El Gobierno español anunció este lunes la habilitación inmediata de cuatro dispositivos temporales de atención humanitaria en Ceuta, con capacidad conjunta para 1.500 personas, en un intento de aliviar la presión sobre el sistema de acogida tras las llegadas registradas a finales de julio y mientras varios miles de migrantes continúan en la ciudad ocupada.
La medida fue anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, después de reunirse con el presidente popular, Juan Jesús Vivas. Según recoge The Objective, las nuevas plazas tendrán carácter «temporal y extraordinario» y se distribuirán entre el aparcamiento de Embolsamiento, en Loma Colmenar, las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio de El Guano.
Saiz explicó que el primero de los emplazamientos ha sido cedido por las autoridades locales, mientras que los otros tres son de titularidad estatal. Los cuatro espacios se integrarán en el dispositivo de atención humanitaria desplegado para dar alojamiento provisional a parte de las personas que permanecen en Ceuta y descongestionar unas instalaciones de acogida que soportan una fuerte presión.
El anuncio llega 18 días después de las entradas irregulares registradas los días 30 y 31 de julio. Las cifras sobre su magnitud siguen siendo objeto de discrepancias entre las administraciones españolas. Mientras las autoridades locales hablan de unas 80.000 entradas, el Gobierno central sitúa la cifra en torno a 72.000. La mayoría de esas personas regresó posteriormente a Marruecos de forma voluntaria, aunque tampoco existe una estimación coincidente sobre cuántas permanecen actualmente en Ceuta. El Ejecutivo local calcula que son entre 8.000 y 10.000.
La puesta en marcha de las 1.500 plazas se produce además después de que Vivas endureciera sus críticas a Madrid y denunciara una «falta de respuesta adecuada» a la situación. Vivas acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de haber minimizado inicialmente el alcance de la crisis y reclama una mayor coordinación entre las distintas administraciones y departamentos estatales implicados.
Durante su comparecencia, Saiz recordó que su ministerio había declarado previamente una situación de emergencia dotada con 6,5 millones de euros para reforzar la respuesta humanitaria. Cruz Roja ocupa un papel prioritario dentro de ese dispositivo y, según los datos ofrecidos por la ministra, ha distribuido alrededor de 4.000 kits de alimentación diarios y realizado más de 4.000 asistencias sociosanitarias.
La titular de Inclusión defendió la necesidad de mantener la cooperación institucional para recuperar cuanto antes la normalidad y aseguró que el Ejecutivo actúa dentro del marco legal vigente y bajo el principio de atención humanitaria. También rechazó las acusaciones de inacción formuladas desde Ceuta y sostuvo que los distintos ministerios han venido acompañando a las autoridades locales desde el comienzo de la crisis.
La situación del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) constituye uno de los principales focos de presión. El centro se encuentra saturado, mientras miles de personas permanecen fuera de los recursos ordinarios de acogida, entre ellas las concentradas en el asentamiento de la playa del Trampolín. Saiz señaló que el Gobierno continúa «dimensionando» las necesidades y defendió el carácter «flexible» del sistema de acogida para justificar la apertura de los nuevos dispositivos.
La visita de la ministra se produjo también en un contexto de creciente tensión política. Saiz fue recibida con abucheos a su llegada a uno de los encuentros previstos, mientras que las críticas a la gestión del Gobierno han alcanzado incluso al PSOE de Ceuta. El diputado socialista Melchor León pidió la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, y acusó a Sánchez de «mentir» sobre la situación.
Por su parte, el Partido Popular ha endurecido su discurso sobre la crisis. La diputada Cuca Gamarra sostuvo que lo ocurrido en Ceuta trasciende el ámbito migratorio y lo calificó de «crisis de soberanía» y de «integridad territorial». Saiz respondió acusando al PP de asumir posiciones de Vox en materia migratoria y reclamó a la formación de Alberto Núñez Feijóo que actúe como un «partido de Estado».
Más allá de la apertura de nuevos espacios de acogida, sigue pendiente la situación jurídica de las personas que permanecen en Ceuta. La ministra evitó precisar cuántas serán expulsadas o podrán permanecer en España y se limitó a señalar que cada actuación se realizará «cumpliendo estrictamente el marco de la legalidad vigente».
Los procedimientos de retorno no son automáticos. En los casos en los que corresponda una expulsión deberán tramitarse los expedientes individualizados previstos por la legislación de extranjería, mientras que las eventuales solicitudes de protección internacional seguirán su propio procedimiento. Esta circunstancia anticipa una gestión que puede prolongarse durante meses y convierte las nuevas 1.500 plazas en una solución provisional ante una crisis cuya dimensión administrativa y humanitaria continúa abierta.
