Las lecturas a ambos lados del Mediterráneo han diferido considerablemente al abordar una de las mayores olas de cruce masivo hacia las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla.
El informe sobre el terreno presentado por la Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH) revela una evidente discrepancia y marcadas diferencias numéricas entre las estimaciones oficiales marroquíes y las de las autoridades españolas respecto al alcance de los flujos y las pérdidas humanas registradas entre finales de julio y mediados de agosto. Mientras que las fuentes oficiales españolas situaron el número de migrantes en unos 70.000 y contabilizaron alrededor de 100 muertes por ahogamiento, las declaraciones del Ministerio del Interior de Marruecos redujeron la cifra a unos 40.000 intentos y 14 fallecimientos registrados.
Esta brecha estadística llevó a la ONG nacional a solicitar la creación urgente de un mecanismo bilateral conjunto que aplique pruebas genéticas y autopsias forenses para esclarecer el paradero de los desaparecidos, identificar los cuerpos y repatriarlos a sus familias garantizando su dignidad.
La OMDH explicó, a partir de sus labores de seguimiento e inspecciones directas en barrios y playas de la presidio ocupado de Ceuta, que la realidad sobre el terreno trasciende lo numérico para reflejar una situación humanitaria de extrema vulnerabilidad.
Los intentos de entrada derivaron en una severa crisis de alojamiento y desabastecimiento de alimentos debido al cierre de comercios y al acordonamiento de grandes superficies por parte de las fuerzas de seguridad locales, dejando a los recién llegados dependientes del auxilio vecinal —en particular de los residentes musulmanes marroquíes de la ciudad— y de iniciativas asociativas. El informe constató la conversión de las playas en campamentos improvisados carentes de condiciones mínimas de seguridad e higiene, al tiempo que expresó su profunda preocupación por la documentación de unas 30 posibles agresiones sexuales a mujeres y menores, así como por la escalada de discursos de odio y xenofobia impulsados por sectores de la extrema derecha española (como Vox o Núcleo Nacional) ante la pasividad institucional.
En el plano policial y judicial, el documento contabiliza cerca de 100 detenciones en las zonas de Tetuán y Fnideq, la condena a 4 meses de prisión para 24 personas tras los altercados en el paso de Barrio Chino (Nador), y el arresto de 294 personas durante las convocatorias masivas difusas del 15 de agosto. La entidad defensora de los derechos humanos advirtió sobre la falta de asistencia letrada en estos procesos debido a los paros profesionales de la abogacía, lo que compromete las garantías del debido proceso. Asimismo, subrayó que el refuerzo del dispositivo de seguridad y la instalación de vallas flotantes resultan ineficaces mientras la desinformación en redes sociales continúe actuando como catalizador.
En sus conclusiones, la OMDH instó a ambos gobiernos a superar la discrepancia de datos y adoptar un enfoque integral orientado al desarrollo socioeconómico en las zonas fronterizas (como Fnideq y Nador) y a la protección efectiva de las poblaciones vulnerables.
