Desde que recuperó su independencia en 1956, Marruecos ha mantenido la reivindicación de culminar su integridad territorial mediante la recuperación de los territorios que permanecieron bajo administración española, entre ellos Ceuta y Melilla, así como las islas y peñones ocupados frente a la costa mediterránea.
No obstante, esta reivindicación no siguió en el seno de las Naciones Unidas el mismo recorrido que los expedientes de Tarfaya, Ifni y el Sáhara. A diferencia de esos territorios, Ceuta y Melilla no fueron inscritas oficialmente en la lista de Territorios No Autónomos de la ONU, pese a los reiterados esfuerzos de Marruecos por llevar la cuestión ante los órganos encargados del proceso de descolonización.
En ese contexto, el primer planteamiento oficial de Marruecos ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas se produjo en noviembre de 1960. En aquella ocasión, el representante marroquí afirmó que el Reino considera Ceuta, Melilla, Ifni, el Sáhara y el resto de los territorios bajo administración española como partes integrantes del territorio marroquí.
Las actas de la 1049.ª sesión de la Cuarta Comisión, celebrada el 14 de noviembre de 1960, reflejan que Marruecos defendió la aplicación del principio de descolonización al conjunto de los territorios que permanecían bajo administración española. En respuesta, Madrid sostuvo que el estatuto jurídico de Ceuta y Melilla difería del de Ifni y el Sáhara, al considerar que ambas formaban parte integrante del Estado español.
Marruecos reiteró esa demanda en posteriores sesiones de la Cuarta Comisión y de la Asamblea General, donde sus representantes calificaron a Ceuta y Melilla, así como a las islas y peñones adyacentes, como territorios sometidos a administración colonial.
Las actas de la 1049.ª sesión de la Cuarta Comisión dejan constancia de que Marruecos incluyó a Ceuta y Melilla, junto con Ifni y el Sáhara, entre los territorios que considera parte integrante de su integridad territorial. No obstante, las Naciones Unidas terminaron por considerar únicamente a Ifni y al Sáhara como territorios sometidos al proceso de descolonización, sin otorgar el mismo estatus a Ceuta y Melilla.
El paso más significativo de Marruecos en este ámbito se produjo el 27 de enero de 1975, cuando su representante permanente ante las Naciones Unidas remitió una carta oficial al presidente del Comité Especial encargado de examinar la aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales, conocido como el «Comité de los 24». En el documento A/AC.109/475, Rabat solicitó la inclusión de Ceuta, Melilla, el Peñón de Alhucemas, el Peñón de Vélez de la Gomera y las Islas Chafarinas en la lista de Territorios No Autónomos.
La carta consideraba que esos territorios constituían «los últimos vestigios del colonialismo» en el norte del Reino y defendía que su situación histórica, política y jurídica era equiparable a la de Gibraltar.
España respondió mediante una carta oficial, fechada el 25 de febrero de 1975, en la que afirmaba que Ceuta, Melilla y las islas formaban parte integrante de su territorio nacional y que la presencia española en esos enclaves era anterior a la constitución del Estado marroquí moderno. Finalmente, el Comité de los 24 no dio curso a la petición marroquí de incluir dichos territorios en la lista de Territorios No Autónomos de las Naciones Unidas, por lo que Ceuta y Melilla quedaron al margen del listado oficial de la ONU de territorios sometidos al proceso de descolonización.
En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 21 de septiembre de 1999, Marruecos propuso la creación de una comisión bilateral con España para alcanzar una solución definitiva sobre el estatuto de Ceuta, Melilla y las islas adyacentes, siguiendo el modelo de otros mecanismos de diálogo empleados por los Estados para abordar controversias de soberanía. Esa posición volvió a plantearse en 2001, cuando Rabat instó a España a mostrar buena voluntad y comprensión hacia lo que calificó como sus derechos legítimos sobre las dos ciudades y las islas ocupadas.
Los cables diplomáticos estadounidenses publicados por WikiLeaks revelan que la cuestión también formaba parte de los contactos reservados entre Rabat y Madrid. Uno de esos documentos, fechado el 25 de octubre de 1975, recoge que la Embajada de Estados Unidos en Madrid atribuyó al entonces ministro español José Solís unas declaraciones según las cuales el rey Hassan II le habría trasladado que, si se alcanzaba un acuerdo sobre el Sáhara, Marruecos no abordaría la cuestión de Ceuta y Melilla hasta que España y el Reino Unido resolvieran su diferendo sobre Gibraltar. En aquel momento, esa afirmación fue interpretada como una señal de que Rabat optaba por aplazar el asunto para una fase posterior, y no como una renuncia a sus reivindicaciones.
Otro cable diplomático, fechado el 8 de mayo de 1979, revela que el rey Juan Carlos I abordó con el senador estadounidense Edmund Muskie distintos escenarios para una eventual solución de la cuestión. Según el documento, el monarca consideraba que Melilla podría pasar a soberanía marroquí en un plazo relativamente corto, mientras que el caso de Ceuta resultaba más complejo debido al elevado número de residentes españoles. Como alternativa, planteó para la ciudad una fórmula de internacionalización o un régimen similar al que tuvo la ciudad internacional de Tánger. Asimismo, expresó su preocupación por que la ausencia de una solución pudiera desembocar en la repetición de un escenario similar al de la «Marcha Verde».
Estos documentos ponen de manifiesto que Marruecos nunca abandonó su reivindicación, aunque fue desplazando progresivamente de intentar internacionalizar el caso mediante los mecanismos de descolonización de las Naciones Unidas hacia el marco del diálogo bilateral con España. Por su parte, la ONU no ha incluido hasta la fecha a Ceuta y Melilla en la lista de Territorios No Autónomos, mientras que Gibraltar, a diferencia de ambos enclaves, continúa inscrito oficialmente en la agenda de la Cuarta Comisión. Esa diferencia explica la persistente divergencia entre el planteamiento defendido por Marruecos y la posición jurídica que mantiene España.
