La cooperación judicial entre Marruecos y España ha entrado en una fase de tensión después de que el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, revelara que su departamento estudia la posibilidad de suspender la aplicación del convenio de extradición entre ambos países, una posición que coincide con el aumento de las discrepancias políticas y judiciales entre Rabat y Madrid tras la reciente crisis de Ceuta.
Según declaraciones de Ouahbi recogidas por la agencia española EFE, el Ministerio de Justicia marroquí debate actualmente la posibilidad de suspender la aplicación del convenio de extradición debido a las objeciones de Rabat sobre la forma en que la parte española ha tramitado varias solicitudes de extradición cursadas por las autoridades marroquíes.
El anuncio supone un giro significativo, dado que la cooperación judicial y policial constituye uno de los principales pilares de las relaciones entre Marruecos y España, especialmente en materia de terrorismo, crimen organizado, trata de seres humanos y narcotráfico, así como en la persecución de personas reclamadas por la Justicia de ambos países.
Ouahbi explicó, según la información citada, que el problema no reside en la coordinación durante las primeras fases de los procedimientos de extradición, sino en lo que ocurre posteriormente. El ministro aludió a casos en los que la persona reclamada es detenida en España y debidamente identificada, tras lo cual se acuerda una fecha para su entrega y las autoridades marroquíes desplazan a agentes para hacerse cargo de ella, pero el procedimiento acaba bloqueándose y la extradición no llega a materializarse.
Las declaraciones del ministro de Justicia llegan después de las críticas que dirigió al sistema judicial español a propósito del expediente de los menores marroquíes, al que calificó de «muy complejo y muy politizado». A su juicio, algunos asuntos relacionados con Marruecos han dejado de dirimirse exclusivamente con arreglo a criterios jurídicos y administrativos y han entrado también en juego cálculos políticos y electorales.
Las extradiciones entre ambos países se rigen por un convenio bilateral firmado en Rabat el 24 de junio de 2009 y que entró definitivamente en vigor el 1 de septiembre de 2012. El texto establece, bajo determinadas condiciones, la obligación de las partes de entregarse recíprocamente a las personas que se encuentren en el territorio de uno de los dos Estados y sean perseguidas o hayan sido condenadas en el otro, al tiempo que excluye la extradición de los nacionales de cada país a la otra parte.
La expresión «suspender la aplicación del convenio» tiene, en este sentido, un alcance jurídico distinto de su denuncia o terminación definitiva. El propio acuerdo establece una duración indefinida, aunque permite a cualquiera de las partes denunciarlo mediante una notificación escrita cursada por vía diplomática. La denuncia surtiría efecto un año después de la fecha de envío de la notificación. Por tanto, lo revelado por Ouahbi se circunscribe, por ahora, a una posibilidad que está sobre la mesa del Ministerio de Justicia y no supone un anuncio oficial de retirada de Marruecos del convenio.
El asunto sale a la luz en un momento especialmente delicado de las relaciones entre Rabat y Madrid. La cuestión de Ceuta y Melilla ha vuelto al primer plano después de que Ouahbi reiterara las reivindicaciones de Marruecos sobre ambas ciudades, mientras el Gobierno español cerró la puerta a cualquier debate sobre su soberanía. El Ministerio español de Asuntos Exteriores afirmó que la integridad territorial de España «no ha estado ni estará sujeta a discusión con nadie», mientras la ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo que ambas ciudades no son «españolas, más bien, españolísimas».
Las palabras de Ouahbi sobre el convenio de extradición añaden así un nuevo frente judicial a las discrepancias políticas abiertas entre ambos países. Si el estudio anunciado por el ministro desembocara finalmente en una suspensión efectiva de su aplicación, supondría que la tensión ha dejado atrás el terreno de las declaraciones políticas para alcanzar uno de los ámbitos más sensibles de la cooperación bilateral, en un momento en el que Rabat y Madrid siguen teniendo sobre la mesa asuntos de gran calado en materia de seguridad, inmigración, crimen organizado y cooperación judicial.
