaciones, y algunas de las afirmaciones que desde entonces han circulado sobre ese vínculo continúan siendo objeto de disputa.
El debate ha adquirido, sin embargo, una dimensión distinta en Estados Unidos. En abril de 2025, el Hudson Institute publicó un informe dedicado íntegramente a defender la inclusión del Polisario en la lista estadounidense de organizaciones terroristas extranjeras. El documento sostiene que la Guardia Revolucionaria iraní y Hezbolá habrían proporcionado drones y entrenamiento al Frente y atribuye a Argelia un papel de facilitador en determinadas transferencias.
La tesis de Hudson va bastante más lejos. Sitúa el conflicto del Sáhara dentro de una competencia geopolítica que conecta el Magreb y el Sahel con Irán, Rusia y China, y describe al Polisario como un instrumento susceptible de encajar en una lógica de guerra por intermediarios. El informe sostiene que una eventual clasificación estadounidense permitiría, entre otros efectos, congelar activos y golpear esas redes, pero dedica un punto específico a Argelia: considera que la medida expondría y aislaría lo que denomina una estrategia argelina de desestabilización regional mediante actores interpuestos.
Hay una similitud conceptual difícil de pasar por alto entre ese debate y las palabras pronunciadas por Bourita ante la ONU: impedir que un Estado utilice a un grupo armado para hacer por delegación aquello que no puede hacer directamente y eludir después sus responsabilidades.
De Tinduf al Sahel: el precedente de Adnan Abu Walid al-Sahrawi
La preocupación por los vínculos que puedan tejerse entre movimientos armados y las redes extremistas que operan en el Sahel tampoco parte de la nada. Uno de los nombres que aparece de manera recurrente cuando se reconstruye esa trayectoria es el de Adnan Abu Walid al-Sahrawi, que años después acabaría convertido en una de las figuras más destacadas del yihadismo en la franja saheliana.
Su recorrido resulta especialmente significativo por sus orígenes. El Centro de Estudios Estratégicos de África, dependiente del Departamento de Defensa de Estados Unidos, sitúa su juventud en los campamentos saharauis instalados en Argelia y señala que, durante la década de los noventa, se incorporó al Frente Polisario. International Crisis Group también recoge su paso por el movimiento antes de que, ya en la década siguiente, su trayectoria se desplazara hacia las organizaciones yihadistas asentadas en el norte de Mali.
El salto se produjo en un Sahel sacudido entonces por la expansión de distintos grupos armados. Al-Sahrawi pasó por el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO) y posteriormente por Al-Mourabitoun, antes de jurar lealtad al Estado Islámico en 2015 y ponerse al frente de la organización que terminaría siendo conocida como Estado Islámico en el Gran Sáhara. Su nombre quedó desde entonces asociado a algunos de los episodios más graves de la violencia yihadista en la región hasta su muerte en 2021 durante una operación de las fuerzas francesas.
Su trayectoria reaparece ahora en el debate estadounidense en torno al Polisario. Un informe de Hudson Institute recupera el caso de Al-Sahrawi al abordar los riesgos de radicalización y las conexiones que, según su análisis, se han producido entre individuos procedentes del entorno de los campamentos y organizaciones extremistas del Sahel.
El caso introduce así otro elemento en una cuestión que ha ido ganando terreno en Washington: la seguridad en torno a Tinduf ya no se observa únicamente a través del viejo prisma del diferendo del Sáhara, sino también dentro de un Sahel donde las fronteras entre insurgencia, contrabando, mercenarios y organizaciones terroristas llevan años desdibujándose.
Siria, otro frente en las conexiones con Irán
La conexión con Irán y Hezbolá conduce a otro escenario, esta vez fuera del Magreb y el Sahel. Siria aparece en esta trama desde los primeros compases de la guerra iniciada contra el régimen de Bashar al-Assad, según documentos atribuidos a los antiguos servicios de inteligencia sirios que salieron a la luz después de su caída, en diciembre de 2024.
Una de esas notas confidenciales, fechada en 2012 da cuenta de contactos para organizar la formación militar de miembros del Polisario en Siria con la intermediación de Argelia. El documento, dirigido a un general responsable de la denominada "rama 279" de los servicios de inteligencia sirios, hace referencia a intercambios entre los ministerios de Defensa argelino y sirio en torno a una petición para enviar efectivos del Frente a entrenarse junto al Ejército de Bashar al-Assad.
Los preparativos, según el contenido de la nota, venían de meses atrás. En diciembre de 2011, responsables del Polisario habrían viajado a Beirut para mantener contactos con Hezbolá en torno a la formación, el entrenamiento y la participación en "operaciones especiales" en territorio sirio. La delegación trató de reunirse con Hassan Nasrallah, aunque el encuentro terminó celebrándose con otro alto responsable del movimiento libanés.
El siguiente paso llevó las conversaciones a Tinduf. Un representante de la inteligencia siria destinado en Argelia se reunió con el entonces secretario general del Polisario, Mohamed Abdelaziz, en presencia de Brahim Ghali y Abdelkader Omar. La nota presenta aquellas gestiones como parte de un acuerdo entre Argelia, el Polisario y Siria y cifra en 120 los miembros del Frente, repartidos en cuatro grupos, que debían incorporarse al programa de entrenamiento previsto para enero de 2012.
Durante años, ese episodio permaneció fuera del primer plano. La caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024 volvió a ponerlo sobre la mesa, al comenzar a difundirse documentos atribuidos a los archivos de los servicios de seguridad del antiguo régimen. Fue en ese contexto cuando la nota de 2012 adquirió una nueva dimensión, al situar en un mismo entramado a responsables del Polisario, las autoridades argelinas, el aparato militar sirio y Hezbolá.
La historia tuvo una segunda derivada pocos meses después. El 12 de abril de 2025, The Washington Post publicó una investigación sobre las redes de armas y dinero que Irán y sus aliados habían levantado en Siria y que las nuevas autoridades trataban de desmantelar. El periódico informó, citando a responsables regionales y europeos, de que Irán había entrenado a combatientes del Polisario y que cientos de ellos se encontraban entonces detenidos por las nuevas fuerzas de seguridad sirias.
Estas fuentes terminan así convergiendo sobre un mismo escenario . Por un lado, una nota atribuida a la inteligencia siria de 2012 que describe entrenamiento militar, contactos en Tinduf, mediación argelina y conversaciones con Hezbolá; por otro, una investigación publicada en Washington en 2025 que vuelve a situar a miembros del Polisario dentro de las redes tejidas por Irán en Siria.
Ese recorrido cobra ahora un significado distinto con el salto de la cuestión al Congreso de Estados Unidos. La iniciativa para una eventual clasificación del Polisario como organización terrorista ha colocado entre los extremos que deberá examinar Washington la cooperación con organizaciones vinculadas a Irán en materia de entrenamiento militar, armamento, drones e inteligencia. El debate que durante años discurrió entre denuncias diplomáticas, documentos de inteligencia e investigaciones periodísticas ha terminado, de este modo, entrando en el terreno legislativo.
La siguiente batalla vuelve al Consejo de Seguridad
Mientras ese frente comienza a tomar forma en Washington, Rabat prepara ya el siguiente movimiento en Nueva York, en el órgano donde el diferendo del Sáhara ha librado durante décadas buena parte de su batalla diplomática: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Bourita cerró su intervención ante la 81ª Asamblea General anunciando oficialmente la candidatura de Marruecos a un asiento no permanente en el Consejo para el período 2028-2029. El ministro enmarcó la decisión en la voluntad del Reino de seguir contribuyendo a la paz y la seguridad colectivas, al multilateralismo y al respeto de los principios recogidos en la Carta de Naciones Unidas.
El calendario sitúa esa candidatura en un momento especialmente significativo para Rabat. Marruecos aspira a regresar al Consejo después del giro que atribuye a la resolución 2797 y cuando su diplomacia sostiene que el diferendo ha entrado en una trayectoria irreversible hacia una solución política basada en la iniciativa de autonomía. El mismo discurso en el que Bourita anunció la candidatura sirvió, de hecho, para fijar los términos con los que Marruecos encara esta nueva etapa: autonomía bajo soberanía marroquí, negociación bajo los auspicios de Naciones Unidas, responsabilidad de las cuatro partes y rechazo a prolongar el statu quo.
Un eventual asiento durante el bienio 2028-2029 reforzaría la presencia diplomática marroquí dentro del órgano que examina periódicamente el expediente y renueva el mandato de la MINURSO. Marruecos volvería así a ocupar una de las quince sillas del Consejo en una etapa en la que pretende trasladar el impulso político de los últimos años al terreno de una solución definitiva del diferendo.
De ahí que el discurso de Bourita haya colocado la responsabilidad en el centro de su argumentación. Primero, al recordar los deberes que, según la resolución 2797, corresponden a las cuatro partes; después, al reclamar responsabilidades "políticas, jurídicas, morales e históricas" para los Estados que patrocinan, albergan, financian o arman a grupos no estatales.
El nuevo desafío de Marruecos se jugará, por tanto, entre Nueva York y Washington. En Naciones Unidas, con el propósito de llevar el proceso político hacia la solución que Rabat defiende sobre la base de la autonomía; en Estados Unidos, con una iniciativa que podría trasladar al terreno jurídico la cuestión del Polisario y de sus apoyos exteriores. Dos frentes que discurren por vías distintas, pero que pueden terminar pesando sobre la misma ecuación regional que Marruecos considera llegada a un punto de inflexión.
