el Gobierno aprobará un paquete de ayudas tras el accidente de Urda en plena tormenta política

El Consejo de Ministros fijará el martes las indemnizaciones para las víctimas de Toledo mientras la oposición denuncia un «fallo sistémico» en la red ferroviaria y se persona en la causa judicial a las puertas de las elecciones del 29N.

El Gobierno español aprobará previsiblemente este próximo martes en el Consejo de Ministros un real decreto de medidas urgentes y ayudas económicas para los afectados por el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo). El siniestro se ha cobrado hasta el momento la vida de 69 personas y mantiene a 41 heridos ingresados en centros hospitalarios, 16 de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Será el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien comparezca en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para detallar los avances de la investigación y el alcance del paquete de ayudas. Fuentes del Ejecutivo confirman además que no se descarta la inclusión de medidas adicionales orientadas a articular un plan de choque que permita a la ciudadanía «recuperar la confianza» en la red de Alta Velocidad Española (AVE).

El esquema de ayudas seguirá el precedente fijado tras el accidente de Adamuz del pasado 18 de enero —que causó 46 muertos—, cuando el Ejecutivo aprobó indemnizaciones inmediatas y anticipos de algo más de 210.000 euros por fallecido. Sin embargo, en esta ocasión la respuesta institucional se produce en un clima de máxima tensión política y con la credibilidad del sistema ferroviario bajo mínimos, como admitió el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Colapso en las conexiones con Andalucía y grietas en el sector turístico

Más allá del impacto humano, la tragedia ha generado un colapso logístico de alcance autonómico. La operadora pública Renfe mantiene suspendido el tráfico ferroviario en el corredor sur al menos hasta diciembre, mientras que las compañías privadas Iryo y Ouigo han congelado la venta de billetes.

Esta interrupción amenaza con dejar desconectada por vía férrea a Andalucía durante semanas, lo que ha llevado al coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y candidato al Congreso por Frente Amplio, Toni Valero, a exigir un plan de movilidad de emergencia coordinado entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para evitar el «aislamiento» de la región. El sector turístico y de transporte de viajeros ya acusa el impacto de la cancelación masiva de reservas a las puertas de la campaña de fin de año.

La investigación judicial y el papel de la acusación popular

En el plano judicial, la zona cero del accidente permanece bajo un estricto blindaje de la Guardia Civil en un radio de dos kilómetros. La jueza instructora ordenó desde el primer día la prohibición absoluta de acceso a personal no autorizado y la preservación intacta de cualquier elemento del terreno para evitar la pérdida de evidencias probatorias.

Tanto el Partido Popular como Vox han anunciado que se personarán en la causa ejercitando la acusación popular, una figura legal del derecho procesal español que permite a partidos u organizaciones personarse en procesos penales de gran repercusión pública.

Desde el PP, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Alma Ezcurra, ha aseverado que lo sucedido en Urda «no puede explicarse simplemente como un accidente aislado». Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha tildado de «canallada» las hipótesis preliminares que apuntaban a un posible error humano y ha exigido la custodia rigurosa de las pruebas para evitar incidentes como los denunciados en Adamuz respecto a la retirada prematura de restos del trazado.

Cuestionamiento técnico: del sistema ERTMS al mantenimiento de Adif

El encadenamiento de dos siniestros mortales en el mismo corredor en menos de un año ha situado en el centro del debate técnico la gestión del mantenimiento de Adif y la eficacia del sistema de señalización y frenado automático (ERTMS/ASFA). Expertos del sector rememoran ya el precedente del accidente de Angrois (Santiago de Compostela) en 2013, subrayando que la sucesión de fallos en líneas de alta velocidad —históricamente consideradas el buque insignia de la infraestructura española— exige un auditoría integral del estado de las vías y del material rodante.

Tormenta política en la precampaña del 29N

El accidente ha sacudido de lleno el escenario político a pocas semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El líder de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en una entrevista a La Vanguardia que España se encuentra en «fallo sistémico» tras sustituir, a su juicio, «la gestión y el mantenimiento por la propaganda político-electoral». Feijóo ha considerado «imprescindible» la dimisión inmediada de Óscar Puente, aunque ha señalado a Pedro Sánchez como máximo responsable por «convertir el Ministerio de Transportes en una agencia de colocación partidista».

Las críticas al ministro de Transportes no provienen únicamente de la derecha. Míriam Nogueras, candidata de Junts al Congreso, ha calificado la dimisión de Puente de «inaplazable» ante lo que considera una «incompetencia manifiesta». Incluso dentro del propio socio de coalición, Sumar, se han escuchado voces críticas que piden responsabilidades políticas.

A pesar de la presión, Óscar Puente ha descartado rotundamente presentar su dimisión. El ministro comparecerá este mismo martes por la tarde en el Congreso de los Diputados, a petición propia, para dar explicaciones parlamentarias sobre la gestión del siniestro en una jornada decisiva para el futuro del Ejecutivo y del sistema ferroviario español.

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