Desde la independencia de Marruecos en 1956, las relaciones con España nunca se limitaron a una mera vecindad entre dos países separados por un estrecho de apenas 14 kilómetros en su punto más angosto, sino que han permanecido condicionadas por un legado colonial cuyos capítulos aún no se han cerrado por completo.
A medida que Marruecos fue recuperando sucesivamente parte de los territorios que permanecían bajo control español, el Sáhara, Ceuta, Melilla y las islas mediterráneas siguieron presentes en la agenda bilateral con distinto grado de intensidad. Los documentos estadounidenses desclasificados y, posteriormente, los cables diplomáticos divulgados por WikiLeaks revelan que muchas de las crisis que irrumpieron ante la opinión pública como acontecimientos inesperados llevaban décadas siendo objeto de discusión a puerta cerrada.
Uno de los documentos más relevantes se remonta al 30 de julio de 1956, apenas unos meses después de la independencia de Marruecos. Se trata de un memorando secreto elaborado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y conservado hoy en los archivos del Departamento de Estado.
El documento recoge declaraciones atribuidas al rey Mohammed V, según las cuales Marruecos y su Gobierno estaban decididos a no escatimar esfuerzos para recuperar la soberanía sobre territorios considerados marroquíes. El texto cita expresamente Sidi Ifni, Río de Oro, Melilla y Ceuta, además de la cuestión de la rectificación de las fronteras con Argelia.
Su importancia es considerable porque acredita que la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla no surgió a raíz de crisis recientes entre Rabat y Madrid, sino que formaba parte de la concepción de la integridad territorial del Estado marroquí desde los primeros meses posteriores a la independencia. Aquellas reivindicaciones no tardaron en desembocar en una crisis abierta en torno a los territorios que permanecían bajo control español.
En 1957, el Departamento de Estado estadounidense constató un deterioro de las relaciones entre ambos países como consecuencia de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación marroquí y las fuerzas españolas en Sidi Ifni. Los documentos señalan que el rey Mohammed V había encargado a su embajador en Madrid reclamar la apertura de negociaciones que permitieran la devolución del territorio.
Tras la guerra de Ifni y del Sáhara, Marruecos recuperó la región de Tarfaya en 1958, seguida de Sidi Ifni en 1969, en virtud del Tratado de Fez. Las Naciones Unidas documentan que el traspaso de poderes se efectuó el 30 de junio de 1969 y que, desde esa fecha, el territorio quedó bajo la soberanía del Reino de Marruecos. Pero el principal foco de tensión se trasladó progresivamente hacia el Sáhara.
En un documento de inteligencia estadounidense de 1974, Washington describía a Marruecos como el actor más activo en la reivindicación del entonces denominado “Sáhara español” y señalaba que Rabat consideraba que los territorios recuperados desde 1956 constituían únicamente una parte de los espacios sobre los que mantenía reclamaciones históricas.
En los últimos compases del franquismo, la cuestión del Sáhara se convirtió en la crisis más grave entre Marruecos y España. El 3 de octubre de 1975, el director de la CIA, William Colby, remitió un memorando al asesor de Seguridad Nacional Henry Kissinger en el que señalaba que Washington había recibido informaciones según las cuales el rey Hassan II había decidido entrar en el Sáhara. El documento advertía del riesgo de que estallara un «grave conflicto» con las fuerzas españolas y de la posibilidad de que Argelia interviniera.
Otras actas revelan que el rey Hassan II dejó clara ante Kissinger su oposición a la creación de un Estado independiente en el Sáhara. El monarca sostuvo que España ya se había retirado anteriormente de Marruecos y que acabaría haciendo lo mismo del Sáhara, y aseguró que Rabat estaba dispuesto a recurrir a la confrontación si las circunstancias lo exigían. Los contactos diplomáticos estadounidenses, sin embargo, trataron de evitar una guerra, antes de que la Marcha Verde y el Acuerdo de Madrid de noviembre de 1975 pusieran fin a la presencia directa de España en el territorio y abrieran una nueva etapa del conflicto.
Lo significativo es que la cuestión del Sáhara desplazó temporalmente a un segundo plano el expediente de Ceuta y Melilla, pero no lo hizo desaparecer. Un cable estadounidense enviado desde Rabat el 21 de agosto de 1976 y publicado posteriormente por la base PlusD de WikiLeaks permite entender con precisión aquella estrategia.
El embajador de Estados Unidos explicó que la atención de Marruecos estaba volcada en el Sáhara, mientras que la mejora de las relaciones con España y la voluntad del rey Hassan II de no poner al rey Juan Carlos en una situación incómoda durante la transición tras la muerte de Franco, habían relegado el expediente de Ceuta y Melilla a un segundo plano en la agenda de Rabat. El diplomático precisaba, sin embargo, que «la cuestión sigue existiendo» y que el rey Hassan II mantenía públicamente su compromiso con la aspiración de que ambas ciudades acabaran reintegrándose en Marruecos.
Es una de las claves más importantes para comprender la política marroquí hacia las dos ciudades: reducir la intensidad de la reivindicación en determinadas coyunturas no significaba necesariamente renunciar a ella. Solo tres años después, otro documento revelaría hasta qué punto el asunto también era sensible en el propio Estado español.
Según un cable secreto de la Embajada estadounidense en Madrid, desclasificado en 2014, el rey Juan Carlos abordó en abril de 1979, ante el enviado estadounidense Edmund Muskie y el embajador Terence Todman, la posibilidad de devolver Melilla a Marruecos en un plazo relativamente corto.
El monarca consideraba, según el documento, que la situación de Ceuta era más compleja por el mayor peso de su población española y llegó a plantear para la ciudad una fórmula cercana al estatuto internacional que había tenido Tánger.
Juan Carlos también expresó su temor a que el rey Hassan II pudiera recurrir algún día a una nueva “Marcha Verde”, esta vez en dirección a ambas ciudades ocupadas. Aquellas consideraciones nunca se convirtieron en una política oficial del Estado español. Sin embargo, el documento demuestra que el futuro de Ceuta y Melilla llegó a ser discutido incluso en los niveles más altos de la monarquía española.
La posición del Gobierno español, no obstante, era mucho más dura. En junio de 1980, el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, trasladó al presidente estadounidense Jimmy Carter la convicción de Madrid de que Marruecos podía utilizar la presión sobre Ceuta y Melilla como instrumento para obtener concesiones en las negociaciones pesqueras y comerciales.
Suárez afirmó que España respondería “violentamente” si eso ocurría y explicó que existían planes militares ofensivos preparados. Cuando Carter observó que semejante escenario significaría una guerra, Suárez respondió: “Exactamente”.
El documento muestra hasta qué punto las cuestiones territoriales, la pesca, el comercio y el Sáhara se encontraban entrelazados en las relaciones bilaterales, hasta el extremo de que una disputa económica podía, al menos en los escenarios contemplados por los dirigentes de la época, derivar en una confrontación militar.
A comienzos de la década de 1990, Rabat y Madrid trataron de construir un marco capaz de contener este tipo de crisis. El 4 de julio de 1991 firmaron en Rabat el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación.
La propia introducción del acuerdo reconocía que la historia entre ambos pueblos había atravesado “vicisitudes contradictorias”, antes de establecer mecanismos de consulta periódica y de cooperación política, económica, militar y de seguridad.
La nueva fórmula resultaba clara en la práctica: mantener en suspenso los grandes desacuerdos sobre soberanía y, al mismo tiempo, ampliar el espacio de los intereses compartidos. Sin embargo, esa arquitectura no impidió una de las mayores crisis bilaterales de las últimas décadas.
En julio de 2002, el islote de Perejil, conocido en Marruecos como isla de Leila, se convirtió en escenario de una confrontación directa en los primeros años del reinado del rey Mohammed VI, cuando José María Aznar presidía el Gobierno español.
Tras la entrada de efectivos marroquíes en el islote, España lanzó una operación militar para recuperarlo, mientras Estados Unidos intervino para evitar una escalada del conflicto. Una comunicación oficial del secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, documenta el acuerdo que permitió restablecer la situación previa a la crisis, mediante la retirada del personal militar y gubernamental y la retirada de las banderas. Ambos países se comprometieron, además, a preservar sus respectivas posiciones jurídicas y a resolver sus diferencias por vías pacíficas.
La publicación en 2010 de los cables diplomáticos estadounidenses por WikiLeaks reveló después otra dimensión de las relaciones hispano-marroquíes, esta vez centrada en el Sáhara. Los documentos revelaron que el Gobierno socialista español, pese a mantener en público un discurso de equilibrio, llevaba desde mediados de la primera década del siglo alentando a Rabat a elaborar una propuesta de autonomía “creíble”.
El entonces embajador español en Rabat, Luis Planas, comunicó a su homólogo estadounidense en 2006 que España estaba dispuesta a ayudar a Marruecos a elaborar un proyecto serio.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, planteó en un documento informal dejar atrás conceptos como «colonialismo, soberanía e independencia» y orientar el debate hacia fórmulas de «regionalización, autonomía y gobierno local», tomando como referencia la experiencia española.
Ceuta y Melilla volvieron asimismo a ocupar un lugar destacado en los cables de WikiLeaks en 2007, a raíz de la primera visita del rey Juan Carlos a las ciudades ocupadas.
Uno de los cables estadounidenses llevaba un título inequívoco: «La visita de la realeza española a Ceuta y Melilla se vuelve contra España», y señalaba que la contundencia de la reacción marroquí había sorprendido al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Otro despacho remitido desde Rabat recogía la reafirmación del rey Mohammed VI de la voluntad de Marruecos de recuperar la soberanía sobre ambas ciudades, al tiempo que abogaba por un «diálogo franco y orientado al futuro» que permitiera preservar la relación con España.
Tras la crisis provocada en 2021 por la acogida en España de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, y la posterior entrada de miles de migrantes en Ceuta, las relaciones volvieron a situarse al borde de la ruptura. El gran punto de inflexión llegó en marzo de 2022, cuando Pedro Sánchez anunció que España consideraba la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara como «la base más seria, realista y creíble» para resolver el conflicto.
La paradoja es que los documentos de WikiLeaks demostraban que esa orientación ya estaba presente dentro de la diplomacia española aproximadamente quince años antes de que Madrid la asumiera abiertamente como posición política.
En abril de 2022, ambos países pusieron en marcha una nueva hoja de ruta basada en el diálogo permanente, el rechazo a las acciones unilaterales y la voluntad de evitar nuevas crisis. Sin embargo, la estabilización de las relaciones no puso fin al desacuerdo histórico entre Rabat y Madrid.
En agosto de 2026, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, volvió a afirmar que Ceuta y Melilla representan para Marruecos un “derecho histórico y geográfico” y reclamó la creación de un mecanismo de diálogo sobre el futuro de ambas ciudades y su eventual “retorno a la patria”.
Madrid reaccionó con un rechazo “categórico”, reiterando que Ceuta y Melilla forman parte de la soberanía y de la integridad territorial española, además de ser territorio de la Unión Europea, y subrayando que España no contempla negociar su soberanía sobre ambas ciudades.
Siete décadas de documentos revelan que las relaciones hispanomarroquíes nunca han respondido a una lógica de amistad estable ni de enemistad permanente, sino a una interdependencia asentada sobre desacuerdos históricos que siguen sin resolverse definitivamente.
Desde el reinado del difunto Mohammed V, Marruecos ha concebido la culminación de su integridad territorial como un proceso iniciado con la independencia y continuado con la recuperación de Tarfaya, Sidi Ifni y el Sáhara, mientras Ceuta, Melilla y las islas adyacentes han permanecido en el centro de la reivindicación histórica marroquí. España, por su parte, sostiene que ambas ciudades forman parte de manera definitiva de su territorio.
Entre ambas posiciones, la geografía continúa imponiendo sus propias reglas. El comercio, la inmigración, la cooperación en materia de seguridad, la pesca, la lucha contra el terrorismo, las inversiones y la energía hacen que una ruptura resulte extremadamente costosa para los dos países.
Los documentos revelan así un patrón que se repite desde la década de 1950: un desacuerdo sobre territorio y soberanía, seguido de una escalada política; después, el temor a sobrepasar determinadas líneas rojas; posteriormente, una mediación o negociación; y finalmente, la reconstrucción de una nueva etapa de cooperación, hasta que la historia vuelve a colocar uno de los antiguos contenciosos sobre la mesa.
Quizá sea precisamente esta dinámica la que explica que las relaciones entre Rabat y Madrid, pese a la solidez política y económica que han alcanzado en la actualidad, sigan constituyendo una de las relaciones de vecindad más complejas del Mediterráneo occidental.
