Estados Unidos ha dado este sábado un paso de enorme calado en el tablero energético internacional. El presidente Donald Trump ha anunciado un acuerdo con el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que permitirá a Washington hacerse con el "control mayoritario" de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, una operación que el mandatario estadounidense ha definido como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial".
Trump ha asegurado que el pacto, negociado bajo la dirección del secretario de Estado, Marco Rubio, y del secretario de Guerra, Pete Hegseth, en colaboración con Delcy Rodríguez y mediante una asociación con el sector privado, no supondrá "coste alguno para el contribuyente estadounidense". Según el presidente, el acuerdo permitirá "duplicar las reservas de suministro de petróleo" de Estados Unidos y reducir "de forma sustancial" el precio de los carburantes a largo plazo.
La magnitud del movimiento se entiende mejor al poner las cifras en perspectiva. Venezuela dispone de más de 300.000 millones de barriles de reservas probadas, las mayores del mundo y por delante de Arabia Saudí. Los 65.000 millones de barriles sobre los que Washington obtendría el control mayoritario equivalen a más de la mitad de las reservas certificadas actuales de Estados Unidos, estimadas en unos 38.000 millones de barriles. En términos de reservas, el acuerdo supone por tanto más que duplicar la base petrolera estadounidense.
El peso de Venezuela en el mercado energético mundial tampoco es menor. Sus reservas representan aproximadamente el 17 % del suministro mundial, mientras que el país apenas produce alrededor del 1 % del petróleo global. La explicación se encuentra en el deterioro acumulado de su infraestructura petrolera, que ha limitado severamente la capacidad de extracción y procesamiento pese a la extraordinaria magnitud de los recursos que permanecen bajo su subsuelo.
Es precisamente ahí donde Washington y Caracas sitúan una parte esencial de las expectativas depositadas en el acuerdo. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha señalado que el entendimiento permitirá incrementar "considerablemente" la producción mediante la participación de operadores privados. El plan contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos con un potencial probado de 65.000 millones de barriles, acompañado de una inversión superior a 100.000 millones de dólares.
El Gobierno venezolano espera, además, que esa entrada de capital se traduzca en una importante fuente de ingresos para las arcas públicas. Rodríguez ha cifrado en 209.000 millones de dólares, unos 180.000 millones de euros, la recaudación tributaria que generaría el acuerdo para el Estado venezolano. La mandataria sostiene que las inversiones contribuirán a la recuperación y modernización de la industria de hidrocarburos, además de impulsar el crecimiento económico y la generación de empleo.
Desde Washington, Rubio ha presentado el pacto como una victoria de la política de "América Primero", al considerar que permitirá garantizar reservas estables y petróleo a bajo coste en el hemisferio occidental. El secretario de Estado ha señalado que la operación movilizará casi 100.000 millones de dólares, unos 86.000 millones de euros, en inversión privada, además de generar "miles de empleos" y contribuir a la reconstrucción de la economía venezolana.
Pero el ambicioso plan de expansión se enfrenta a un obstáculo evidente: la situación de la infraestructura petrolera venezolana. Los productores deberán hacer frente a instalaciones deterioradas, un suministro eléctrico inestable y responsabilidades ambientales acumuladas durante años. Bloomberg ha informado, además, de que Chevron negocia la incorporación de dos nuevos yacimientos a sus operaciones en Venezuela, mientras se estudian contratos de arrendamiento de hasta 100 años para varios campos. Por su parte, SLB y Hunt Oil Co. ya han firmado contratos con el Gobierno venezolano este mismo mes.
La recuperación de la capacidad productiva tampoco será inmediata. Analistas y expertos de la industria calculan que podría ser necesario más de una década para devolver la producción venezolana a los aproximadamente 3 millones de barriles diarios que alcanzaba antes del prolongado colapso de su industria petrolera. El volumen actual, pese al enorme potencial de las reservas, continúa muy por debajo de ese nivel.
El anuncio de Trump llega, además, en un momento especialmente delicado para el mercado energético estadounidense. La guerra en Irán ha presionado al alza los precios de la gasolina y ha obligado a recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos, cuya capacidad se encuentra ahora en torno al 41 %, su nivel más bajo en más de cuatro décadas. El precio medio de la gasolina regular se situó el jueves en 4,09 dólares por galón, más de un tercio por encima del registrado al inicio del conflicto. Trump tiene previsto reunirse el próximo martes con los máximos directivos de las principales petroleras estadounidenses para abordar los elevados precios de los combustibles.
El acuerdo abre, sin embargo, interrogantes que van más allá de las cifras. Por su alcance, la operación representa una intervención estadounidense sin precedentes recientes sobre la economía de otro país y podría quedar expuesta a impugnaciones legales y a futuros cambios políticos tanto en Washington como en Caracas. El propio desarrollo del pacto dependerá de la capacidad para reconstruir una industria que arrastra décadas de deterioro y convertir una parte de las mayores reservas petroleras del mundo en producción efectiva.
Con todo, la operación coloca nuevamente a Venezuela en el centro de la estrategia energética estadounidense. Washington busca asegurarse el control mayoritario de 65.000 millones de barriles, mientras Caracas espera atraer más de 100.000 millones de dólares en inversiones y obtener hasta 209.000 millones en ingresos tributarios. Entre ambos objetivos se encuentra el desafío de reactivar una industria que apenas aporta hoy el 1 % de la producción mundial, pese a custodiar bajo su suelo más de 300.000 millones de barriles de reservas probadas.
