La investigación sobre el rescate público de Plus Ultra durante la pandemia entra en una nueva fase judicial. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado a declarar como investigados al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y al consejero delegado (CEO), Roberto Roselli, quienes comparecerán los próximos 7 y 8 de septiembre, respectivamente, en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer las circunstancias que rodearon la concesión de la ayuda de 53 millones de euros aprobada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Según informó The Objective, la decisión del magistrado se produce apenas unos días después de que ambos directivos presentaran sendos escritos ante el juzgado en los que sostienen que la compañía abonó importantes cantidades de dinero al empresario Julio Martínez Martínez, socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, por su presunta mediación en las gestiones relacionadas con la obtención del rescate público concedido en 2020.
En esos escritos, de contenido idéntico y a los que tuvo acceso Europa Press, las defensas de Martínez Sola y Roselli afirman que tanto Martínez Martínez como Zapatero «tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar», una circunstancia que, según sostienen, fue asumida por la compañía como una medida excepcional para intentar garantizar su supervivencia en plena crisis provocada por la pandemia, aunque aseguran desconocer los acuerdos internos que pudieran existir entre ambos.
La documentación incorpora además una conversación intervenida por la Policía Nacional entre Roberto Roselli y el empresario venezolano Rodolfo Reyes, exconsejero de Plus Ultra, en la que el primero afirma: «Así que por ahí vendrá la mordida». Los escritos de la defensa recogen ese término para referirse a la supuesta comisión vinculada a las gestiones encaminadas a facilitar la concesión de la ayuda pública.
Los directivos admiten igualmente que la aerolínea decidió contratar a Julio Martínez Martínez por su relación con Zapatero, aunque sostienen que nunca llegaron a tener una constancia fehaciente de las actuaciones concretas realizadas para influir en la decisión de la SEPI. Aun así, reconocen que Plus Ultra abonó el equivalente al 1 % del importe del rescate, unos 530.000 euros, por unos trabajos descritos de forma «eufemística» como labores de «acompañamiento».
De acuerdo con la versión trasladada al juez, esos pagos fueron distribuidos entre varias sociedades vinculadas al empresario y complementados con otros conceptos, entre ellos billetes de clase business valorados en unos 69.000 euros. Asimismo, los escritos sostienen que se emitieron alrededor de cuarenta facturas bajo el concepto de «Honorarios mensuales. Elaboración de informe», pese a que, según la propia defensa, dichos informes carecían de utilidad real para la compañía y respondían únicamente a una actividad de carácter encubridor.
Las defensas también sitúan el origen de los contactos en abril de 2020, cuando la paralización del tráfico aéreo llevó a la compañía a buscar apoyos para acceder a financiación pública. Según ese relato, tras varias gestiones, Martínez Sola recibió una llamada desde un número oculto que, aseguran, correspondía a José Luis Rodríguez Zapatero. Durante esa conversación, el expresidente habría manifestado su disposición a ayudar a la aerolínea y habría remitido a los responsables de Plus Ultra a Julio Martínez Martínez como interlocutor para continuar las gestiones, aunque, siempre según esa versión, no se habló entonces de honorarios ni de contraprestaciones económicas.
Pese a reconocer errores en la gestión de la compañía, los directivos rechazan que Plus Ultra pueda ser considerada una «sociedad pantalla». En sus escritos defienden que la aerolínea ha desarrollado una actividad empresarial real, con generación de empleo, pago de salarios y cumplimiento de sus obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, atribuyendo su implicación en la presunta red investigada a la grave situación financiera que atravesó durante la pandemia.
Con la citación acordada por el juez Calama, la investigación da un nuevo paso para esclarecer el alcance de las gestiones realizadas en torno al rescate de Plus Ultra y determinar si, junto a la concesión de la ayuda pública, pudo existir una presunta operativa de tráfico de influencias y otros posibles ilícitos que siguen siendo objeto de investigación en la Audiencia Nacional.
