El contencioso sobre las ciudades de Ceuta y Melilla entre Marruecos y España cobra una nueva dimensión. Mientras las élites políticas y mediáticas españolas insisten en presentar ambas plazas como territorio soberano desde hace siglos, Marruecos sostiene que se trata de territorios ocupados y mantiene firme su reivindicación para su recuperación, como parte irrenunciable de la consolidación de su integridad territorial.
En medio de este contencioso histórico y político entre ambos países, Assahifa ha tenido acceso a documentos inéditos procedentes de los archivos de las Naciones Unidas, la Organización para la Unidad Africana (OUA) y la Organización de la Conferencia Islámica (OCI). Estos fondos recontextualizan el expediente de ambas ciudades y de los islotes adyacentes en su marco diplomático y jurídico durante los años setenta del siglo pasado, revelando que Rabat intentó en 1975 trasladar formalmente el caso a los mecanismos de descolonización de la ONU, respaldado por posicionamientos explícitos de organizaciones regionales e internacionales.
El discurso oficial español se ha fundamentado históricamente en la antigüedad de su presencia en ambas plazas, a pesar de que la cronología de cada una es distinta: Melilla quedó bajo control de la Corona de Castilla en 1497, mientras que los portugueses ocuparon Ceuta en 1415, incorporándose posteriormente a la Corona española tras la Unión Ibérica, un dominio que se consolidó tras la separación de Portugal en el siglo XVII. Con base en este bagaje, Madrid considera ambas ciudades como parte integrante de su unidad nacional, postura que formalizó oficialmente ante las Naciones Unidas en 1975.
En el plano diplomático, el documento A/AC.109/475 de las Naciones Unidas, fechado el 27 de enero de 1975 y distribuido el 31 del mismo mes, revela que el representante permanente de Marruecos ante la ONU se dirigió al presidente del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos colonizados (Comité de los 24), solicitando la inclusión formal de Ceuta, Melilla, la Peñon de Alhucemas, el Peñón de Vélez de la Gomera y las Islas Chafarinas en la lista de territorios no autónomos.
En dicha misiva, Rabat calificó estos enclaves como «los últimos vestigios de la ocupación colonial» en la costa mediterránea africana. Asimismo, argumentó que su estatus legal, político e histórico es análogo al de Gibraltar, subrayando que el Reino jamás ha renunciado a su recuperación para culminar la integridad de su territorio nacional.
La reacción de Madrid no se hizo esperar. Mediante una carta oficial fechada el 12 de febrero de 1975 (documento A/AC.109/477), España rechazó de pleno la solicitud marroquí, alegando que Melilla, Ceuta, el Peñón de Vélez de la Gomera, el Peñón de Alhucemas y las Islas Chafarinas «están integrados en la unidad nacional de España». Al calificar la petición de Rabat como una injerencia en su soberanía e integridad territorial, ambos Estados fijaron ante el Comité de la ONU dos doctrinas jurídicas rotundamente contrapuestas.
El proceso no se limitó a un mero intercambio de notas diplomáticas. El 8 de agosto de 1975, el grupo de trabajo del Comité de los 24 elaboró su 77.º informe (documento A/AC.109/L.1045), previo a la consideración formal del caso en la sesión 1012.ª celebrada el 13 de agosto de 1975.
Según consta en el informe anual del Comité, analizado por Assahifa, los redactores examinaron tanto las dos solicitudes marroquíes (de 27 de enero y 30 de junio de 1975) como la réplica española de febrero. El aspecto central estriba en que el grupo recomendó que «el Comité Especial continúe examinando la cuestión en su próxima sesión», recomendación que fue adoptada en el pleno sin objeciones.
Esta formulación reviste una indiscutible relevancia jurídica: aunque no supuso la inclusión automática e inmediata de Ceuta y Melilla en la lista de territorios no autónomos, demuestra que la demanda de Marruecos no fue desestimada ni archivada en 1975, manteniéndose institucionalmente como una «cuestión pendiente» en la agenda de la ONU.
De forma paralela a la vía neoyorquina, Marruecos recabó un firme respaldo de la Organización para la Unidad Africana (actual Unión Africana). Durante su 24.ª sesión ordinaria del Consejo de Ministros, celebrada en Adís Abeba del 13 al 21 de febrero de 1975, el organismo adoptó una resolución sobre «Los presidios coloniales en la costa norte de Marruecos». En ella, la OUA proclaimed su «solidaridad total» con el Reino para la restitución de Ceuta, Melilla, Alhucemas y Vélez de la Gomera, instando al Comité de Descolonización de la ONU a tomar medidas y a España a emprender negociaciones para la descolonización.
Meses más tarde, la Organización de la Conferencia Islámica (actual OCI) ratificó un apoyo idéntico. En su 6.ª Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores, celebrada en Yeda del 12 al 15 de julio de 1975, se aprobó la resolución 16/6-P —a cuya copia ha tenido acceso Assahifa— bajo el título expreso: «Las dos ciudades marroquíes de Ceuta y Melilla y sus islas costeras». La conferencia otorgó su «pleno respaldo» a la soberanía marroquí sobre los enclaves e instó a Madrid a entablar negociaciones con Rabat.
Más de medio siglo después, la exhumación de estos fondos documentales proyecta una dimensión que rebasa la confrontación entre narrativas. Acredita que en 1975 Marruecos no circunscribió su reivindicación a la retórica política o al ámbito bilateral, sino que canalizó formalmente la descolonización en el marco multilateral de las Naciones Unidas, amparado por el consenso de los bloques africano e islámico.
El respaldo unánime de ambas organizaciones implica que, en el cómputo global, hasta 84 Estados han respaldado formalmente las legítimas reclamaciones marroquíes sobre Ceuta, Melilla y los islotes. En términos numéricos, la Unión Africana agrupa a 54 miembros de la ONU y la OCI a 57, existiendo una coincidencia de 27 países en ambos foros.
Resulta especialmente revelador que este consenso histórico incluyó en su día a Argelia. A pesar de que el régimen argelino se ha alineado en la coyuntura actual con las tesis de la ocupación española alegando la «inviolabilidad de las fronteras heredadas del colonialismo», los documentos de 1975 atestiguan que Argel suscribió en su momento las resoluciones de la OUA y la OCI que reconocían la marroquinidad de las dos ciudades y sus islas adyacentes
