El Gobierno español ha aprobado una partida extraordinaria de 25 millones de euros destinada a reforzar la atención a los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la reciente crisis migratoria. De acuerdo con la información recogida por el medio español La Razón, la medida fue anunciada este martes por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien aseguró que el Ejecutivo pretende reforzar la capacidad asistencial de la ciudad ante el incremento de llegadas registrado en los últimos días.
La nueva dotación económica se sumará a los 5,5 millones de euros aprobados el pasado mes de julio durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, elevando hasta 30,5 millones de euros los recursos extraordinarios movilizados por el Gobierno para hacer frente a la atención de los menores en Ceuta.
Según explicó la ministra, los fondos serán transferidos desde el Ministerio de Juventud e Infancia a la administración ceutí mediante un mecanismo extraordinario financiado por el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de reforzar los dispositivos de acogida y asistencia destinados a los menores que han llegado a la ciudad sin acompañamiento familiar.
La ministra aprovechó además para hacer un llamamiento al conjunto de las comunidades autónomas para que colaboren en la acogida de los menores migrantes, insistiendo en la necesidad de una respuesta coordinada entre las distintas administraciones ante una situación que ha incrementado la presión sobre los recursos de la ciudad.
Por su parte, el Ministerio de Juventud e Infancia informó este martes de que, en coordinación con el Ministerio de Educación, se han habilitado dos centros educativos en Ceuta para acoger a los menores extranjeros no acompañados llegados durante la crisis, con especial atención a las niñas. Asimismo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, tiene previsto desplazarse en los próximos días a la ciudad para evaluar la evolución de la situación y coordinar la activación de los mecanismos previstos para garantizar una acogida adecuada.
Entre esas medidas figura la aplicación de la reforma de la Ley de Extranjería, que establece un sistema de reubicación de menores desde los territorios sometidos a una elevada presión migratoria hacia otras comunidades autónomas. La normativa también contempla la posibilidad de suscribir convenios con organizaciones no gubernamentales para reforzar la protección de estos menores y facilitar, cuando concurran las garantías legales y siempre atendiendo al interés superior del menor, los procesos de reunificación familiar.
Las autoridades precisaron igualmente que estos procedimientos se aplicarán de forma individualizada y que se ha reforzado el proceso de identificación y filiación de cada menor, un trámite considerado imprescindible antes de su incorporación a los dispositivos de protección o de cualquier eventual traslado.
