El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha elevado considerablemente el tono del discurso gubernamental hacia España a raíz de la reciente crisis de Ceuta. En diversas declaraciones, el ministro ha combinado la reafirmación del apego de Marruecos a sus territorios y el llamamiento a resolver la controversia con Madrid mediante el diálogo, con críticas sin precedentes hacia la gestión española del expediente de los menores marroquíes, llegando a calificar el sistema judicial español de "muy complejo y altamente politizado".
La declaración más tajante documentada de Ouahbi respecto a la cuestión de Ceuta y la soberanía se produjo en una entrevista concedida al canal Asharq News, en la que afirmó: "Nos aferramos a nuestros territorios y queremos resolver el problema con España mediante el diálogo", en el marco del debate sobre Ceuta y las relaciones bilaterales.
Esta afirmación encierra una clara carga política, ya que ratifica el compromiso del responsable marroquí con la reivindicación de los territorios bajo soberanía española, subrayando al mismo tiempo que la resolución del litigio debe llevarse a cabo a través de la negociación y no mediante la escalada de la tensión.
Las declaraciones de Ouahbi cobran especial relevancia al producirse en medio de una crisis sin precedentes que ha devuelto la cuestión de Ceuta al centro de las relaciones hispano-marroquíes, desencadenando en España un amplio debate sobre la migración, la soberanía y los lazos con Rabat.
En un contexto relacionado, el titular de Justicia endureció notablemente su discurso hacia las autoridades españolas al abordar la situación de los menores marroquíes presentes en Ceuta y en la península ibérica.
En una entrevista concedida a DW Arabia, publicada este martes 11 de agosto, Ouahbi responsabilizó a la parte española de parte de la crisis, señalando que Rabat ya había advertido a Madrid de que su forma de gestionar la migración irregular podía ser instrumentalizada para incitar al éxodo. Asimismo, subrayó que Marruecos exige la repatriación de los menores que cruzaron la frontera de forma ilegal.
Ouahbi declaró que Marruecos considera que "los españoles son responsables de lo sucedido", explicando que Rabat advirtió previamente sobre las consecuencias de la política de acogida de la migración irregular y la percepción que genera entre los menores sobre la posibilidad de cruzar y permanecer en España. Además, reafirmó la disposición del Reino para acoger a sus niños y devolverlos a sus familias, destacando la responsabilidad moral y legal que asume Marruecos hacia ellos.
El ministro dirigió duras críticas a las instituciones españolas, en particular al sistema judicial, al que calificó de "muy complejo y altamente politizado". Consideró que la repatriación de los menores no está guiada únicamente por criterios legales y administrativos, sino que en ella interfieren "cálculos e implicaciones electorales".
Añadió que la parte española rechaza en ocasiones la devolución de los niños, presenta expedientes correspondientes a personas que no son de nacionalidad marroquí, o bien no presenta a los menores en las citas acordadas alegando su desaparición, sumado a la invocación de restricciones legales y constitucionales.
El ministro calificó la situación de "callejón sin salida moral y político", considerando que separar a un niño de su familia constituye una violación del derecho internacional y un "crimen que debe cesar". Dirigiéndose a las autoridades españolas, afirmó que si realmente desean ofrecer un futuro mejor a los menores, deberían acogerlos junto a sus familias y no separarlos de ellas.
Reveló asimismo que las autoridades marroquíes han iniciado investigaciones penales tras recibir informaciones sobre familias marroquíes que habrían pagado sumas de dinero para trasladar a sus hijos desde Ceuta a Madrid, vinculando este fenómeno con redes de tráfico de seres humanos, la explotación de menores y la presión migratoria.
