La crisis migratoria que sacudió Ceuta a finales de julio continúa dejando consecuencias en distintos ámbitos de la Administración española. Después de trasladar la tensión al terreno político por la gestión de los menores, la controversia alcanzó también a los efectivos desplegados sobre el terreno, con 24 casos de sarna confirmados entre militares, otros dos entre agentes de la Policía Nacional y denuncias sindicales por las condiciones de alojamiento y el reparto de mascarillas caducadas desde 2023 a miembros de la UIP. Ahora un nuevo foco se sitúa en el ámbito sanitario, donde facultativos del Hospital Universitario denuncian presiones de sus superiores para evitar que informen a los medios de comunicación sobre la situación que atraviesa el centro.
Según recoge el medio español El Debate, fuentes médicas del Hospital Universitario de Ceuta aseguran que responsables de la dirección habrían advertido de la posibilidad de adoptar medidas disciplinarias contra los profesionales que hayan facilitado información a la prensa durante la crisis. El centro depende del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Ingesa, organismo adscrito directamente al Ministerio de Sanidad que dirige Mónica García.
Las denuncias aparecen en un momento de especial presión sobre el hospital, cuyos profesionales llevan varias semanas afrontando una elevada carga asistencial después de la llegada masiva de migrantes registrada a partir del 30 de julio. Según los testimonios recogidos por el citado medio, la ocupación del centro se encuentra en niveles muy elevados y los facultativos aseguran estar trabajando bajo una fuerte presión desde el comienzo de la crisis.
Una de las fuentes médicas relata que, durante una reunión de trabajo, el gerente del hospital habría advertido de que, una vez superada la situación actual, se adoptarían «medidas disciplinarias» contra quienes hubieran proporcionado información a los medios. Los facultativos consultados interpretan estas palabras como un intento de limitar sus declaraciones públicas sobre las condiciones en las que están desarrollando su trabajo.
Las críticas alcanzan también a la Dirección Territorial del Ingesa en Ceuta, encabezada por Jesús Lopera. Los profesionales cuestionan la gestión interna del organismo y denuncian un clima laboral en el que algunos médicos temen que sus declaraciones públicas puedan repercutir en la renovación de sus contratos.
Una facultativa asegura que teme no ser renovada el próximo año por haber hablado sobre la situación del hospital. Otros profesionales sostienen que continuarán haciendo públicas sus denuncias y contemplan recurrir a los mecanismos habilitados para comunicar posibles coacciones, además de estudiar acciones legales si se adoptan represalias.
Las acusaciones sobre posibles represalias, han provocado ya la reacción de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM). La organización denunció este jueves las informaciones sobre amenazas y advertencias de posibles medidas disciplinarias contra facultativos por haber trasladado a los medios los problemas asistenciales de Ceuta y exigió al Ingesa que ponga fin a cualquier presión, al tiempo que anunció que recurrirá a la vía legal si se confirman las coacciones.
CESM sostiene que los médicos tienen derecho a explicar públicamente las dificultades con las que se encuentran y considera que alertar sobre deficiencias que puedan afectar a la atención de los pacientes forma también parte de su responsabilidad profesional. El sindicato advierte además de que, si se confirman las actuaciones denunciadas, supondrían un intento de utilizar la posición jerárquica para intimidar a los facultativos y limitar su libertad de expresión.
El episodio introduce además una cuestión que trasciende la gestión de la crisis y alcanza los derechos de los propios profesionales. El Estatuto Básico del Empleado Público reconoce expresamente la libertad de expresión de los empleados públicos dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico. De confirmarse las advertencias denunciadas, la controversia ya no quedaría limitada a las discrepancias sobre el estado del Hospital Universitario o la respuesta sanitaria desplegada en Ceuta, sino que abriría el debate sobre hasta qué punto una administración pública puede reaccionar disciplinariamente frente a profesionales que hacen públicas sus críticas sobre las condiciones en las que prestan servicio.
El trasfondo de esta confrontación está también en las versiones contrapuestas sobre la situación sanitaria. Mientras el Ministerio de Sanidad ha reconocido que el sistema de Ceuta se encuentra «tensionado», pero rechaza hablar de colapso, profesionales sanitarios y organizaciones del sector vienen denunciando una presión asistencial mucho mayor y reclamando más recursos. En ese contexto, las supuestas advertencias contra los médicos que ofrecen testimonios a la prensa añaden una nueva dimensión a una crisis que ya no se limita a la gestión migratoria, sino que ha terminado exponiendo discrepancias internas sobre cómo se está administrando y, ahora también, sobre quién puede contar públicamente lo que ocurre dentro de los servicios dependientes del Estado.
