La jueza María Tardón asume la investigación sobre la entrada masiva de migrantes y apunta a una posible actuación favorecedora desde territorio marroquí, aunque admite las dificultades para llevar a Marruecos ante la justicia española
El Gobierno de Pedro Sánchez dará este martes dos pasos en relación con la crisis migratoria de Ceuta de finales de julio: aprobará la desclasificación de los informes de seguridad e inteligencia sobre aquellos acontecimientos y se personará como perjudicado en la causa abierta por la Audiencia Nacional.
La decisión del Ejecutivo llega después de que la jueza María Tardón declarara este lunes la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la entrada masiva de migrantes registrada los días 30 y 31 de julio, al considerar que los hechos podrían ser constitutivos de delitos que afectan a la paz o a la independencia del Estado.
La investigación judicial y la decisión de desclasificar los informes colocan ahora en el centro una cuestión que el Gobierno y la oposición vienen sosteniendo desde posiciones enfrentadas: qué información manejaban realmente las autoridades españolas antes de que se produjera la llegada masiva y hasta qué punto las instituciones pudieron anticipar lo que iba a suceder.
Sánchez ya había anunciado en el Congreso su intención de hacer públicos los informes y avisos recibidos por el Ejecutivo en los días previos y posteriores a la crisis. Según fuentes gubernamentales citadas por Europa Press, el Consejo de Ministros aprobará este martes la desclasificación y la documentación estará disponible públicamente a partir del miércoles.
El Gobierno sostiene que ha revisado las notas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que ninguna de ellas alertaba de una operación de la dimensión que finalmente tuvo lugar. La versión oficial es que los servicios de información habían advertido de riesgos y movimientos considerados dentro de la normalidad, pero no de una entrada masiva de decenas de miles de personas.
El auto de María Tardón sitúa parte de las pesquisas en la posible actuación desarrollada desde territorio marroquí. Según laSexta, la magistrada incorpora a la causa un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional que habla de una «clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos», concretamente en la zona de Fnideq y sus alrededores.
El señalamiento, sin embargo, no equivale a establecer una responsabilidad del Estado marroquí. La investigación tendrá que determinar quién intervino, qué actuaciones se llevaron a cabo y si existen pruebas suficientes para atribuir responsabilidades penales concretas.
El Gobierno se presenta como perjudicado
En este contexto, el Ejecutivo ha decidido personarse en la causa como perjudicado por los hechos investigados. La decisión tiene una lectura política y jurídica evidente: el Gobierno sostiene que España fue víctima de una crisis cuya organización y origen corresponde esclarecer a los tribunales.
Pero la propia investigación deja abierta otra cuestión. La causa no solo puede avanzar hacia una eventual responsabilidad de quienes facilitaron la entrada desde el otro lado de la frontera. También podría examinar, si aparecen indicios suficientes, la respuesta de las autoridades españolas y posibles omisiones ante las advertencias que hubieran recibido.
Si los documentos confirman la versión del Ejecutivo, servirán para respaldar la narrativa de que Madrid no recibió una advertencia concreta sobre una operación de semejante magnitud. Si, por el contrario, aparecen comunicaciones que anticipaban de manera más precisa el riesgo de una entrada masiva, la presión sobre el Gobierno aumentará y la investigación judicial tendrá que valorar también qué se hizo con esa información.
Un nuevo pulso en torno a la jueza
La apertura de esta vía judicial ha provocado además un enfrentamiento político entre el Gobierno y la magistrada. El ministro de Transportes, Óscar Puente, cuestionó este lunes la imparcialidad de Tardón y afirmó que la jueza había dado muestras que permiten ponerla en duda.
Las declaraciones se producen justo cuando la magistrada acaba de asumir una investigación especialmente sensible, en la que aparecen implicaciones potenciales para las relaciones con Marruecos y, eventualmente, para la propia actuación de las instituciones españolas.
Mientras tanto, el Ejecutivo continúa preparando la respuesta a la situación migratoria en Ceuta. Puente ha señalado que los dos campamentos habilitados en el puerto podrían estar terminados este sábado. Sánchez, por su parte, ha reiterado que quienes tengan derecho a solicitar asilo podrán hacerlo y que quienes no cumplan los requisitos serán devueltos.
