Era cuestión de tiempo que, después de semanas de presión política y de una sucesión de informaciones que situaban a Marruecos bajo sospecha por la crisis de Ceuta, apareciera en España algún documento institucional que terminara apuntando directamente hacia Rabat. El documento emitido por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional atribuye a agentes marroquíes la organización de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio, abriendo una nueva fase de una controversia en la que el Gobierno español había defendido hasta ahora que no existían elementos para responsabilizar a Marruecos y que la cooperación de las autoridades del Reino había resultado decisiva para contener la crisis.
La aparición del informe no puede desligarse del contexto político que ha acompañado la crisis desde sus primeras horas. La hipótesis de una responsabilidad marroquí comenzó a circular prácticamente desde el inicio de la avalancha y fue ganando terreno en determinados sectores políticos y mediáticos españoles, mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez insistía, una y otra vez, en reconocer la colaboración de Rabat y descartaba disponer de información que permitiera sostener una implicación de las autoridades marroquíes.
Cada nueva defensa de esa cooperación fue seguida por nuevas preguntas sobre Marruecos. La oposición presionó reiteradamente al Gobierno para que aclarara qué sabía sobre lo ocurrido al otro lado de la frontera, si había recibido advertencias previas y cuál había sido realmente la actuación de las fuerzas marroquíes durante las horas anteriores a la llegada masiva.
La presión no disminuyó cuando Interior sostuvo que la coordinación con Marruecos había funcionado, ni cuando distintos miembros del Gobierno descartaron que existieran elementos que permitieran hablar de una operación organizada desde Rabat. Tampoco desapareció después de que el propio Sánchez defendiera públicamente la cooperación «instantánea» de Marruecos y asegurara que los servicios españoles no habían facilitado información que permitiera anticipar una crisis de semejante magnitud.
En ese escenario aparece ahora el informe del CENIF, cuyo contenido ha provocado una reacción inmediata del propio ministro del Interior. Fernando Grande-Marlaska ha reclamado explicaciones urgentes al director general de la Policía, Francisco Pardo, para conocer la veracidad de las informaciones difundidas sobre el documento y, sobre todo, determinar desde cuándo estaba disponible una investigación de semejante alcance y por qué no había sido puesta en conocimiento de los órganos responsables de dirigir la respuesta del Estado.
El documento policial sostiene que miembros de las fuerzas de seguridad marroquíes, uniformados y de paisano, participaron en la conducción de los movimientos que desembocaron en la entrada masiva y descarta que lo ocurrido pueda explicarse únicamente por la actividad de las redes de tráfico de personas o por convocatorias difundidas a través de las redes sociales.
La tesis supone un giro sustancial respecto al relato mantenido públicamente por el Gobierno español durante más de un mes. Pero también representa la llegada al terreno institucional de una acusación que, con distintas formulaciones, llevaba circulando desde prácticamente el comienzo de la crisis.
Primero fueron las sospechas sobre la actuación de los agentes marroquíes desplegados en la frontera. Después, el debate se trasladó a las advertencias que supuestamente habían recibido los servicios españoles y a las discrepancias entre Interior, Defensa y el CNI sobre la información disponible antes del 30 de julio. Y, posteriormente, el foco se amplió incluso hacia ciudadanos españoles de origen marroquí integrados en estructuras especialmente sensibles del Estado.
En los últimos días, determinados medios españoles han colocado bajo el foco a militares españoles con raíces marroquíes destinados en Ceuta y Melilla, después de publicar informaciones sobre supuestas presiones de los servicios de inteligencia de Rabat para obtener datos relacionados con sus unidades.
El debate llegó incluso a destacar el porcentaje de militares de origen marroquí dentro de determinadas unidades desplegadas en las dos ciudades, llegando a señalarse que superan el 50% de la tropa en algunas formaciones de Apoyo Logístico, Zapadores y Transmisiones. De este modo, una controversia inicialmente vinculada a la gestión de una llegada migratoria terminó extendiéndose al ámbito de la contrainteligencia y a efectivos del propio Ejército español por razón de sus vínculos familiares o de origen con Marruecos.
Esta sucesión permite entender por qué la aparición de un informe que terminara señalando directamente a Rabat difícilmente podía resultar inesperada. Durante más de un mes, una parte del debate político español ha girado alrededor de una misma pregunta: qué responsabilidad tuvo Marruecos, incluso mientras el Gobierno encargado de gestionar directamente la crisis defendía públicamente la cooperación marroquí.
Precisamente ahí reside una de las principales contradicciones que deja el documento del CENIF. No se enfrenta únicamente a la versión de Marlaska. Choca con una posición que ha sido sostenida por diferentes responsables del Ejecutivo y que Pedro Sánchez volvió a expresar esta misma semana al destacar la respuesta inmediata de Marruecos.
La cuestión adquiere todavía mayor relevancia porque Interior parece haber conocido el alcance del informe después de que este llegara a la Audiencia Nacional. La reacción de Marlaska, reclamando de madrugada explicaciones al director de la Policía, muestra que ni siquiera dentro de las estructuras españolas existe todavía una versión única sobre qué ocurrió, qué información estaba disponible y cómo debe interpretarse.
El informe tampoco equivale, por sí solo, a una conclusión judicial sobre la responsabilidad de Marruecos. Recoge la interpretación de una unidad policial y sus afirmaciones tendrán ahora que ser examinadas dentro de las actuaciones abiertas en la Audiencia Nacional. La distinción resulta fundamental ante la gravedad de unas acusaciones que afectan directamente a un país vecino y socio estratégico de España.
Lo que sí demuestra su aparición es hasta qué punto la crisis de Ceuta ha evolucionado en apenas un mes. De una emergencia migratoria y humanitaria se pasó rápidamente a una batalla política sobre la responsabilidad de Marruecos; posteriormente, a las discrepancias sobre el papel del CNI; después, a informaciones sobre supuestas vulnerabilidades relacionadas con militares españoles de origen marroquí; y finalmente a un informe policial que lleva hasta la Audiencia Nacional la tesis que durante semanas había alimentado una parte del debate político español.
