La disputa geopolítica e interna sobre la presencia militar española en el archipiélago canario ha entrado en una nueva fase de escalada tras la publicación oficial en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la iniciativa legislativa presentada por la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido García, en la que exige el cierre definitivo y desmantelamiento del Campo de Maniobras y Tiro de Pájara, ubicado en la isla de Fuerteventura.
Esta medida parlamentaria formaliza las recientes intervenciones de Valido, quien ha calificado la instalación de más de 4.000 hectáreas como una "deuda histórica" que se remonta a la década de 1970. En aquel periodo, tras la retirada española del Sahara Marroquí en 1975, el régimen franquista procedió a la expropiación forzosa de millones de metros cuadrados sin consulta ni indemnización a las corporaciones locales. La iniciativa actual urge al Gobierno a establecer un calendario para el cese de las actividades militares y la restitución de los terrenos para el desarrollo socioeconómico de la población local y su conversión en espacio natural protegido, atendiendo a más de medio centenar de acuerdos institucionales canarios.
Sin embargo, la publicación del documento ha desatado una dura contraofensiva mediática y política por parte de sectores nacionalistas españoles, que acusan abiertamente al nacionalismo canario de poner sus demandas "al servicio de Marruecos". Quienes se oponen a la propuesta sostienen que despojar al Ejército de este enclave estratégico de adiestramiento con armamento pesado debilita la capacidad defensiva y disuasoria de España frente a las costas africanas, situando la iniciativa en el centro de un tenso debate entre la restitución de derechos territoriales y las exigencias de seguridad geoestratégica.
