El Gobierno de Ceuta estudia recurrir el real decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para afrontar la crisis migratoria si no se modifica el listado de instalaciones susceptibles de ser utilizadas para la acogida temporal de migrantes, en el que figuran cinco polideportivos de la ciudad. La controversia abre un nuevo frente entre las administraciones apenas un día después de que ambas acordaran gestionar de forma consensuada los espacios necesarios para hacer frente a la situación.
El decreto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluye entre los recursos de titularidad de la ciudad los polideportivos cubiertos de Santa Amelia, La Libertad y Antonio Campoamor, además de los complejos deportivos Guillermo Molina y Díaz-Flor. A ellos se suman otras instalaciones estatales y municipales que podrán movilizarse en función de la evolución de la crisis.
La inclusión de las instalaciones deportivas ha sido cuestionada por el Gobierno local y ha suscitado protestas entre parte de la población, especialmente por el uso habitual de estos espacios para actividades educativas y deportivas. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ya había advertido de que recurrir a los polideportivos podría «tensionar aún más la convivencia» y afectar a una parte importante de la actividad deportiva.
El Ejecutivo local valora acudir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo si el Gobierno central no rectifica el decreto y retira de él estas instalaciones. fuentes municipales citadas por el diario español Theobjective, sostienen que Madrid se comprometió verbalmente a no utilizar los polideportivos, mientras que el mando único ha precisado que únicamente se recurriría a ellos en caso de extrema necesidad, un escenario que considera poco previsible.
El desencuentro se centra, por tanto, menos en la disponibilidad inmediata de esos espacios que en su permanencia dentro de una norma con rango oficial. Ceuta considera insuficiente el compromiso verbal y reclama que lo acordado políticamente quede también plasmado negro sobre blanco. El martes, tras reunirse en la ciudad, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente, Juan Jesús Vivas, habían convenido que la elección de los espacios destinados a la acogida se realizaría «desde el consenso», mientras el Gobierno central presentó el listado como una relación «de máximos, modificable y flexible».
La controversia había comenzado antes incluso de la publicación definitiva del decreto. El martes, centenares de personas se movilizaron en Ceuta para expresar su rechazo a la gestión de la crisis y, en particular, a la utilización de instalaciones deportivas y otros espacios públicos como dispositivos temporales de acogida. Las protestas reflejaron el creciente malestar social que acompaña a la presión sobre los servicios y recursos de la ciudad desde la llegada masiva de finales de julio.
Desde Madrid se defiende que disponer de una relación amplia de instalaciones permite mantener margen de maniobra ante la evolución de la crisis y movilizar los recursos de manera gradual según las necesidades. Torres ha señalado este miércoles que la prioridad inmediata es habilitar unas 2.000 plazas adicionales para trasladar a instalaciones adecuadas a migrantes que todavía permanecen en playas y otros espacios públicos y proceder a su filiación, considerada necesaria para las actuaciones administrativas posteriores.
El desencuentro aparece, además, en el arranque de la aplicación de la declaración de Ceuta como situación de interés para la seguridad nacional, una medida excepcional aprobada por el Consejo de Ministros para reforzar la coordinación entre las distintas administraciones y movilizar recursos ante una crisis que el propio Ejecutivo reconoce que ha superado las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana. El dispositivo permanecerá inicialmente vigente hasta el 31 de diciembre, aunque podrá prorrogarse o darse por concluido antes en función de la evolución de la situación.
La controversia sobre los polideportivos se convierte así en una de las primeras pruebas para el nuevo esquema de coordinación puesto en marcha tras la crisis. El fondo del desacuerdo no reside únicamente en qué instalaciones pueden utilizarse, sino también en quién decide sobre ellas y con qué garantías. Mientras el Gobierno central defiende conservar un catálogo amplio y flexible para responder a posibles contingencias, Vivas exige que el consenso prometido tenga traducción jurídica y que los espacios deportivos queden fuera del dispositivo salvo que una nueva situación obligue a reconsiderarlo.
