Amnistía Internacional ha vuelto a iterar sus acusaciones contra Marruecos sobre el presunto uso del programa informático "Pegasus", desarrollado por la empresa israelí NSO Group, para vigilar a activistas, periodistas y figuras políticas. Se trata de una movilización que diversos medios internacionales —especialmente en España y la cadena estatal francesa France 24— han apresurado a difundir y situar en portada, sin aportar elementos técnicos inéditos que prueben la infección efectiva de los dispositivos ni determinen la identidad digital del operador.
La publicación del informe coincide con la reiterada negativa oficial de Rabat respecto a la posesión o utilización de dicho software, así como con su constante emplazamiento ante los tribunales e instancias internacionales a presentar una sola prueba material que sustente tales afirmaciones. No obstante, el tratamiento informativo occidental pone de manifiesto un contraste metodológico: mientras cadenas como France 24 priorizan la amplificación unidireccional de las tesis de la ONG omitiendo los desmentidos de Rabat, coberturas como la del diario español Público vincularon de inmediato el documento con la intrusión en los teléfonos de ministros españoles, obviando la distinción pericial entre la mera inclusión de un número en listas de interés, la infección efectiva del terminal y la atribución técnica del ataque.
Esta asimetría resulta más evidente al comparar el celo informativo suscitado por los informes sobre el Sur global con la moderación que acompañó el seguimiento de los "Predator Files". Mientras que las plataformas europeas y la propia prensa pública francesa dieron por concluido el seguimiento sobre la comercialización de spyware desde el interior de la Unión Europea —a través de firmas como Nexa Technologies o el entramado Intellexa— tras la oleada inicial de publicaciones, las acusaciones dirigidas contra Marruecos reaparecen periódicamente en las escaletas de France 24 y otros medios internacionales, pese a sustentarse en testimonios anónimos desprovistos de verificación técnica independiente o de acceso directo a las redes objeto de controversia.
En el plano judicial, las coberturas obvian de forma recurrente los autos dictados por la Audiencia Nacional en Madrid en relación con los teléfonos del Ejecutivo español. Las actuaciones judiciales del magistrado instructor constataron la ausencia de elementos trazables que vinculen directamente los ataques con Rabat, quedando la causa sobreseída por falta de información determinante y por la incomparecencia de la empresa desarrolladora. Sin embargo, diversos enfoques periodísticos eluden las conclusiones fijadas en sede judicial para mantener una narrativa basada en indicios circumstantiales.
Por su parte, aproximaciones como la de InfoLibre centran el foco en detallar los mecanismos de seguimiento atribuidos a los servicios de inteligencia (DGST) y el impacto sobre perfiles concretos, recurriendo a relatos unilaterales sin otorgar una cobertura equivalente a los desmentidos oficiales ni examinar la trayectoria de los testimonios citados. Esta focalización exclusiva sobre un presunto usuario del Sur global contrasta con la escasa fiscalización sobre la cadena de suministro internacional en su conjunto, la cual abarca a desarrolladores, intermediarios y organismos reguladores dentro del espacio europeo.
La discrepancia en la persistencia informativa entre los casos "Predator" y "Pegasus", sumada a la falta de neutralidad observada en la cobertura de cadenas como France 24 y la reiteración de alegaciones sin respaldo pericial, sitúa la imparcialidad y el rigor de la prensa occidental ante un examen de coherencia editorial.
