Para España, Ceuta y Melilla han dejado de ser simples ciudades representadas en los mapas oficiales dentro de los límites del Estado; se han convertido en una factura abierta cuyos conceptos se pagan en seguridad, migración, apoyo financiero y tensión diplomática.
En un lapso de solo 72 horas, el Ministerio del Interior español estimó que el número de personas que cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta, por tierra y mar, alcanzó unas 60.000 personas, antes de que una gran parte de ellas regresara, en una crisis que derivó en el despliegue de unidades militares, el cierre de pasos fronterizos y la alerta europea, mientras que el número de fallecidos, según la última actualización disponible, ascendió a 67 personas. De este modo, la geografía demostró una vez más ser más fuerte que todos los discursos sobre la soberanía.
La cuestión, hoy, no es si España es financieramente capaz de continuar ocupando las ciudades de Ceuta y Melilla en el norte de Marruecos, pues es un gran país europeo que puede financiar ambas ciudades durante décadas más; la pregunta más importante es: ¿cuál es el retorno estratégico que obtiene a cambio de un coste que aumenta cada vez que se perturba su relación con Marruecos o la migración se convierte en una herramienta de presión?
El coste de la ocupación de Ceuta y Melilla
Madrid no publica una cifra unificada bajo el título "coste de mantener Ceuta y Melilla", ya que los gastos están distribuidos entre los presupuestos de ambas ciudades y los ministerios de Defensa, Interior, Transportes, Educación, Sanidad y los programas de la Unión Europea. Sin embargo, las cifras dispersas revelan la magnitud de la carga: el presupuesto de Ceuta para el año 2026 alcanzó unos 423,9 millones de euros, mientras que el presupuesto de Melilla superó los 421 millones de euros, es decir, cerca de 845 millones de euros para dos ciudades cuya población conjunta no supera los 170.000 habitantes.
Junto a los gastos anuales, el Gobierno central asignó más de 711 millones de euros a los planes de desarrollo económico y social entre 2023 y 2026, distribuidos entre 354,6 millones para Ceuta y 356,8 millones para Melilla, además de 25 millones de euros adicionales para programas de empleo durante el año 2026. Por supuesto, no todo este dinero representa un "coste de soberanía", pero refleja el nivel de apoyo necesario para mantener dos economías aisladas geográficamente del mercado natural español.
En este contexto, el aspecto de la seguridad parece ser el más volátil. Tan solo en 2019, Madrid aprobó un programa de 32,7 millones de euros para modernizar las fronteras de ambas ciudades, que incluyó sistemas de vigilancia, cámaras, redes de comunicación y equipos de identificación biométrica, con la posibilidad de que la Unión Europea financiara el 75% del mismo.
Antes de la última explosión humana, los datos del Ministerio del Interior habían registrado, hasta mediados de julio de 2026, la entrada terrestre de 2.826 migrantes a Ceuta, frente a los 1.133 del mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento cercano al 150%.
En julio de 2025, la ciudad albergaba a 528 menores migrantes, cuando su capacidad habitual no supera las 27 plazas. Cada nueva ola implica vigilancia, acogida, atención sanitaria, trámites judiciales y traslado a la Península, gastos que se transforman rápidamente de una crisis local a un compromiso nacional, teniendo en cuenta que la tasa de desempleo en Ceuta alcanzó el 22,41% y en Melilla el 20,74%, más del doble de la media española.
En 2024, registraron el crecimiento económico más débil de las regiones de España, con un 1,1% en Ceuta y un 1,3% en Melilla, frente al 3,5% a nivel nacional. Asimismo, el PIB per cápita se situó en 23.228 euros en Ceuta y 21.128 euros en Melilla, en comparación con la media española de 32.633 euros.
La persistente fragilidad económica de ambas ciudades
Con el paso de los años, la fragilidad de ambas ciudades se debe en parte al éxito de Marruecos en desmantelar el antiguo modelo económico de Ceuta y Melilla. En agosto de 2018, Rabat cerró unilateralmente la aduana comercial en el paso de Beni Enzar con Melilla y, posteriormente, endureció de forma gradual las restricciones sobre el llamado "comercio atípico", que en realidad era una vasta red de contrabando de mercancías hacia el norte de Marruecos.
Aquello no supuso un bloqueo total a España —prueba de ello es que el intercambio comercial entre ambos países superó los 22.500 millones de euros en 2024—, sino una presión selectiva dirigida a los dos enclaves, privándolos de su profundidad económica natural, mientras que las grandes relaciones comerciales entre puertos y empresas marroquíes y españolas continúan. Cuanto más se constriñe la actividad fronteriza, más se ve obligada Madrid a compensarla mediante ayudas, exenciones y empleo público.
Historia de la ocupación de Ceuta y Melilla... De Portugal a España
Históricamente, Portugal se apoderó de la ciudad de Ceuta en 1415, mientras que Melilla fue ocupada por tropas castellanas en 1497, en el contexto de la expansión ibérica hacia la costa africana tras la caída de Granada.
Con el fin de la Batalla de los Tres Reyes en 1578, o batalla de "Alcácer Quibir" (Wad al-Makhazin), celebrada en el norte de Marruecos entre el ejército marroquí liderado por el sultán Abdelmalek El Saadi y el ejército portugués liderado por el rey Sebastián —que concluyó con una aplastante derrota portuguesa tras la muerte del rey Sebastián—, se desencadenó una crisis de sucesión que culminó con la llegada de Felipe II al trono de Portugal en 1580. Cuando Portugal recuperó su independencia en 1640, Ceuta optó por permanecer bajo la Corona española, lo cual se consagró en el Tratado de Lisboa de 1668. Estos enclaves formaban parte de un sistema de fortalezas avanzadas para proteger las rutas de navegación y la orilla sur de la península ibérica, evitando la formación de una fuerza opuesta que pudiera amenazar a la nueva Andalucía cristiana.
Sin embargo, lo más peligroso de estos enclaves que España sigue colonizando desde aquella época no es su coste diario, sino su capacidad para transformar un incidente limitado en una confrontación militar con Marruecos.
En julio de 2002, una disputa sobre la isla de Perejil (isla de Leila) —un peñón deshabitado casi sin valor económico— provocó un desembarco militar español y el desalojo de los elementos marroquíes. La escalada solo finalizó tras una intensa mediación liderada por el secretario de Estado estadounidense Colin Powell, cuyo departamento redactó el acuerdo de retorno al statu quo, donde un pequeño peñón obligó a dos potencias vecinas a movilizar tropas, aviones y requerir la intervención de Washington para evitar un desliz sin calcular.
El paraguas de la OTAN no incluye la protección de Ceuta y Melilla dentro de su ámbito defensivo
El paraguas atlántico de la OTAN parece menos claro de lo que sugieren los discursos españoles. El artículo 6 del Tratado de Washington limita el ámbito geográfico de la defensa colectiva a los territorios de los Estados miembros en Europa, América del Norte, Turquía y las islas situadas al norte del trópico de Cáncer, mientras que Ceuta y Melilla se encuentran en la masa continental africana. Por tanto, no gozan de una cobertura automática e inequívoca en virtud de los artículos 5 y 6.
La Alianza Atlántica ha confirmado que la defensa de cualquier aliado sigue siendo, en última instancia, una decisión política, lo que significa que España podría recibir apoyo, pero no con la claridad jurídica disponible para sus territorios europeos. En cuanto a los peñones e islotes pequeños, la ambigüedad es aún mayor.
Por esta razón, surgen periódicamente en los círculos académicos y diplomáticos españoles ideas que abogan por pasar de la gestión de la soberanía como una línea roja a la gestión de intereses como un espacio de negociación. En este contexto, el Real Instituto Elcano propuso, hace años, una regulación jurídica diferente para los islotes y peñones e involucrar a la Unión Europea, y tal vez a Marruecos, en su gestión ambiental. Sin embargo, estas concepciones siguen siendo marginales y no constituyen una tendencia oficial o popular mayoritaria dentro de España.
El difunto rey Hassan II había propuesto en 1987 la creación de una "célula de reflexión" compuesta por expertos y personalidades independientes para estudiar el futuro de Ceuta y Melilla. La propuesta no era un plan detallado de cogestión, como a veces se presenta, sino que buscaba sacar el expediente de la lógica de confrontación directa y situarlo en una trayectoria a largo plazo, algo que los sucesivos gobiernos españoles han evitado.
En el mundo existen modelos de los que se puede aprender, aunque ninguno sea extrapolable literalmente. El ejemplo más cercano funcionalmente es Gibraltar, donde el Reino Unido, la Unión Europea y España llegaron a un arreglo que separa la disputa sobre la soberanía de la necesidad de facilitar la vida de los residentes: se eliminan las barreras terrestres, se trasladan los controles al puerto y al aeropuerto, y las autoridades británicas y españolas participan en la gestión fronteriza, sin que Londres renuncie formalmente a la soberanía. También está la isla de los Faisanes entre España y Francia, cuya administración alternan ambos países cada seis meses.
En el caso de Ceuta y Melilla, una solución realista podría comenzar, en principio, con algo inferior al reparto de soberanía pero superior a la cooperación tradicional: una zona económica conjunta, aduanas integradas, un mando binacional para la migración y el rescate marítimo, inversiones hispano-marroquíes en el entorno de ambas ciudades y un régimen especial para los peñones deshabitados que garantice su neutralidad militar y su gestión ambiental compartida.
Según muchos observadores, España puede seguir pagando el coste de mantener las dos ciudades bajo su dependencia y asumir las cargas de su gestión económica, militar y política, pero no puede comprar con muros y apoyo financiero una solución definitiva a un problema creado por la geografía y heredado por la historia.
Cuanto mayor sea la capacidad de Marruecos para controlar la frontera o dejar que se desborde, y para abrir el comercio o ahogarlo, mayor será el coste marginal de la presencia española. La cuestión no será cuándo quebrará Madrid a causa de Ceuta y Melilla, sino cuándo se convencerá de que una soberanía rígida puede resultar más costosa que una gestión compartida de intereses. España es capaz de financiar ambos enclaves, pero no puede cambiar el hecho de que son dos ciudades políticamente europeas y geográficamente marroquíes, que viven en una frontera que no puede estabilizarse únicamente por la fuerza.
